En medio de las amenazas de huelga por parte de los jueces y fiscales si no se produce una mejora salarial y la polémica por los okupas en la ley de vivienda recién aprobada, hay dos iniciativas en materia judicial que están a las puertas de continuar con el trámite parlamentario en el Congreso. Se trata de un Proyecto de ley de eficiencia procesal y otro de eficiencia organizativa para mejorar la Justicia que ya se encuentran a la espera de pasar a comisión de forma conjunta como paso previo a su votación en el Pleno. Mientras la primera modifica varias normas para facilitar los trámites, la segunda crea un nuevo orden estructural del sistema judicial e incluye, entre otras cosas, un cambio para agilizar el desalojo ante okupaciones ilegales en casos de allanamientos.

Modernización de la Justicia, baza del Gobierno

A la espera de ir a comisión. Así se encuentran en estos momentos en el seno del Congreso de los diputados las dos propuestas impulsadas por el Gobierno -concretamente por el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop- para llevar a cabo una profunda transformación del sistema judicial de nuestro país: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa. Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran que estas tienen como objetivo perseguir una "eficiencia de los tribunales de Justicia" mediante la modernización y la adecuación a los ritmos y las necesidades actuales que necesitan, así como que ya están avanzando en su trámite parlamentario.

De hecho, ambas iniciativas -que van a ir juntas- ya han terminado en ponencia y están a las puertas de la Comisión de Justicia, donde tendrá que ser ratificada por los grupos parlamentarios que la conforman para pasar después al Pleno de la Cámara baja, en el que se debatirá y se votará. Con todo, las mismas fuentes confirman que todavía no hay fecha para saltar al primer escalón y tampoco que haya compromisos de que vaya a salir adelante. Y es que, preguntados por si ya han avanzado los contactos con las distintas formaciones de cara a lograr su visto bueno en el Hemiciclo, las fuentes cercanas aseguran que "no por el momento". Pero todavía hay tiempo ya que la carrera hacia el BOE de estas dos leyes referidas al funcionamiento de tribunales acaba de comenzar.

Unas normas que se están negociando a la vez que se produce un momento convulso judicialmente hablando. Y es que a la huelga de letrados, que finalizó el pasado mes de marzo tras firmar un pacto con Justicia que contempla un aumento de hasta 450 euros al mes, se puede encadenar otra de jueces y fiscales que piden lo propio. De hecho, este mismo miércoles se han reunido con el ministerio en el marco de la Mesa de Retribuciones para negociar una actualización salarial que evite la huelga indefinida que ya han convocado a partir del 16 de mayo. Una reunión que se ha saldado sin acuerdo. Además, a estos se han sumado también los abogados de oficio, quienes se han concentrado a las puertas del Congreso la pasada semana para reclamar mejoras en aras de la "conciliación", la "desconexión digital" y una "jubilación digna".

PL de eficiencia organizativa y procesal

Así, el Ejecutivo -especialmente el ala del PSOE- tiene entre manos el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal y el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, dos normas que forman la columna vertebral del plan de reforma del sistema judicial de nuestro país con la mirada puesta en el año 2030 y que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de los tribunales desde los medios operativos y propiamente procesales. Para ello, ambos articulados contemplan la modificación esencialmente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y varias legislaciones procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de Enjuiciamiento Criminal, la Jurisdicción Contencioso Administrativa así como la de Jurisdicción Social y Voluntaria.

Entre los cambios más reseñables en cuanto a la organización se puede destacar la eliminación de los llamados Juzgados unipersonales -como son los de Primera Instancia, de Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Familia, de Menores o los Juzgados de Paz- que se sustituyen por la creación de órganos unipersonales o colegiados con competencia sobre uno o varios sectores judiciales. Estos, llamados Tribunales de Instancia, estarán formados por varias Secciones con competencia en los órdenes y especialidades que actualmente sirven los distintos Juzgados y puede también tener competencia sobre una o varias provincias. Eso sí, seguirán existiendo la matriz y sus ramificaciones históricas, véase el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

En cuanto a los Juzgados de Paz, estos desaparecen en sustitución de unas Oficinas de Justicia de ámbito municipal, que desempeñarán una función colaborativa con las instituciones judiciales, registrales civiles y municipales desde la eficiencia digital. Y es que junto a la procesal y organizativa se encuentra también una tercera pata, que tiene que ver precisamente con la eficiencia digital, aunque su tramitación va a ir a parte de estas dos. Por su parte, para los Tribunales de Instancia se contempla la creación de distintas secciones únicas -Civil y de Instrucción- para los procesos judiciales más cortos, o Civil, de Instrucción Penal, Contencioso-Administrativo, de lo Social, etc. para aquellos que sean más amplios.

Al mismo tiempo, esta estructura renovada va a llevar implícito el desarrollo de oficinas judiciales ligadas a los tribunales de instancia para dar apoyo a este entramado, sobre todo ante la eliminación de los juzgados unipersonales. Así, se trata a grandes rasgos de una permuta de los Juzgados por las Secciones de los Tribunales de Instancia y de los Juzgados de Paz por las nuevas Oficinas de Justicia. Y a la vez también se va a impulsar una nueva regulación en términos procesales, aunque con más sencillez. Esta PL contempla la simplificación de los trámites que pasa, entre otras cosas, por priorizar las sentencias orales en los juicios civiles por ejemplo, así como dar más importancia jurídicamente a la figura conocida como tercero neutral. Además, también se modifica el marco legal para agilizar el desalojo de okupas en casos de allanamientos de morada.

Llop pide apoyo para mejorar la justicia

Ya a mediados del pasado mes de marzo, la ministra Pilar Llop compareció en la Comisión de Justicia del Congreso para informar del devenir de los proyectos que está desarrollando su ministerio, del que ha destacado que ha cumplido en 2022 con más de la mitad de los compromisos recogidos en Cumpliendo, el informe de rendición de cuentas del Gobierno, con el objetivo de avanzar en el primer semestre de este año 2023 hasta el 83%. En este contexto, la titular ha puesto en valor que el departamento que dirige ha puesto en marcha "una gran transformación de la Justicia", así como medidas para afrontar los retos comunes con nuestro país, como son la despoblación, el cambio climático o dar respuesta a los efectos de la invasión en Ucrania, que pasa especialmente por el impulso de estas dos leyes.

Así, Llop se ha referido a estas -junto a la digital- como "el intento más ambicioso que podamos haber realizado en este país para traer, de una vez por todas, la Administración de Justicia, al siglo XXI". Por ello, la titular socialista ha emplazado a todas las fuerzas parlamentarias, especialmente a las derechas, a llegar a un acuerdo para aprobarlas lo antes posible. De hecho, ha pedido que "no se instalen en el no" con la meta de "situar a la ciudadanía en el centro de un servicio público moderno y confiable". Todo en un momento un poco tenso para la ministra en este sector, donde la huelga de letrados que comenzó el pasado enero así como la amenaza de jueces y fiscales para emprender unos paros durante este mes de mayo aprietan.

Sin embargo, Llop insiste en defender la apuesta del ministerio bajo la premisa de que "el Servicio Público de Justicia es sociedad", para lo que ha puesto en valor que ambas normas fomentan una justicia sin desplazamientos y centrada en los datos a través de proyectos como la creación de las Oficinas de Justicia en todos los municipios. Asimismo, la titular ha hecho especial hincapié en el Manifiesto del Dato, un documento elaborado junto a otras instituciones -como las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado- y ratificado de forma unánime en la Conferencia Sectorial que tiene como destino buscar la mejora de la eficiencia del sistema judicial.