El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, propietario al 100% de dos sociedades que, según la Agencia Tributaria, utilizaron facturas para desviar beneficios millonarios durante la pandemia. En concreto, se le investiga por posibles delitos fiscales, unido a un posible delito de falsedad documental y en el foco están algunas de sus propiedades, como un piso, viajes o coches.

Además del Maserati Ghibli a nombre de una de sus empresas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que debe seis multas de tráfico y dos impuestos del vehículo, tal como desveló en exclusiva ElPlural.com, el novio de la presidenta regional también tiene otro coche de lujo con el que intentó defraudar a Hacienda, según ha desvelado La Vanguardia.

Se trata de otro vehículo de gama alta, en concreto, un Porsche, y es que con Maxwell Cremona S.L., González Amador tejió una red para evitar pagar a Hacienda consistente en operativas distintas a desgravar por conceptos que no le correspondían, ya que en este caso utilizó empresas pantallas, creadas con el único fin de defraudar y también reducía gastos al tener empleados y contratarlos como auditores externos.

Según informa el mismo medio, los inspectores descubrieron que entre los asesores externos que emitieron factura aparece el hermano de González Amador. Destaca así, también, que el único que estaba en nómina de esta empresa era el propio González Amador, como gerente. No obstante, sorprende que cuanta más facturación tenía la empresa, menos sueldo tenía él, que pasó de ser de 100.000 euros a 9.500 euros. Es aquí donde entra en juego la otra de sus empresas, Masterman, para cobrar por ella.

Conviene recordar, como desveló en exclusiva ElPlural.com, que estas dos sociedades facturaron en solo dos años y con cero empleados casi 3,5 millones de euros. La primera de estas empresas, Maxwell Cremona, obtuvo un importe neto de la cifra de negocios en 2021 de 1.375.716 euros. En 2022, el importe de facturación alcanzó 1.054.336 euros. Es decir, la compañía de Alberto González, una vez iniciado su romance con Isabel Díaz Ayuso, facturó 2.430.052 euros.

La segunda de estas empresas, Masterman, tuvo un importe neto de la cifra de negocios en 2021 de 327.320. Pero ahí no queda la cosa: en 2022, aumentó su facturación hasta un 114,99%, llegando a alcanzar los 703.695 euros. En total, hablamos de 1.031.016 euros en solo dos años.

Obras ilegales en el piso de un millón

Un Alberto González Amador que cada día que pasa se encuentra más bajo el radar de la Fiscalía. Y es que, tal y como ha informado este medio, el novio de la presidenta madrileña está bajo la lupa de Hacienda por supuestas irregularidades fiscales. Dejando a un lado la trama de sus empresas,conviene centrarse en sus propiedades, compretamente en un amplio piso en el madrileño barrio de Chamberí. Y es que este intentó realizar una extensa remodelación en su residencia de alto standing en Madrid, por la que pagó casi un millón de euros, pero el Ayuntamiento rechazó el proyecto tras detectar "inexactitudes, falsedades u omisiones" en la documentación presentada para las obras, a la que ha tenido acceso ElPlural.com.

El proyecto de reforma, declarado responsablemente por González Amador el 4 de agosto de 2022, incluía la demolición de paredes no estructurales, sistemas de saneamiento, electricidad, suelos, alicatados y sanitarios de baños, mobiliario de cocina y falsos techos. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid suspendió las obras al constatar errores significativos en los documentos aportados, de acuerdo con un informe técnico del 5 de agosto de 2022, siguiendo el artículo 29.2 de la OLDRUAM y sus implicaciones según el artículo 30 del mismo reglamento.

Así, como resultado, se ordenó la detención inmediata de las obras, con la posibilidad de que se exija a González Amador restaurar la propiedad a su estado anterior, conforme al artículo 30 de la OLDRUAM.
El Ayuntamiento advirtió a González Amador que la paralización de las obras se mantendrá hasta que no se obtenga una licencia adecuada o se presente una nueva declaración responsable que corrija las infracciones detectadas, y que sea verificada positivamente por el Ayuntamiento, según los artículos 26.1 y 34.1 de la OLDRUAM. Además, en caso de incumplimiento de la orden de paralización, se procederá al sellado de la propiedad y, si es necesario, al retiro de maquinaria y materiales.

Asimismo, el informe aclara que cualquier solicitud de obra parcial, como fases de construcción o documentos técnicos de elementos específicos, debe procesarse exclusivamente mediante licencia urbanística y no puede ampliarse ni modificarse una vez presentada la declaración responsable. Esto se menciona en relación con los intentos de González Amador de extender su declaración inicial, también documentados por este medio.

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