Euforia en el seno del Gobierno, resistencia en la derecha. Estas son las dos posturas que se han podido ver este jueves en el hemiciclo a la luz de la resolución del Pleno del Congreso, que ha dado luz verde de forma definitiva a la reforma de las pensiones planteada por el ministerio de José Luis Escrivá y que ha contado con una holgada mayoría gracias al amplio apoyo de los socios, incluido Unidas Podemos. Así, la mejora de las condiciones de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema está un paso más cerca de ser tangible gracias al visto bueno de la Cámara Baja a esta norma, que también ha aprobado tramitarlo como Proyecto de Ley para poder introducir mejoras vía enmiendas. Enfrente, la oposición de la bancada derechista, que ha optado por el no y la abstención mientras ha deslizado sendas críticas y reflexiones apocalípticas.

Luz verde a la reforma de las pensiones

Este jueves el Congreso de los diputados ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, conocida como la reforma de las pensiones. Un proyecto impulsado por el lado socialista del Ejecutivo que ha encontrado el beneplácito no solo de los socios sino también de los agentes sociales y las instituciones europeas. No así de la patronal, la Airef o la derecha. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para tumbar la iniciativa liderada por el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, que ha visto tras semanas de negociaciones la luz al final del túnel para la que es su medida estrella de la legislatura.

Los socios, a favor

Y lo ha hecho con una ancha mayoría absoluta ya que, a los votos a favor del PSOE y de Unidas Podemos, se han sumado los trece de ERC, los seis del PNV, los cuatro de PDeCAT y los tres de Más País y Compromís. En total, 179 frente a 104 noes y 61 abstenciones. Así, los diálogos con las formaciones progresistas han dado sus frutos y pasan por, una vez aprobado, llevar a cabo mejoras. De hecho, el Gobierno ha prometido tramitar el Decreto Ley como un Proyecto de Ley -que ha sido bien visto por la Cámara- para dar la posibilidad de introducir modificaciones a través de la presentación de enmiendas, algunas de ellas ya anunciadas por parte de los socios de la investidura, tal y como han detallado a lo largo de esta semana y durante el debate estos grupos parlamentarios.

ERC ha celebrado desde el estrado el acuerdo con "avances" y "desde la izquierda" frente a la derecha. El diputado Jordi Salvador ha explicado, como ya hizo este martes en rueda de prensa, que ha alcanzado un pacto con el ministro para introducir dos puntos en pro de las mujeres que se reducen su jornada laboral para cuidar a un hijo. En concreto, se trata de "un incremento de la prestación de la incapacidad permanente de reducción laboral para que coticen al 100% de su jornada anterior de aplicación durante todo el periodo de la reducción de la jornada y un aumento de la pensión de incapacidad temporal por lactancia", también hasta el máximo. A su juicio, el texto introduce mejoras con respecto a los anteriores borradores y supone un "giro izquierdista".

Además, de no hacerse como una PL, los catalanes han confirmado que tienen el compromiso del Gobierno "por escrito" de hacerlo a través de una disposición adicional. "A veces estas promesas se cumplen y a veces no pero parece que esta vez sí. Ya han incorporado tres de nuestras propuestas y conociendo a Escrivá pienso que sí que va a cumplir", ha sostenido Salvador. Por su parte, con EH Bildu -que reconoce que el texto "cambia el paradigma y amplia derechos"- se ha comprometido a subir progresivamente las pensiones mínimas de viudedad hasta equipararlas con las contributivas en cuatro años -entre 2024 y 2027 un 17% para las individuales y un 30% para la modalidad con cargas familiares- mientras con el PDeCAT han pactado que la cuota de solidaridad sea progresiva para que los salarios más altos contribuyan al sistema. Sin embargo, los vascos finalmente han optado por la abstención para "facilitar" el trámite parlamentario, como ha esgrimido Mertxe Aizpurua desde el estrado.

La derecha, en constante oposición

En cuanto a la derecha, sin cambios. El Partido Popular ha cumplido con su negativa y ha votado no a una medida de la que ha criticado la falta de información al respecto. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha limitado el conocimiento del proyecto a "un PowerPoint y un Excel", argumentación suficiente a su juicio para justificar su negativa. Cabe señalar que este texto ha encontrado el visto bueno de Europa y supone un paso fundamental para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación al tiempo que Alberto Núñez Feijóo ha acudido a Bruselas en las últimas semanas para intentar hacer caer la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez con bastante poco éxito. 

Sin embargo, Escrivá ha hecho frente a estas críticas y ha afirmado que ha hecho llegar "toda la información" sobre los términos de la reforma tanto a los populares como al resto de los grupos parlamentarios. "Ningún ministerio en la historia ha difundido tanto nivel de detalle", ha llegado a esgrimir el titular de Seguridad Social. Durante el pleno, el ministro ha defendido la propuesta y ha puesto en valor los cambios que recogen su reforma, encaminada a "reforzar la sostenibilidad" y alejada de los recortes. La ley también incluye cambios en el periodo de cómputo, que finalmente se ha encajado con una fórmula dual que permitirá elegir entre los 25 años vigentes o ir ampliando progresivamente hasta 29 pudiendo descartar los dos peores, tal y como ha incidido.

"Va contra las matemáticas"

Pero el PP ha reiterado que "no garantiza las pensiones del mañana" sino que "es un peligro" al tiempo que han cargado contra Escrivá por ir "contra todo el mundo" y "contra las matemáticas". Así lo ha dicho durante la sesión el diputado Jaime de Olano, que ha dicho estar en contra del fondo y de la forma mientras ha insistido en la "falta de diálogo y la transparencia". "Pone en riesgo el sistema, que es un pilar fundamental. Lo dicen todos los expertos que han analizado su reforma", ha afirmado, poniendo de ejemplo la Airef, y antes de señalar a la ventana abierta en el texto para revisar los efectos de los cambios en un plazo de dos años. "Quiere que lo paguen los jóvenes y las pymes", ha dicho el representante popular para pedirle que "retire la reforma" y se sienten en el Pacto de Toledo.

Como era de esperar, también Vox ha optado por el rechazo. Eso sí, ha dado la sorpresa y ha decidido abstenerse. Ya en las últimas semanas su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha tildado de "muy difícil" apoyar la iniciativa ya que consideran que "no garantiza en absoluto" el futuro de las pensiones y se trata de "un atraco adicional" a los trabajadores, autónomos y creadores de puestos de trabajo con el objetivo de "sufragar un modelo" basado en los "chiringuitos" de los políticos. Algo en lo que ha incidido durante el pleno Pablo Saez. También JuntsxCat ha pulsado la abstención. Por su parte, en el BNG y Ciudadanos se han vuelto a mostrar más apocalípticos desde el no. Inés Arrimadas ha insistido durante el pleno en que es un "engaño" a los españoles y un "suicidio" así como que va a tener efectos lesivos en las cifras del empleo. Foro Asturias y la CUP también han criticado la norma y han votado en contra.

Nuevas mejoras en el sistema

La reforma que este jueves ha dado un paso definitivo para su puesta en marcha ha sido avalada por la Comisión Europea y los sindicatos -no así por la patronal o la Airef- gracias a que está enfocada a atajar los problemas elevando los ingresos y no con recortes. De hecho, el nuevo sistema, que entraría en vigor el próximo 1 de abril, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión con dos opciones de cómputo. Además, las mutuas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.