El Gobierno acudirá al Constitucional para frenar la ley de Moreno Bonilla para ampliar los regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Esta decisión llega después de que Partido Popular y Vox en el Parlamento de Andalucía hayan dado el primer paso para legalizar los regadíos junto al espacio natural en plena sequía.
El Ejecutivo central ha anunciado que, una vez la norma se apruebe de forma definitiva en el Parlamento andaluz, interpondrá un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. Moncloa ha remarcado que “protegerá Doñana” y que hará “todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa”. “Si la ley sale adelante, el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso que es suspensivo. Y se estudiarán todas las vías para frenar esta norma (…) El Gobierno protegerá a Doñana y hará todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa”, han remarcado.
Del mismo modo, desde el ministerio de Transición Ecológica se critica al Ejecutivo andaluz por “utilizar Doñana como una mera mercancía”: “Lo que están haciendo condenará Doñana, tendrá un coste enorme de credibilidad para España y frustrará el futuro económico de la agricultura en los pueblos de la comarca”.
Fue en la mañana de este miércoles cuando la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se dirigía en una entrevista con laSexta al presidente de la Junta de Andalucía por esta cuestión: “Desde su arrogancia de señorito hace un daño inmenso a Andalucía y a Doñana”. “No actúa por ignorancia, sino por mala fe”, añadía Ribera para valorar las intenciones de Moreno Bonilla con el Parque Nacional.
Además, Ribera añadía que Moreno Bonilla ofrece “agua que no existe” sin haber preguntado antes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de autorizar los nuevos permisos de regadío. “Engaña a aquellos que en realidad no van a poder tener nunca acceso a un agua que no existe”, remarcaba.
Primer paso para la legalización de los regadíos
La legalización de hectáreas de regadío que, desde hace años, extraen agua del acuífero del que bebe Doñana, el mayor humedal de Europa, ha echado a andar en el Parlamento de Andalucía. Y, aunque este proyecto de Ley de PP y Vox ha recibido el rechazo de gran parte del arco político, ha conseguido salir adelante con 72 votos a favor, fruto de la mayoría parlamentaria que disfruta Moreno Bonilla en Andalucía.
Esta nueva ley afecta a un terreno que superaría las mil hectáreas. Aunque la cifra exacta no está clara porque el mapeo y la definición aún están en proceso, sí hay un núcleo claro que afecta a 748 hectáreas de los municipios onubenses de Lucena del Puerto, Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Almonte.
Rechazo unánime
Este empeño por legalizar los regadíos ha provocado un choque de grandes dimensiones entre el presidente de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, así como ha generado un gran rechazo entre los expertos y la Unión Europea. Mientras Moreno Bonilla ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de frivolizar con el futuro de los vecinos de Doñana, la vicepresidenta tercera ha acusado al barón popular de comportarse como un “señorito” que miente “por un puñado de votos” prometiendo “un agua que no existe”. “Es como asar salchichas con cuadros de El Prado”, ha recalcado Teresa Ribera en la entrevista con Al Rojo Vivo.
La dirigente de la cartera de Transición Ecológica ha subrayado también que esta política de PP y Vox no solamente pone en riesgo el futuro del Parque Nacional, sino que podría acabar con el modo de vida de los agricultores. “Las cadenas de distribución de toda Europa no van a saber diferenciar qué es legal y qué no y van a cuestionar el origen de las fresas de Doñana”, ha lamentado Ribera.
Y, además, la ministra ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía que existe una sentencia judicial de Bruselas que obliga a España a revertir la mala situación de conservación del parque, la cual no tiene pretensión de cumplir Moreno Bonilla. Así, ha confirmado que, contrariamente a lo que dice el líder autonómico, hablaron por teléfono y que “dijo que todo eran tonterías y que la Comisión Europea se estaba metiendo donde no le llamaba nadie”.
