El de Caixa Galicia y la liquidación, primero de las cajas de ahorros de Ourense, Vigo y Pontevedra -ya unidas en CaixaNova- para dar paso a la ruinosa Nova CaixaGalicia, es quizás uno de los mayores escándalos que ha vivido Galicia en los últimos años. Por extensión, además, se trata de uno de los que más dolores de cabeza ha provocado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, desde que en marzo de 2009 ganara sus primeras elecciones autonómicas.

Fue en ese año, precisamente, en el que se pergeñó toda la operación a la que ahora la Audiencia Nacional pone nombre y apellidos en forma de auto dictado el primer día de este mes y del que se ha hecho eco el Faro de Vigo.

En él, el órgano judicial, analiza al fusión de las cajas gallegas y extrae una serie de conclusiones que no dejan en buen lugar a varios organismos, empezando por el Banco de España y acabando en la propia Xunta de Galicia.

La Audiencia concluye que los alrededor de 9.000 millones de ayudas de carácter público que fueron necesarios para materializar la fusión de las cajas gallegas, en realidad se debieron a la mala situación financiera de Caixa Galicia. Esto se sabía, pero es la primera vez que este órgano judicial lo clarifica en un auto.

La inyección de dinero público se produjo en el año 2010. Antes, a finales de 2009, con el empeño de la Xunta, se forzó una unión a la que se oponían las otras cajas (Ourense, Vigo y Pontevedra) que ya negociaban para sumarse al proyecto que hoy es Liberbank y que ahora mismo se encuentra en negociaciones con Unicaja.

El motivo de la oposición por parte de las otras entidades a sumarse al ‘gran banco gallego’ se debía a los malos datos que arrastraba Caixa Galicia y que, además de ser vox populi en medios periodísticos, eran conocidos en ámbitos financieros.

Ahora, la Audiencia Nacional, a raíz de un caso que se sigue contra la antigua caja, llega a señalar que esta operación se materializó, fundamentalmente, por “la situación económica financiera en la que se encontraba Caixa Galicia antes de la fusión”. Incluso, en base a informes que se mencionan en el auto, indica que “CaixaNova —la entidad alumbrada tras la unión de las cajas de Vigo, Orense y Pontevedra- nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia”.

Una fusión 'obligada'

El juicio de valor o la “opinión”, como califica estas afirmaciones El País, adquiere una relevancia destacada por varios motivos. Uno de ellos, que Caixa Galicia siempre se consideró muy conectada con el Ejecutivo autonómico; otro, la casi ‘obligación’ de fusión al resto de cajas gallegas que se vio como un intento claro de salvarla a toda costa.

El resultado fue el hundimiento de todas las cajas de ahorro gallegas por una operación criticada desde diferentes sectores y sobre la que, la Audiencia Nacional pone el foco apuntando a la Xunta de Galicia, principalmente.

Mucho se ha hablado del fiasco en la gestión política de Cajamadrid que desembocó en una intervención estatal multimillonaria. En volumen de dinero quedó atrás el caso gallego, pero en términos de escándalo financiero y económico sus cifras fueron también más que llamativas. Así, la fusión de Caixa Galicia con Caixa Nova (cajas de Vigo, Ourense y Pontevedra) se materializó en 2010, dando lugar al nacimiento de Nova Caixa Galicia.

La Xunta se apoyó en un informe de la auditora KPMG que supuestamente confirmaba la viabilidad futura de la unión. Sin embargo, la auditora negó que su informe fuese un aval para la fusión.

Apenas 3 años después la entidad resultante fue a la quiebra y en una operación muy controvertida por todo lo que la rodeó, se hizo con ella el empresario venezolano Juan Carlos Escotet por un importe de poco más de 1.000 millones de euros. El Gobierno de Feijóo aplaudió la operación porque en teoría suponía que Galicia no perdía su banco.

En la práctica, significó que 8.000 millones de los 9.000 públicos que se inyectaron para sanearla en 2010 se fueron al limbo. Así nació Abanca, un banco que, por ahora, mantiene su sede en Galicia (y Caracas, donde se encuentra la de la empresa matriz).

En 1993, Manuel Fraga, siendo presidente, habló de la posibilidad de crear un banco público gallego. 20 años después, Núñez Feijóo, en el inicio de su segundo mandato al frente de la Xunta asistió al final de las entidades financieras más arraigadas en Galicia.