En estos tiempos de COVID, en los que las distintas administraciones regionales mantienen la carrera por ser la primera en poner en marcha este o aquel sistema novedoso, o el procedimiento más rápido para ayudar a los afectados, la Comunidad de Madrid, con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza se lleva la palma. Al margen de su 'insumisión' enfermiza frente a las medidas adoptadas por el Gobierno central o su afán por ser tratar de acaparar titulares, con el nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal ha alcanzado su cenit.
En realidad, este centro inacabado, a la luz de lo que manifiestan los expertos en salud pública, los sindicatos médicos y los representantes del colectivo de enfermería no solo no es necesario, sino que pondrá aún más piedras en el sistema sanitario de una región que ya arrastra los recortes de la crisis y, sobre todo, de los intentos privatizadores iniciados por Esperanza Aguirre.
La que fuera durante varios lustros presidenta regional prometió, al comienzo de su liderazgo, la construcción de una serie de hospitales. Cumplió su promesa, pero con una serie de criterios que se salían del guion del Estado del Bienestar y ponían en riesgo la sanidad públcia. El principal, la propiedad de los centros. No era nada nuevo.
Feijóo, alumno aventajado
De su edificación se encargaría empresas constructoras, así como de la gestión, de forma directa o indirecta, de muchos de sus servicios. En manos públicas quedaba el personal. El negocio ¿redondo? A la vista del canon que en todos estos años han tenido -y lo que queda- que pagar los madrileños por cada hospital y la escasez de recursos humanos y técnicos que presentan, parece que es negocio... para las propias empresas.
Alberto Núñez Feijóo para muchos es un alumno aventajado de la llamada en su momento lideresa. Ahora mismo, pocos dirigentes del PP, a pesar de que tanto Pablo Casado, como la propia Ayuso son cachorros de Aguirre -en su momento, incluso, sus protegidos-, quieren verse relacionados con la ex presidenta madrileña, algo que hasta caer en desgracia no era así.
En el caso del gallego, a pesar de que muchos lo encumbran por ser ejemplo de gestión durante la pandemia, muchos trabajadores y usuarios del Servizo Galego de Saúde, SERGAS, llevan años reivindicando mejoras y la necesidad de que se reviertan los recortes. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública se ha dedicado en los últimos años a denunciar esta situación.
De nuevo, al igual que en el caso de Esperanza Aguirre, a Feijóo le persigue un hospital, inaugurado hace cinco años y que presta servicio en la zona sanitaria donde se sitúa la ciudad más poblada de Galicia: el centro hospitalario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Su inauguración en 2015 fue seguida de protestas, encierros de los trabajadores y de quejas de los usuarios.
Feijóo, desde el primer momento, lo 'vendió' a bombo y platillo como la joya de la corona del sistema sanitario gallego. Pero su modelo era una copia del de Aguirre, tal y como informó ELPLURAL.COM en su momento.
Ahora, en plena pandemia y mientras da la impresión de que el PP gallego vuelve a apostar por lo público con “los presupuestos más altos de la historia” con incremento notable en sanidad pública, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y la plataforma SOS Sanidade Pública de Vigo vuelven a llamar la atención sobre la “gestión privada” de este centro que presta servicio a más de 600.000 personas.
Hospital ¿privado?
Según recordaron estos días, cuando la Xunta de Galicia decidió optar por el modelo Aguirre y concedió la construción y gestión del citado hospital a una “unión de bancos, constructuras y gestoras sanitarias”, significó un “tremendo negocio” para ese conglomerado y “un mal negocio para la Xunta y todos los gallegos”.
Argumentan los defensores de la sanidad pública gallega que Concessia, el nombre de ese conjunto de empresas, “recortaron los recursos contemplados en el contrato de concesión firmado con el SERGAS” con el objetvo de “incrementar sus ganancias”, eso sí, con la complicidad del Ejecutivo presidido por Feijóo.
Los hospitales de la lideresa madrileña, según se denunció en su momento ante los tribunales, podría haber conllevado un sobrecoste de más de 1.200 millones de euros.
Este hecho también se ha dado, indican desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, en el hospital vigués. A su juicio, “la colaboración público-privada” para levantar estas instalaciones supuso también un sobrecoste “para las arcas públicas gallegas, puesto que paso de 450 millones de euros a 1.350 millones a pagar en 15 años”.
El negocio para las empresas concesionarias parece claro. El riesgo solo lo asume el propio sistema sanitario gallego, según la Asociación y la Plataforma, además de los usuarios. Esto se debe a que, desde la perspectiva lícita de generar ingresos, se producen movimientos societarios que van en detrimento del servicio que se presta, en este caso, la sanidad pública.
De este modo, en los últimos dos años se han producido cambios en el accionariado de la concesionaria privada, con venta de participaciones en 2019 al “fondo buitre luxemburgués River Rock”. A este movimiento hay que sumar la entrada en la propiedad, tras la compra de un 43% del accionariado de Concessia “por parte de Meridiam, grupo inversor multinacional con sede en Francia”, explican desde la Asociación.
La conclusión, a su juicio, es clara y se resume en que estas “maniobras especulativas a cuenta de los recursos sanitario públicos, gracias a la colaboración público-privada permitida por Feijóo, han supuesto sobrecostes brutales para el SERGAS, recortes en el proyecto, problemas asistenciales para la población del área de Vigo y un negocio redondo para las empresas concesionarias”.
La semana pasada, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volvía a hacer un anuncio de los que copan titulares, la licitación del “gran Montecelo”, el nuevo hospital que sustituirá en Pontevedra al ya existente y que requerirá una inversión de 130 millones de euros.
De lo que no se ha hablado todavía es del modelo de gestión que tendrán las nuevas instalaciones. Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública advierten de antemano a la administración regional de que “no permitiremos que se desmantele el sistema sanitario público en Galicia”.
