La Comisión Europea ha reaccionado a los planes de PP y Vox en Andalucía con su segunda proposición de ley, registrada ya en el Parlamento, que plantea legalizar más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales junto al Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios naturales más valiosos del sur de Europa.

Como lo hizo hace un año con la primera iniciativa propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, desde Bruselas han disparado las alarmas amenazando a España con recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir sanciones millonarias si permite que avance la propuesta.

Más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales

La norma plantea permitir la recalificación de unas 1.600 hectáreas como cultivos de regadío en la corona norte de Doñana. La iniciativa, firmada por el PP y Vox, se registró por la vía de urgencia, acortando a la mitad los plazos de tramitación para su aprobación en este periodo de sesiones, cerca de las elecciones municipales.

La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, remitió el pasado 17 de marzo una carta al Gobierno de España, dirigida al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, en la que avisaba de que si prospera la proposición de ley “en los términos que han sido anunciados”, la Comisión adoptará “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”.

Graves riesgos de la aprobación de la ley

Bruselas considera un peligro de desprotección para esta joya de biodiversidad y alerta de los riegos de la aprobación de la ley, presentada hace 20 días con las críticas del discurso ambientalista de la Junta de Andalucía. Con la primera proposición de ley ya se puso sobre aviso con términos similares a los de esta ocasión.

“La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley, para ser tramitada por el procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana”, manifiesta Fink-Hooijer. La funcionaria europea se refiere a la anterior carta, fechada el 31 de enero de 2022, recordando que ya se transmitió “la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021”.

Hacía referencia a la sentencia de la justicia europea a España por no haber acotado las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana. En esa condena, el Tribunal Europeo señaló que el Ejecutivo debió haber implementado medidas mucho antes para impedir la alteración del Parque Nacional protegido, que amenaza el cultivo de frutos rojos, con la importancia y dependencia que tiene en la economía de la comarca onubense.

“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”, dice el texto de la Comisión Europea.

Posición del Gobierno central

El escrito ha sido recibido por el departamento del que está al frente la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que trasladó su intranquilidad al presidente. El Gobierno de España ya rechazó rotundamente la iniciativa promovida por la derecha andaluza y avisó a la Junta de que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley es aprobada en el Parlamento autonómico.

Los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE están estudiando ahora el informe del Gobierno español sobre las actuaciones lanzadas para preservar Doñana y acatar la sentencia, en concreto “acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno del Parque Natural”. La Comisión Europea propone incluso financiar con los fondos europeos Next Generation “proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana”.

La primera proposición de ley promovida por PP, Ciudadanos y Vox en febrero de 2022, también por la vía de urgencia, para indultar cultivos que esquilmaban el acuífero del Parque Natural provocó una reacción de Bruselas. Una semana más tarde de dar a conocer el texto, se recibió el aviso que amenazaba con sanciones millonarias a España. Con esta segunda proposición con el mismo objetivo, el Gobierno de Moreno confiaba en que la Comisión Europea la valorase de distinta manera. “Recibieron mala información”, dijo el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente.