Junto con otras tortuosas normas que están en encima de la mesa y que se topan con piedras en el camino de su tramitación, como la de la ELA, se encuentra la Ley de Familias, un proyecto de legislación con sello del Ministerio de Derechos Sociales que actualmente ha sufrido algún traspiés. Los partidos nacionalistas -especialmente ERC y el PNV- están presionando con todo al equipo de Ione Belarra y poniendo en riesgo su puesta en marcha bajo el argumento de la "invasión competencial". Sin embargo, en las últimas horas han avanzado las conversaciones. Tanto los morados como los catalanes aseguran a ElPlural.com que hay margen en las negociaciones para salvar los escollos -al puro estilo Vivienda- y que el Pleno dé luz verde antes de que finalice la legislatura a un texto que contempla, entre otras cosas, nuevos permisos laborales o amplía el concepto de familia.

La Ley de Familias, en la cuerda floja

El primer amago de caer se ha producido este mismo lunes 24 de abril, cuando estaba previsto que finalizara el plazo de presentación de enmiendas. Sin embargo, un acuerdo entre Unidas Podemos y ERC in extremis y a pocas horas de que se cerrara el tiempo de descuento ha salvado la tramitación de la norma. Eso sí, de forma temporal ya que solo se ha ejecutado el retraso del tope hasta el 4 de mayo, tal y como ha decidido la Mesa del Congreso. Sin embargo, esto no hace más sencilla su tramitación, y es que los catalanes, al igual que los vascos, esgrimen un problema de "invasión de competencias" para rechazar el proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de ministros el 28 de marzo y que ha sido remitido a la Cámara Baja con carácter urgente, pero que ha encontrado una fuerte oposición incluso por parte de los principales socios de la investidura.

Así, junto a la derecha del Partido Popular y Vox, se han sumado a su rechazo ERC y el PNV. De hecho, ERC tenía pensado registrar una enmienda a la totalidad, tal y como ha anunciado durante la mañana del lunes la portavoz catalana Marta Vilalta. Un órdago de los independentistas que hubiera precipitado la caída de una de las leyes estrellas de Ione Belarra pero que, gracias a la maniobra conjunta de última hora con los morados, se ha podido retrasar más de una semana. Tanto los liderados por Gabriel Rufián como el PNV de Aitor Esteban consideran que esta iniciativa invade el ámbito competencial autonómico de Cataluña y del País Vasco, así como que regula aspectos que ya están recogidos en los estatutos de las propias regiones.

ERC y PNV, en contra

Por su parte, el PNV sí han ejecutado su amenaza y han presentado en la mañana del lunes una enmienda a la totalidad. En el texto justifican esta decisión alegando expresamente la invasión de competencias en algunas de las políticas, como las destinadas a la protección de la familia, la educación, la sanidad, la vivienda o las tecnologías de la información, e incluso aseguran que la propuesta "desmantela" el orden competencial "disparando" las capacidades del Estado para "armonizar, condicionar, dirigir y controlar" a las comunidades autónomas. A su juicio, estas pasarían a ser "meras ejecutoras" de las políticas estatales y, al mismo tiempo, insisten en que las medidas recogidas "desbordan ampliamente" la directiva comunitaria relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional.

Asimismo, los vascos cargan contra el Ejecutivo y afirman que existe "una tendencia cada vez más reiterada del Estado" a limitar materias -literalmente "condicionarlas"- de las que tienen las competencias las autonomías, por lo que lanzan un aviso. "La consecución de las igualdad entre Comunidades Autónomas no puede sin más justificar la necesidad de armonizar, ya que sin la diversidad de las comunidades no existiría la verdadera pluralidad ni la capacidad de autogobierno", advierten. En cuanto a ERC, aunque no han llegado a registrar su propuesta de devolución, estos tampoco están satisfechos por el texto que ha salido de Moncloa, ya que percuten en esta injerencia en las labores que actualmente pertenecen a los gobiernos estatales, especialmente el catalán.

El acuerdo avanza

A pesar de esta situación, desde el ministerio de Derechos Sociales que dirige Belarra aseguran que hay margen para el acuerdo con los socios de la investidura con el objetivo de salvar estos escollos y sacar adelante la norma "lo antes posible". "Estamos hablando con los grupos parlamentarios para trabajar en ello, que se apruebe la ley cuanto antes y se respeten todas las cuestiones competenciales. Es lo mismo que abordamos, por ejemplo, en la ley de vivienda, donde se alcanzó un buen acuerdo", afirman en declaraciones a ElPlural.com fuentes del equipo de la ministra, dejando la puerta abierta a una ley al más puro estilo Vivienda, un "hito histórico" para la coalición y para España.

Desde ERC, por su parte, son mucho más esclarecedores y manifiestan que las posturas están mucho más cerca. Insisten a este periódico que las principales objeciones efectivamente eran competenciales pero aseguran que han llevado "hasta el límite" las negociaciones y han logrado el "compromiso" por parte del Ejecutivo -concretamente del equipo de Belarra- de "blindar las políticas hechas en Cataluña". Con todo, afirman que "hay asuntos por cerrar" que pasan, por ejemplo, por el Código Civil a cuenta de las parejas de hecho, para lo que la región tiene una normativa propia. Así, todo parece apuntar a que podría haber un acuerdo con la mirada puesta en el 4 de mayo, cuando finaliza el tope a la presentación de cambios.

EH Bildu apela a la "receptividad"

También otros partidos nacionalistas están en el debate. Al rechazo del PNV se han sumado PDeCAT, el BNG y EH Bildu, que percuten en la misma motivación. Sin embargo, mientras los dos primeros ya han presentado sendas enmiendas a la totalidad, los últimos se han reservado esta posibilidad a la espera de las negociaciones. De hecho, su portavoz en el Congreso, Oskar Matute, ha apelado esta semana a la "elevada receptividad" que dicen están encontrando en la parte morada para "eliminar todo rastro de invasión competencial" de la norma.

"La negociación no está cerrada, no está ultimada, pero nuestra impresión no es mala y valoramos positivamente los elementos que tienen que ver con los avances sociales, como la ampliación de la protección a las familias y las medidas de apoyo a la crianza o el reconocimiento de los diferentes tipos de familia existentes", ha sostenido el diputado de EH Bildu y así lo confirman este viernes fuentes de la formación a este diario. Con todo, sí se ha mostrado partidario de "ir más allá" en cuanto a los permisos que no son remunerados y en el avance de derechos para los trabajadores en materia de conciliación y de cuidados.

Cabe destacar que esta ley incorpora la directiva europea de conciliación del año 2019 -que España está obligada a trasponer- y entre otras cosas incluye tres nuevos permisos laborales para el cuidado de familiares o convivientes, amplía el concepto de familia numerosas a aquellas que son monoparentales con dos hijos y reconoce los diferentes tipos de familias, como las LGTBI, adoptivas, reconstituidas, con algún miembro con discapacidad, múltiples, acogedoras... Además, el proyecto ha sido remitido finalmente al Congreso sin la prohibición del pin parental después de que los morados se hayan visto obligados a retirar este punto por recomendación del Consejo de Estado.