La segunda parte de la reforma de las pensiones se le está atragantando a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y, por si fuera poco, el acecho de Bruselas es cada vez más acuciante. Más allá de la importancia de una reforma de este calado para el propio sistema de pensiones, lo cierto es que ahora su peso traspasa las fronteras nacionales hasta el punto de condicionar la percepción de fondos europeos. España se prepara para solicitar el cuarto pago de los fondos y, en esta ocasión, el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será clave, al contener cuatro elementos clave que deberán ser abordados. El compromiso temporal adquirido con Bruselas supera su fecha de plazo (31 de diciembre) en casi dos meses y, una vez recibido el aprobado para el pago anterior, los 10.000 millones del cuarto son ahora la prioridad.
El pasado viernes España se convirtió en el primer país en recibir el visto bueno tercer desembolso de los next generation (6.000 millones), que se sumará a los 31.036 millones de euros ya recibidos, incluidos el adelanto de 9.036 millones y los 22.000 millones de los dos primeros tramos, y sumará un total en torno a los 37.000 millones. Sin embargo, el siguiente pago previsto podría frenar el avance meteórico de España. Como todos los anteriores, este desembolso está condicionado por la superación de una larga lista de hitos y objetivos, holgadamente cumplimentados hasta el momento por el Ejecutivo, por lo menos hasta que la reforma de las pensiones apareció en escena.
“Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo” es el sobrenombre que recibe el componente 30 del Plan, conformado por un total de nueve reformas. Una gran parte han sido ya completadas e incluidas dentro de la primera parte de la reforma o, en su defecto, en otras normas. Sin embargo, la decisión de Escrivá de separar la norma en dos puede haber salido muy caro a la Seguridad Social, ya que, la segunda parte no consigue reunir los apoyos ni entre las fuerzas políticas aliadas ni entre los agentes sociales. Imposible aprobar una reforma sin apoyos, motivo por el que la estrategia del ministro incluye ahora diálogos constantes con la Comisión para conseguir más tiempo.
Bruselas ha dado a conocer recientemente las penalizaciones que se aplicarán a los desembolsos solicitados habiendo cumplido los objetivos exigidos para recibirlos de manera parcial. Así, la Comisión Europea se cubre ante la situación anómala de que un país, sin haber cumplimentado todos sus hitos, solicite un desembolso que sabe va a ser parcial. España no se plantea presentar una solicitud de desembolso sin haber conseguido un consenso con las pensiones, pero de hacerlo, la afectación del incumplimiento concreto de este componente sería de calado, al tener un gran peso en el documento consensuado y aprobado por Europa.
Definición de la sanción
Según la metodología que dio a conocer la Comisión, la base para el cálculo se corresponde con el “valor unitario” de un hito u objetivo y se calcula dividiendo la suma total reflejada en el Plan de cada Estado, 69.528 millones en el caso de España, entre el conjunto de objetivos e hitos exigidos, 415 en esta ocasión. Así, la cuantía por el incumplimiento de cada hito u objetivos asciende, en el caso español, hasta los 167 millones de euros, aproximadamente. Sin embargo, no todas las reformas y medidas que pueden incumplirse tienen la misma importancia, razón por la que Bruselas ha introducido factores correctores. Los objetivos relacionados con las pensiones, al estar relacionados con “la entrada en vigor de una reforma”, serían corregidos con un coeficiente de 5, lo que dispararía aún más el valor a pagar por su incumplimiento.
Los aspectos de la reforma que actualmente no encuentran el consenso, y a la par están reflejados en el Plan, son los siguientes: “Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, motivo por el que Escrivá quiere un aumento hasta los 30 años de cálculo que rechazan sindicatos y socios políticos; “Adecuación de la base máxima de cotización del sistema, subida que rechazan los empresarios”, a pesar de que el Plan, tal y como ha defendido Escrivá, trae aparejada “un una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”; “Sustitución del factor de sostenibilidad por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)”, cuya prolongación temporal y funcionamiento semiautomático sigue produciendo conflictos con Bruselas. Por último, y una vez completada la segunda parte, la Comisión evaluará la reforma en su conjunto.
Los sindicatos tranquilizan
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha trasladado tranquilidad este miércoles y ha asegurado que no existe "riesgo" de que los fondos europeos no lleguen, o lo hagan de forma parcial, porque "ni se contempla" que no vaya a producirse en España una reforma que mejore la estructura de ingresos de la Seguridad Social. "Está descartado que no vaya a haber ninguna medida", ha señalado Sordo, que ha añadido que lo que hace falta es que el Gobierno sea "transparente" y aclare si se ha producido alguna "novedad" sobre el contenido de lo que debe negociarse en la mesa de diálogo social que aborda la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Sobre las circunstancias que están retrasando el acuerdo, el dirigente sindical ha hecho referencia a la forma de computar el periodo de cálculo de la pensión para las nuevas carreras de cotización como el “hito más polémico”, pero que considera que "se puede cumplir sin grandes problemas" y "sin ningún tipo de recorte" en la cuantía de la pensión mediante una mejora de lo que se conoce como lagunas de cotización. Sordo cree que el acuerdo para cerrar la segunda pata de la reforma de pensiones, es "política y socialmente posible en los próximos meses", pero cree que para ello el Gobierno debería dejarse de "filtraciones y especulaciones", convocar la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar si ha cambiado "el perímetro" de la negociación y después volver a recuperar la mesa de diálogo social.
