La situación en Doñana, con motivo de la tramitación parlamentaria de la legalización de hectáreas de regadíos, medida impulsada por el PP y Vox, se ha convertido en los últimos días como una de las preocupaciones principales del país y que ha trascendido a Europa y a la comunidad científica.

Debido al debate político que se ha generado en torno a la conservación y preservación del Parque Nacional, son muchas las voces críticas que se han escuchado dirigidas a la Junta de Andalucía liderada por Juan Manuel Moreno Bonilla. El líder de la oposición, Juan Espadas, candidato a la presidencia autonómica por el PSOE, ha conversado en exclusiva con ElPlural.com acerca de la letra pequeña de la iniciativa y qué puede suceder en caso de que, finalmente, se lleve a cabo.

“Moreno Bonilla abre la caja de Pandora sobre un acuerdo -que fue el Plan de la Corona Norte de Doñana de 2014- que reducía la superficie de zona regable y planteaba el horizonte de sustitución del agua subterránea por el agua superficial”, ha comenzado explicando.

De este modo, ha reprochado que la medida del Ejecutivo popular se haya presentado al Parlamento “sin seguridad jurídica ni informe técnico o general para abrir de nuevo la posibilidad de ampliar esa zona regable y sin indicar cuál sería la nueva agua superficial que llegaría a la zona”, provocando así que una sensación de “incertidumbre y riesgo”.

Un escenario medioambiental que “no solo supondría una amenaza del propio ecosistema que no soporta una mayor presión de zona regable, sino un engaño a los agricultores que saben que no hay más agua de la que se distribuyó en 2014 cuando se adjudicó la concesión y derechos”.  “Si no hay más agua, tendría que repartirse más zona regable con los que ya tienen derecho a la concesión, cuestión que no van a permitir los que sí tienen esos derechos”, ha subrayado Espadas.

 En cuanto al panorama político que queda acompañado de este telón de fondo, el líder socialista insiste con preocupación en que “la confrontación con Europa y la comunidad científica genera un daño reputacional a la imagen de Andalucía y al medioambiente con un icono como el de Doñana”, además de la producción alimentaria que se exporta internacionalmente, como los frutos rojos de Huelva que, por cual de este escenario, ahora pueden ser vistos “bajo sospecha”.

El Gobierno urge a frenar la ley de regadíos andaluza

Después de anunciar que llevarán la ley de ampliación de regadíos del presidente de la Junta de Andalucía al Tribunal Constitucional con un recurso suspensivo en el momento en que la norma se apruebe en el Parlamento regional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha instado este martes, en palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros, a frenarla.

"Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura. Algo que tenemos que defender, es nuestro patrimonio. El Gobierno hará todo lo necesario para que esta iniciativa irracional no se lleve a su fin", ha defendido el ministro desde Moncloa preguntado por los medios de comunicación.

Es así como, a continuación, ha realizado una pregunta clave dirigida a Moreno Bonilla, poniendo de relieve el contexto y las circunstancias con las que la tramitación de la ley se ha llevado a término: "¿Cómo se puede pretender ampliar el regadío de una zona de España fuera de las competencias de quien está pretendiéndolo hacer, el PP y Vox por la Junta de Andalucía, cuando al mismo tiempo se están pidiendo medidas en materia de sequía con el contexto actual?”, se ha cuestionado.

La norma de Moreno Bonilla, bajo lupa

Es necesario remarcar que esta ley afecta a un terreno que superaría las mil hectáreas. La cifra no está clara porque el mapeo y la definición de que es regadío está aún en proceso, aunque el núcleo claro afectaría a 748 hectáreas de los municipios onubenses de Lucena del Puerto, Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Almonte. Esta última, alberga más de la mitad de hectáreas de regadío afectadas, sin embargo, su Ayuntamiento se ha mostrado también en contra a la tramitación actual.

La norma no es desconocida en el Parlamento andaluz, ya que se presentó una primera vez en la anterior legislatura con el mismo impulso del Gobierno popular, aunque el proceso decayó con las elecciones. Lo único que no ha cambiado entre ambos intentos es que la legalización de los terrenos de regadío encuentra detractores en la comunidad científica, autoridades europeas, el Gobierno central y, específicamente, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).