El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se sienta en el banquillo para declarar como imputado por sus delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El juicio se extenderá al resto de personas denunciadas por la Fiscalía, acusadas de ayudar al compañero sentimental de la presidenta a defraudar 350.000 euros a través de una trama de facturas falsas. Dos de ellas -incluyendo al protagonista de estas líneas- están citadas este lunes, mientras que el próximo martes declararán las otras tres restantes.
La pareja de la responsable regional está siendo investigada por dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. Fue el pasado 22 de marzo cuando la juez titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió diligencias contra González Amador y otras cuatro personas más. Asimismo, acordó abrir causa y citar como investigados a los cinco denunciados por el Ministerio Público por estos dos delitos.
El auto de la magistrada Inmaculada Iglesias concreta el contenido de la denuncia de la Fiscalía sobre un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 (peor año de la pandemia) y 2021 que se atribuye especialmente a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente (la compañía principal del novio de Ayuso) e incluye otro delito de falsedad en documento mercantil.
El documento explica que de la investigación de la Agencia Tributaria “se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública”. También apostilla que de las investigaciones parece evidente que “las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados”. La juez explicó que abría la investigación por los delitos en concurso con falsedad documental, tal y como pedía el Ministerio Público, y llamó a filas también a las inspectoras de Hacienda que investigaron a González Amador para que ratifiquen los informes. Asimismo, ofreció acciones a la propia Agencia Tributaria.
Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, el empresario generó varios millones de euros durante el Covid participando de la compraventa de material sanitario, pero lo hizo de manera que su factura fiscal por el Impuesto de Sociedades no aumentara en la misma proporción y así pagar menos. En definitiva, ser capaz de defraudar a Hacienda. El montante defraudado por los mencionados delitos fue de 350.951 euros a través de un entramado de facturas falsas.
González Amador reconoció los delitos para rebajar la pena
El compañero sentimental de la líder regional reconoció haber cometido los delitos. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dictó a través de su defensa en un correo electrónico dirigido a la Fiscalía cuyo objetivo principal fue el de llegar a un acuerdo para intentar evitar la cárcel. Este hecho no es menor, ya que la información llegó después de que el jefe de prensa de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez -actor también importante en la sucesión de los hechos tras conocerse el fraude- señalara lo contrario.
La cantidad de facturas aportadas a Hacienda por parte de la pareja de la responsable de Sol fue de 15 y sumaba 1,7 millones de euros en gastos en total, lo que disminuyó el dinero que pagó González Amador en 2020 y 2021 por el Impuesto de Sociedades. Los trabajos por los que se emitieron dichas facturas nunca existieron y el novio de Ayuso dejó a deber más de 350.000 euros en impuestos.
Una veintena de empresas y cinco investigados
En todo este maremágnum, la empresa principal que figura es la de Maxwell Cremona, pero son hasta 22 las compañías cuya limpieza en el proceso está en entredicho, tal y como recoge este medio. En un primer momento la representación de la pareja de Ayuso y de sus empresas intentaron justificar que los trabajos existían, pero al final decidieron cambiar de estrategia para tratar de retirar las facturas más voluminosas y acabar reconociendo los delitos por escrito.
Entre algunos de los hechos polémicos de la firma se encuentra que éste no tiene empleados por cuenta ajena, pero sí dispone de dos coches de lujo -un Maserati y un Porsche Panamera- y que facturó 3,7 millones de euros en dos años.
En otro orden de cosas, otras de las compañías sobre las que se ciernen la sombra de la sospecha son FCS Select Product -a la que el PP señaló en un intento fallido por inculpar al Ministerio de Sanidad- o Mape Asesores, una de las grandes beneficiarias de la Xunta de Galicia y a la que González Amador relacionó con la anterior para la compraventa de material.
El resto de las personas que están investigadas son Maximiliano Eduardo N.G; David H.L; Agustín C.S; y José Migue C.S, representantes de las empresas que emitieron facturas que después se habría deducido Maxwell Cremona, según indica el informe tributario.
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