Paso a paso pero firme. De esta manera está avanzando la ley para la creación de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero impulsada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha superado esta semana su examen en la Comisión de Asuntos Económicos y pasa ahora a su votación en el Pleno, el próximo jueves. Esta norma está siendo objeto de una tramitación ciertamente insual, no por los códigos parlamentarios sino por las formas, ya que está cosechando holgados apoyos por parte de los grupos parlamentarios, que han dado luz verde al dictamen con congratulaciones cruzadas por el buen tono en las negociaciones. Así, ya está más cerca de ser realidad una legislación que contempla investigaciones infiltradas del Banco de España, la reforma de la CNMC o multas por reclamaciones con mala fe para proteger especialmente a las pymes.

La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a Pleno

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha decidido con un amplio consenso elevar al Pleno el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero "para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes", tal y como reza en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se trata de una iniciativa nacida en el seno del Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño, y que ha obtenido un extenso respaldo de los grupos. De esta forma, han apoyado el proyecto en la comisión el PSOE y Unidas Podemos, junto a ERC, Ciudadanos, PNV y EH Bildu. Por su parte, el PP y Junts per Catalunya se han abstenido mientras Vox ha sido la única formación que ha votado en contra.

Así, tras superar el martes su fase de ponencia en una sesión única y convertirse en un dictamen este jueves en la Comisión, ahora el texto -que se tramita por carácter de urgencia- busca obtener la rúbrica de una mayoría del Hemiciclo y, de ser así, pasar al Senado para lograr la aprobación de forma definitiva y verse reflejado en el Boletín Oficial del Estado. Se prevé que la votación en la Cámara Baja de esta norma -que será un enlace para tramitar conflictos o reclamaciones entre las instituciones financieras y sus clientes- se produzca el próximo jueves 18 de mayo, ya en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. 

Buen tono y amplio consenso

Esta proyecto de ley se ha aprobado, como se preveía, sin ningún tipo de impedimento a la luz de los resultados de las negociaciones. Y es que incluso los grupos han celebrado este jueves el buen tono de las negociaciones para la iniciativa, que ha incorporado además algunas de las enmiendas propuestas por la oposición, como el PNV, ERC, BNG o el PP. Estos, aunque han sido muy críticos con la ley, también en su turno de intervención, han optado finalmente por la abstención. Pero esto no ha deslucido los agradecimientos cruzados entre las formaciones, que han aplaudido el buen hacer de la ministra Calviño así como de la propia comisión. Vox, que ha votado en contra y ha acusado al Gobierno de "abusar mucho" de introducir cambios de leyes en otras, ha alabado que este grupo trabaja "especialmente bien" cuando hay "colaboración".

Así lo han dicho expresamente también tanto Unidas Podemos como Ciudadanos. El portavoz morado en este grupo de trabajo, Txema Guijarro, ha sostenido en su defensa que los diálogos han "contribuido a mejorar el texto" al tiempo que ha aplaudido la "buena voluntad" de la titular de Asuntos Económicos y de su número dos, Gonzalo García Andrés. Por su parte, el representante naranja, Edmundo Bal, ha manifestado estar "bastante satisfecho" de la actitud del Ejecutivo, del que ha dicho ha cooperado para "mejorar sustancialmente" el texto que salió del Consejo de ministros, ligada a la reforma de la ley del mercado de valores.

Inspecciones del Banco de España

El documento ha experimentado varias permutas a lo largo de su tramitación con el acuerdo de los partidos de la coalición y la oposición. En concreto, se ha introducido una modificación de la tasa de financiación para poder castigar a las entidades más sancionadas por este organismo, o la reducción a solo la jurisdicción civil para todos los recursos a estas resoluciones. Además, también se ha introducido la exclusión de las grandes empresas del sistema de reclamaciones, en relación a la definición que plantea la normativa europea, por lo que solo los clientes financieros de pequeñas, medianas y microempresas podrán acudir a esta nueva Autoridad de Defensa. Mientras, se obliga a las entidades a garantizar una atención presencial y personalizada en sus oficinas en pro, sobre todo, de una mejor atención a las personas mayores.

Asimismo, se ha incluido a través de una enmienda transaccional de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT la permisibilidad al Banco de España de infiltrarse como cliente para inspeccionar de forma incógnita a las entidades en sus propias sucursales. Así, el organismo financiero nacional podrá verificar e investigar las oficinas sin necesidad de avisar previamente y ni que los inspectores tengan que informar que forman parte de este supervisor. Además, los trabajadores de este organismo podrán "solicitar la colaboración de expertos", lo que supone que están habilitados para delegar en un tercero la elaboración de informes sin tener que revelar tampoco su actuación ante los bancos.

Reforma de la CNMC

El texto también contempla una reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aumenta hasta los 400.000 euros las sanciones a los directivos por participar en un cártel, al tiempo que amplía a dos años los plazos de las investigaciones del supervisor y permiten una reducción de las multas a todas aquellas empresas investigadas que admitan su responsabilidad. En cuanto a las reclamaciones, y con el objetivo de liberar de trabajo a los juzgados, el tope se ha fijado en los 20.000 euros para diferenciar entre resoluciones vinculantes de la autoridad sobre conducta y cláusulas abusivas. Es decir, a partir de esta cantidad ya no serán vinculantes. Así, este organismo se encargará de centralizar la gestión de las quejas de clientes en la comercialización de productos bancarios, pólizas de seguro y productos financieros con multas por mala fe.