Se acerca el fin del año político y el Gobierno ha pegado un acelerón en la aprobación de algunas de sus leyes clave. Entre las más importantes se encuentra el solo sí es sí -no sin polémica de por medio- o la de la vivienda, pero no todas están teniendo la misma suerte. Una de las prometidas y que viene desde hace meses es la Ley de Industria, una norma que forma parte de los hitos europeos y que actualmente peligra. La intención del Ejecutivo es sacarla adelante "muy pronto" con la vista puesta en las elecciones tanto del 28 de mayo como en las generales, sin embargo, ahora mismo no está cosechando muchos aliados. Tal y como ha podido saber ElPlural.com, ERC, principal socio de la investidura, rebaja las expectativas de la coalición y asegura que no cuenten con ellos. Además, pone varias condiciones que traslada el foco, incluso, a la próxima legislatura.

El Gobierno confía en la Ley de Industria

Este viernes, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha mostrado su optimismo al respecto de la Ley de Industria, en el cajón del Gobierno desde que saliera el anteproyecto del Consejo de Ministros en diciembre del pasado año 2022. Según el titular recién llegado a la Moncloa, los tiempos para ver esta norma hecha realidad y en la que se incluyen criterios "innovadores" en materia de gobernanza público-privada se acercan con el objetivo de elevarlo al Congreso "lo antes posible". Y es que cabe señalar que este plan es uno de los hitos en el marco europeo que tiene que cumplir nuestro país para recibir el siguiente desembolso de los Fondos Europeos de recuperación en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

A su juicio, este proyecto es clave en el devenir del tejido industrial de nuestro país hasta el punto de que "es un instrumento extremadamente potente y válido para seguir en este proceso de modernización, que establece criterios innovadores en el marco de los recursos y de la gobernanza muy importante en cuanto a compartir con el ámbito privado espacio de decisión". "Va a ser vertebrador de la política industrial, adaptándonos también a los parámetros europeos que nos sitúan en el desarrollo industrial a la vanguardia", ha sostenido Gómez en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha insistido en que la intención del Ejecutivo es aprobarla "muy pronto" y "en las mejores condiciones". Para ello, el titular ha apelado directamente a los socios de la investidura e incluso a la oposición.

"Esperamos contar con el mayor respaldo de los grupos parlamentarios porque son de estas iniciativas de país que no deben formar parte de la batalla o la guerra partidista y sí de un espacio de oportunidades generador de empleo par aun país que como el resto de la Unión Europea ha sufrido tanto en estos años y que necesita de impulsos", ha dicho, elevando esta normativa a un asunto de Estado antes de afirmar que, además, "reúne todas las condiciones para garantizarlo". Con todo, el ministro ha evitado puntualizar los plazos que manejan para que salga adelante la legislación, que ha sido liderada anteriormente por su antecesora, Reyes Maroto, ahora candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ya desde hace muchos gobiernos atrás se ha estado reivindicando la necesidad o pertinencia de desarrollar un marco regulador en este sentido.

ERC rechaza y condiciona

Pero frente al optimismo del Ejecutivo, el rechazo de los aliados. ERC, uno de los principales socios de la legislatura para los partidos de la coalición -y a veces clave para sacar adelante algunas de las normas-, ha rebajado las expectativas del ministro y de los socialistas, que confían en que este plan supere el trámite parlamentario antes de que finalice la legislatura. Y es que a los catalanes no les convence el texto que actualmente se encuentra encallado en el Consejo de ministros. En conversaciones con ElPlural.com, fuentes cercanas al grupo parlamentario liderado por Gabriel Rufián apuntan a la invasión de las competencias en el articulado que hasta ahora conocen y deslizan que "no cuenten" con su voto a favor.

Los nacionalistas, que precisamente presiden la Comisión de Industria en el Congreso a la que tendría que ir la iniciativa del Ministerio, aseguran que el Gobierno han "perdido de vista" que en esta materia se traspasa el ámbito competencial de algunas regiones con regulación propia, especialmente Cataluña pero también el País Vasco. Por eso, dudan de que los socialistas puedan contar también con el apoyo de otras formaciones soberanistas, como EH Bildu, PDeCAT, Junts per Catalunya o el PNV. Cabe destacar que estos tres últimos han votado en contra de otras legislaciones, como la recién aprobada Ley de Vivienda, esgrimiendo precisamente esta invasión de las competencias transferidas.

"Así, que no cuenten con nosotros"

Pero no solo muestran su oposición a parte del contenido de esta norma -no así del trasfondo, que dicen compartir en pro de un mejor tejido industrial a nivel nacional- sino a las formas, para las que pone varias condiciones. Por una parte, ERC reivindica la necesidad de negociar esta legislación con todas las partes involucradas, como los sindicatos y los principales sectores industriales de nuestro país, ya que se trata de una regulación que afecta a muchas patas del sistema. Aseguran que no se puede impulsar a través de la "vía rápida" -como por ejemplo el decreto ley- y exigen que se cuente con las voces de expertos y distintos agentes económicos para que sean escuchados en el seno de la Comisión de Industria de la Cámara baja.

Además, las fuentes consultadas ponen el foco en que el fin de la legislatura está a la vuelta de la esquina, por lo que consideran que querer impulsar la norma en estos meses conllevaría no solo no contar con estas opiniones expertas sino que haría redactar un texto incompleto. De hecho, lo tildan de "chapuza". Por eso, esgrimen la adecuidad de dejar su aprobación "para la próxima legislatura" con el objetivo de poder negociarlo extensamente, con tiempo y con la motivación de salvar las "injerencias competenciales" en las que recae.

De esta forma, los catalanes no solo no están dispuestos a sacar adelante el plan actual sino que ponen dos condiciones encima de la mesa: que no se impulse por la vía rápida y con la vista puesta ya en el próximo gobierno. Con todo, EH Bildu, Unidas Podemos y PSOE han acordado incluir en esta Ley de Industria medidas para evitar la deslocalización de empresas.