Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está denunciado por la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental por haber eludido de manera intencionada más de 350.000 euros a través de facturas falsas y empresas pantalla. Los hechos ya los conocemos -estos y otros no menos importantes que han ido publicando los distintos medios de comunicación, entre ellos ElPlural.com- pero, ¿cuáles son las penas tipificadas para estos delitos? ¿Cuál es la multa que podría pagar González por defraudar a Hacienda? ¿Se enfrenta a penas de cárcel?

Fraude fiscal

Por partes, el delito de fraude fiscal está recogido en el Código Penal en su artículo 305, entendiendo como tal la elusión del “pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma manera”.

Aunque no cualquier cantidad es susceptible de acarrear un fraude, sino que para que tal cosa exista el montante debe superar los 120.000 euros. Precisamente, este es el escenario en el que se encuentra la pareja sentimental de la presidenta a partir de un dinero que podría traer aparejado -según el texto jurídico- penas de cárcel de entre uno y cinco años y sanciones hasta siete veces superiores a la cantidad defraudada.

Además, aquel que haya defraudado al Ministerio Público no podrá recibir subvenciones ni ayudas públicas, y tampoco de beneficios ni incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de entre tres y seis años.

Falsedad documental

Queda tipificado como falsedad documental aquel delito en el que se altera o se simula un documento “en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial” con el objetivo de confundir al receptor del mismo.

Las penas de quienes cometan este acto dependen mucho del espacio en el que se lleve a cabo y la persona que lo realice. Así las cosas, si el delito se comete en documento público o mercantil, la persona se enfrenta a una prisión de entre seis meses y tres años.

Los artículos que rigen este castigo son los 390 y 391 el Código Penal, que se refieren explícitamente a penas de prisión de “tres a seis años”, así como “multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años”, en el caso de que sea un funcionario público el que cometa el delito en el ejercicio de sus funciones.

Las penas se alargan a las personas que no sean responsables directas de la falsificación, pero de algún modo hayan utilizado los documentos para operar a sabiendas de que son falsos. “Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciera uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso”, figura en el mencionado texto; que contempla también multas monetarias.

Alberto González Amador está acusado por Hacienda por inflar los gastos con la clara intencionalidad de declarar menos y rebajar la factura fiscal de las dos compañías de las que es propietario la 100%, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering.

Según consta en la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, la pareja de la responsable de Sol habría defraudado el impuesto de sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla. Las cantidades que eludió González son de 155.000 euros en el primer año y más de 195.000 durante el segundo, lo que hace un total de más de 350.000 euros. La multa máxima por el conjunto de delitos podría superar los dos millones de euros.

Otras cuestiones del caso González Amador

Dentro del caso de González Amador, que la presidenta de la Comunidad de Madrid niega, se desprenden varias cuestiones y aparecen nombres de otra empresas y/o delegaciones de las que se ha hecho eco ElPlural.com; como la compañía de Panamá que administró hasta 2022, año posterior al fraude, o las dos delegaciones de Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering que tiene en la ciudad de León, tal y como contó en exclusiva este periódico.

En otro orden de cosas, a lo largo de la semana se han ido conociendo los detalles del piso que la pareja comparte -aunque fue adquirido por él- en el madrileño barrio de Chamberí después de los delitos, o el Maserati de empresa del que la propia Ayuso presumía y que debe multas e impuestos al Ayuntamiento de Madrid.