La segunda parte de la reforma de las pensiones continúan generando discrepancias entre los actores implicados hasta tal punto que no coinciden en la evolución de las negociaciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a insistir esta semana en que el proceso “está muy cerca de poder cerrarse”. Así lo trasladaba este lunes después de mantener una reunión con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y el comisario de Economía, Paolo Gentioli, con el que ha indagado en mayor medida en lo referido a pensiones. “Estamos trabajando para poder hacerlo este mes” trasladaba Escrivá, reiterando su argumentario de la pasada semana.
Sin embargo, los agentes sociales no coinciden con las sensaciones del titular de Seguridad Social. El miércoles pasado, UGT aseguraba, en palabras de su vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, la negociación se encuentra “en un punto muerto”. Además, lamentaba no contar con ninguna “noticia formal” procedente del Ministerio. Un argumentario similar ha sido sostenido este martes por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ha puesto en duda que el consenso esté yendo “en la buena dirección”. Más allá de los agentes sociales, cuyas discrepancias responden a diferentes aspectos de la reforma, el Gobierno está encontrando problemas también para reunir apoyos entre sus socios habituales.
"Veo muy complicado, a día de hoy, un acuerdo en el ámbito político y en el social. Escrivá se ha reunido en dos ocasiones en el último mes con el comisario europeo (de Economía, Paolo Gentiloni). Supongo que estarán viendo mecanismos para poder cumplir el hito y que no se quede esa transferencia de 10.000 millones sin recibirse", ha trasladado el presidente de ATA. Este avance también lo señalaba el vicesecretario de UGT la pasada semana. "Parece que sí que ha habido movimientos por parte del ministro con respecto a Bruselas, pero ni siquiera nos han informado de cómo van sus negociaciones. No tenemos nada", admitía Luján.
“Estamos trabajando a los tres niveles”, trasladaba este lunes Escrivá, haciendo referencia a Unidas Podemos y los socios de la investidura, a los agentes sociales y a Bruselas. La segunda parte de la reforma “tiene implicaciones en todos los ámbitos, y creo que la convergencia es general en los tres ámbitos”, añadía el ministro. Razón no le falta, ya que, los socios habituales del Ejecutivo son necesarios para sacar adelante la modificación; la Comisión Europea es la institución con la que se asumió el compromiso de reforma, al que está supeditado el siguiente desembolso de fondos europeos; y el apoyo de patronal y sindicatos dotaría de consenso social una reforma que zanjaría el ámbito de las pensiones.
Negativa de los partidos políticos
Más allá del optimismo de Escrivá, lo cierto es que la parte socialista del Ejecutivo no cuenta todavía con el apoyo del resto de partidos, ni siquiera con el del socio de Gobierno. El principal argumento en contra que señala esta parte es la propuesta de ampliar el periodo para calcular la cuantía de las pensiones. Desde Unidas Podemos, tanto por parte de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, el miedo a que esta modificación empobrezca o perjudique a los pensionistas futuros, como ocurriese ya con la última ampliación de cómputo (de 15 a 25), mantiene el ‘no’ de los morados.
La nueva ampliación, que daría comienzo en 2027, extendería los actuales 25 hasta los 30 años, de forma progresiva, cinco meses por año hasta 2038. Durante su implantación, de los cinco meses que se ampliarían por año a partir de esa fecha, el trabajador podría escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase el umbral de los 30 años en 2038, momento en el que el trabajador podría descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años. Este aspecto reforma, comprometida con Bruselas, es una línea roja que el ministro no pretende mover ni un milímetro.
La situación es complicada para Escrivá, puesto que, este mismo elemento es el responsable de la negativa de los sindicatos. “La medida es innecesaria, no es una recomendación del Pacto de Toledo y no consigue el consenso político necesario para ser probada”, han señalado repetidamente CCOO y UGT. Por el contrario, un aspecto que si consideran necesario los sindicatos es rebajar el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación. Actualmente, el umbral se sitúa en los 15 años, periodo que parece excesivo a UGT, que ha propuesto reducirlo a 12, y a CCOO, que ha bajado aún más la cifra, hasta los 10.
Patronal en contra de subir las bases
Las dudas presentadas este martes por el presidente de ATA siguen la línea argumental que ha defendido el conjunto de la patronal. Para los empresarios, el aspecto negativo de la propuesta es el aumento de las bases de cotización. La medida, cuya intención es financiar el sistema de pensiones ante la llegada de la generación del baby boom, supondría un encarecimiento de los costes empresariales. Esto llevaría aparejado un incremento de las pensiones máximas a futuro, lo que no es suficiente para los empresarios.
"No puede recaer todo el peso de mantener el nivel de gastos de pensiones exclusivamente en los que cotizan […] Seamos todos consecuentes y pensemos que esto no se arregla subiendo cotizaciones ", ha apuntado Amor este martes. Además, ha asegurado que “subir los impuestos al empleo” es un perjuicio para el país que podría llegar a suponer la insuficiencia de cotizantes.
