La segunda y última parte de la reforma de las pensiones, que tanto tiempo estuvo enmarañada en los tejidos de la negociación, avanza ahora a pasos de gigante, superando trámites casi diariamente. Hace poco más de dos semanas, José Luis Escrivá conseguía el apoyo de sus socios de Gobierno y el aval de la Comisión Europea; cinco días después llegaba la firma del acuerdo definitivo con los sindicatos, que consiguieron introducir modificaciones en favor de los trabajadores y los pensionistas más precarios; un día después, tras presentar el texto ante el Pacto de Toledo, el Consejo de Ministros aprobó la norma vía Real Decreto-ley.

Superada la aprobación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se detuvo un momento y comenzó a reunir apoyos parlamentarios para la ratificación necesaria del Real Decreto-ley en el Congreso. El PDeCAT dio su visto bueno tras ser aceptada por la Seguridad Social una mayor progresión en la aplicación de la cuota de solidaridad, a estos les siguió EH Bildu, no sin antes conseguir un aumento en las pensiones mínimas de viudedad. El último apoyo confirmado ha sido el de ERC, tras negociar con Escrivá que las mujeres coticen el 100% de su jornada cuando esta se reduzca con motivo de atender los cuidados de un hijo.

El PP desconcierta con su argumentario

La suma es suficiente, los sindicatos la aprueban y Bruselas está satisfecha; sin embargo, el PP se niega a aceptar la reforma de las pensiones con más unanimidad que se recuerda. Una mezcla de argumentarios que no dejan claro si no conocen la reforma y, por consiguiente no pueden apoyarla, o si la conocen de sobra y por ese motivo el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha emprendido un viaje por tierras europeas para criticar ferozmente, sin éxito, la norma y alabar la aprobada en Francia. Esta segunda que gusta a Feijóo ha sido aprobada sin acuerdo, sube la edad de jubilación y exige más años cotizados para cobrar la totalidad de la pensión.

“Lo de Feijóo me pareció desconcertante. Puede interpretarse como un rapto de sinceridad y que realmente refleja las políticas ultraliberales de recorte del Estado del Bienestar que defiende mediante el recorte del gasto y la reducción de impuestos”, ha lamentado Escrivá en una entrevista concedida al periódico ElPaís. No obstante, ha asegurado que esto “son políticas que afortunadamente están ya superadas en la academia y en el entorno de los organismos internacionales”, razón por la que ha reiterado en muchas ocasiones que, más allá del ruido, el PP no se atreverá a derogar la reforma consensuada.

“Es una reforma muy bien hecha, que afianza la sostenibilidad, que establece un modelo alternativo y que tiene consenso social y apoyos suficientes”, ha defendido el titular de Seguridad Social la ley, recordado a su vez que “la posición del PP en 2011 con la reforma del Gobierno Zapatero” era contraria y, de hecho, “no la votó, pero tampoco la modificó después a pesar de tener mayoría absoluta”. Si bien es cierto que el argumentario del PP no refleja apuntes basado en datos que justifiquen su negativa, organismo como la AIReF sí han mandado algún toque de atención al ministro.

Escrivá enfrenta datos a los informes negativos

El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), uno de los últimos y más duros en llegar -BBVA, Funcas o Fedea también han sido críticos, sugiere que la reforma de Escrivá “presenta debilidades de diseño como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos, la ausencia de coherencia con el marco fiscal y las restricciones impuestas a la supervisión independiente por la AIReF”. Sobre este informe, el ministro ha señalado en la misma entrevista que existen “interpretaciones erróneas de la opinión de la Airef”. Escrivá ha ensalzado las recomendaciones de la autoridad y ha recordado que su informe contempla diferentes escenarios, de los que “el más plausible” coincide con las previsiones del Gobierno.

Sobre el resto de los informes, el titular de Seguridad Social, ha dejado caer la posibilidad de que estos, más que un análisis, escondan una opinión destructiva y política contra el Gobierno. “En algunos casos, los informes se han publicado incluso antes de que se aprobara la reforma, sin conocer las medidas, ni siquiera superficialmente”, ha lamentado, y “en ocasiones, estos informes han tenido coincidencias en opiniones y en momentos con otros actores que podríamos decir que son sospechosas”, ha dejado caer. “Muchos de los críticos y analistas que firman esos informes se llevan equivocando los últimos 20 años en sus proyecciones y algunos, además, fueron autores de la reforma de 2013, que tampoco es que haya sido estudiada como un caso de éxito”, ha sentenciado el ministro, dando un duro varapalo a los agoreros.