A pesar de la última amenaza de sanción de Bruselas, el gobierno de Moreno Bonilla mantiene la intención de regularizar las más de 1.500 hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana, a pesar de la presencia de regadíos ilegales en la comarca.

El portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco (PP), acusa al Ministerio de Teresa Ribera (PSOE) de falta de voluntad por llegar a acuerdos que satisfagan a los miles de agricultores que dependen del agua. El nuevo frente político por otra ‘guerra del agua’ en Andalucía se produce a las puertas de las elecciones municipales.

“Esta es la legislatura del agua. Ningún gobierno ha sido tan hiperactivo en esta materia como el nuestro”, asegura Fernández Pacheco en el Día Mundial del Agua. Declaraciones que adquieren otras connotaciones a la luz del Proyecto de Ley del PP andaluz para normalizar regadíos ­­–muchos de ellos ilegales– que siguen esquilmando el sobreexplotado acuífero de Doñana, la mayor reserva natural del sur de Europa.

La Junta de Andalucía ha reiterado en numerosas ocasiones que hay líneas rojas en su proposición: salvaguarda el acuífero del Parque Natural, afirma que solo pretende dar derechos a los regantes mediante aguas superficiales y que la prioridad absoluta es preservar la riqueza ambiental de Doñana.

Soplar y sorber

Las cerca de 1.500 hectáreas que la “legislatura del agua” y la Junta de Andalucía pretende regularizar junto a Doñana ya se declararon ilegales en 2004 primero, y en 2014 después, cuando administraciones de todos los colores realizaron una ordenación del territorio que, sin embargo, sobre el terreno, nunca se ha cumplido.

El regadío no deja de prosperar en las inmediaciones de Doñana y en la cuenca del Guadalquivir. “Estamos todos bajo el sanctasanctórum del sistema de regadío como único mantra y sistema. Necesitamos urgentemente cambiar de modelo”, lamenta el responsable de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, con décadas de denuncias sobre las extracciones ilegales del acuífero, que ya le costaron a España una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Los últimos datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirman que el regadío es el sistema que más crece en España, con cerca de medio millón de nuevas hectáreas de regadío, solo desde 2010.

Castila-La Mancha, Extremadura y, sobre todo, Andalucía ocupan el ranking del regadío, en gran parte debido al olivar y al boom de la fresa en Huelva. La Cuenca del Guadalquivir alberga más de la cuarta parte de los campos de regadío de toda España.

Ecologistas en Acción asegura que, contando las ilegales, el regadío en España llega a los 4,5 millones de hectáreas. Esta agricultura acapara el 85% de todo el consumo de agua nacional. Además, el agua que se lleva el regadío tiene menos retorno al mar (solo un 10%) con lo que no contribuye al ciclo hídrico, por lo que el consumo neto sería incluso superior al 90%.

La falta de agua como única certeza

La “legislatura del agua" padece la sequía más grave en décadas. En España, el agua embalsada está al 51%, a esta altura de año la media debía ser del 64%. Cataluña, Murcia y Andalucía se llevan la peor parte y, concretamente, la Cuenca del Guadalquivir, apenas está a un cuarto de su capacidad.

Pero la sequía no explica la crisis hídrica y el motivo por el que la contienda electoral esté salpicada por la guerra del agua, desde el trasvase de Tajo-Segura a los regadíos de Doñana. La expansión del regadío en tierras sometidas a sequías y procesos de desertificación tiene más influencia, alertan los ambientalistas.

En Andalucía, se aceleran intervenciones de urgencia para garantizar el abastecimiento de boca y apuntalar la seguridad hídrica, informan desde la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Fernández Pacheco por su parte compartía hoy la aprobación de un plan de urgencia hídrica con 4.000 millones de euros de inversión.

Sin embargo, el escenario es menos halagüeño para la agricultura en un año que la CHG define como “nefasto" para el regadío, adelantando que habrá que seguir reduciendo la dotación de agua por hectárea. Así, el órgano que gestiona el agua, remite a los agricultores a cumplir la normativa, es decir, a no seguir ampliando hectáreas de regadío.

“Es una tentación para los campesinos. ¿Quién no va a querer convertir las hectáreas que heredó de su padre de secano a regadío?, calculamos unos beneficios netos de 12 mil euros por hectárea de regadío”, expone Carmona de WWF.

A la espera de infraestructuras

Otro de los motivos de la guerra del agua en Andalucía es la exigencia de Moreno Bonilla al Estado para que ejecute unas infraestructuras que se vienen demorando. “Si el gobierno de España cumpliera con las leyes que ellos mismos aprueban no tendríamos esta situación”, expone el portavoz de la Junta.

La Junta exige las infraestructuras acordadas por Ley para la transferencia de 20 hectómetros cúbicos de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. Esta infraestructura ni siquiera está en ejecución, pero lo curioso es que estas obras no servirían para abastecer a los agricultores que la Junta propone legalizar. La CHG expone que esos 20 hectómetros ya están asignados a otros objetivos y que en ningún caso se contempla la aparición de nuevas hectáreas de regadío.

“La única certeza es que la falta de agua continuará acrecentándose”, expone a ElPlural.com Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Mesa Social del Agua. “Se habla de grandes obras e inversiones hidráulicas, pero las cantidades de agua disponible en Andalucía ya han tocado techo (…) hay que decir la verdad a los ciudadanos, hay que plantear un reajuste de la gran demanda que es el regadío, pero haciéndolo con justicia y equidad”. La Junta está regando con esperanza a agricultores irregulares con agua que no gestiona y que, según los expertos, no llegará.