Se acercan las elecciones municipales y, de nuevo, al calor de la contienda electoral, emerge la polémica de los regadíos ilegales de Doñana. En plena sequía, el PP andaluz presenta junto a Vox un Proyecto de Ley que vendría a normalizar las extracciones de pozos ilegales del acuífero sobre el que convive el Parque Natural de Doñana y la actividad de miles de agricultores de frutos rojos.
El PP vuelve a poner sobre la mesa, como ya lo hizo antes de las últimas elecciones autonómicas, la situación de más de mil hectáreas en la corona norte de Doñana. Esto le granjea el apoyo al menos 650 familias afectadas y, por extensión, de los cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) que aún cuentan con gobiernos más próximos al PSOE o fuerzas localistas. Pero esta estrategia abre un debate mucho más complejo que el de la aritmética electoral.
Desde el Gobierno andaluz, a pesar de que ahora la propuesta viene del partido político y no del ejecutivo, sostienen que la regulación de los regadíos ilegales no son una amnistía y aseguran que la medida "no toca un litro del acuífero", declarado sobreexplotado en julio de 2020.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, reitera que se "cierra la puerta de manera tajante” a que se use agua del acuífero.
"No necesitamos que nos sigamos tirando Doñana a la cabeza", afirma el consejero. Sin embargo, la propuesta de PP y Vox llega sin contar con la labor del Consejo de Participación de Doñana, órgano que integra a todos los actores afectados. La anterior vez que el presidente andaluz Juanma Moreno planteó esta legalización el Consejo ya expuso que no se podía ofrecer expectativas de riego a los agricultores ilegales en un contexto de falta de agua.
Territorio y agua, dos caras de una misma moneda
La nueva contienda política está servida. La medida obliga a los alcaldes socialistas a posicionarse en contra de los agricultores que rodean al Parque Nacional de Doñana (un total de 14 municipios), o en contra del PSOE nacional en el gobierno.
Para el gobierno del PP andaluz los costes de este movimiento político, sin embargo, son limitados, ya que ofrece a los campesinos que ahora no tienen derechos por ser ilegales la posibilidad de normalizar sus explotaciones. Puede hacerlo porque es la Junta de Andalucía la que gestiona la ordenación y calificación del territorio.
Pero no el agua: el agua la gestiona el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que será el MITECO quien tenga que decir no a los regantes por el hecho de que no hay agua suficiente, ni en el acuífero ni en superficie.
Informe de las cuencas de Embalses.net a 06/03/2023
Desde Madrid el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lamentaba a través de redes sociales que el gobierno andaluz use "atajos" para obviar informes técnicos y jurídicos ignorando los espacios de participación y amenaza con llevar al Tribunal Constitucional "toda actuación que ponga en riesgo a Doñana".
La propuesta de PP y Vox es, a no ser que la sequía se termine sin más en primavera, un debate político que calará poco en la realidad de los campesinos. Porque el agua en superficie no podría llegar aún a los regantes ilegales. Para ello, sería necesario contar con los 19,99 hectómetros de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para la Cuenca del Guadalquivir. Algo que no sucederá en los próximos años por falta de infraestructuras.
Regantes como arma arrojadiza
Desde su explotación en la corona norte de Doñana, Antonio responde al teléfono: "No podemos más". Los precios de los abonos derivados de la invasión de Ucrania y la falta de agua hacen inviables sus explotaciones. Antonio, al igual que gran parte de los agricultores de los municipios del norte de Doñana, quieren una regularización.
Los regantes del Condado señalan a su modo de vida, “si no toman medidas acabaremos teniendo que abandonar nuestros pueblos”, dice Antonio. En el Condado de la zona norte hay pueblos como Lucena que tienen más de 700 hectáreas de regadío. Muchas ilegales. Allí, el tipo de explotaciones agrarias son pequeñas, de unas 10 hectáreas de media y de corte familiar, "necesitamos soluciones y no enfrentamiento político".
Un futuro sediento
La industria de los frutos rojos de Huelva es el único argumento económico en gran parte de la región. La Junta de Andalucía presume, de año en año, de la capacidad exportadora de este sector que bate récords sin cesar. Solo en el primer cuatrimestre de 2022 se exportaron cerca de 900 millones de euros desde Huelva. La industria, a pesar de la sequía, se mantiene robusta. Pero no sabemos por cuánto tiempo.
Desde la Mesa Social del Agua, uno de los pocos espacios de participación que reúne al sector agrícola, administraciones, academia y ambientalistas , exponen la necesidad de crear una respuesta social a la distribución del agua. Desde hace cuatro años la sequía viene reduciendo la dotación por hectárea al campo andaluz.
Sin embargo, esta reducción implica injusticias. El año pasado la dotación que hace tres años era de 3 mil, bajó a 1.750 m3 por hectárea. Sin embargo, desde la Mesa Social del Agua de Andalucía señalan que "no podemos culpar siempre a la sequía, la sequía es parte de nuestro clima", y añaden la necesidad de crear un enfoque de "sostenibilidad social" a la hora de repartir el agua.
La falta de agua afecta con más contundencia a las explotaciones más vulnerables que llegan a verse mermadas hasta en un 70%. Estas explotaciones son aquellas que gestionan, principalmente, pequeños agricultores y familias que, al contrario que las grandes explotaciones no tienen alternativas viables, para ellos "disponer o no de agua determina que cultivarlas sea o no rentable".
Agricultores y amantes de la naturaleza miran al cielo a la espera de lluvia mientras, en el Parlamento andaluz, mediante Proyecto de Ley con carácter de urgencia, el juego de la silla ha comenzado para dejar al adversario en fuera de juego.
