En las próximas horas los habitantes de Ourense, tercera ciudad de Galicia en población, verán restringida su movilidad. La medida la ha anunciado la Xunta y se debe a que, aunque la región mantiene unos niveles de contagios mucho menos importantes que otras Comunidades Autónomas, la capital ourensana ha experimentado un incremento más que destacado.

Y no será solo la ciudad de las Burgas a la que afecte esta situación. También las medidas restrictivas entrarán en funcionamiento en el municipio de Barbadás. Además, Verín, el Barco de Valdeorras y la comarca de O Carballiño.

Lo curioso de la decisión es que se produce después de que el Gobierno gallego hubiese votado en contra del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre las acciones comunes a adoptar en todo el país. Este protocolo, que además de una cifra se aprobó con el voto favorable de todas las CCAA excepto Cataluña, Madrid, Galicia y Andalucía.

Muchos, incluso en el seno del PP, no entendieron la postura de Núñez Feijóo y su equipo en términos sanitarios y la situaron en una perspectiva política y de partido. Lo que ocurre es que la decisión adoptada ahora en Ourense por la sanidad gallega y que entra en vigor en las próximas horas, parece una contradicción con el voto en contra en la citada reunión de consejeros de Sanidad de todo país.

En este ámbito se puede entender lo dicho esta misma mañana en la rueda de prensa celebrada en Santiago para explicar los motivos que llevan a adoptar las restricciones en Ourense capital y otras localidades próximas.

La primera impresión es que, de alguna manera, la comparecencia ha sido para justificar las acciones adoptadas en varios concellos de la provincia gallega fundamentadas en la “prevención y la anticipación, además de en criterios técnicos”. Así lo dijo el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que aunque dio explicaciones ante los medios para informar de las “conclusiones” de la reunión del Comité Clínico que se encarga del seguimiento de la pandemia, el caso de Ourense copó buena parte del interés.

Recordó que la medida que entra en vigor a las 00:00 horas del jueves ya se adoptó en A Mariña lucense allá por el mes de julio, debido al incremento de los contagios.

A través de videoconferencia en la rueda de prensa participaron dos doctores miembros del Comité, Sergio Vázquez y Tato Vázquez. Ambos subrayaron la importancia de que se “respeten” las restricciones de movilidad que no suponen “un confinamiento”. Es decir, lo mismo que se ha llevado a cabo en Madrid con datos mucho peores de contagios y que, sin embargo, la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso continúa con su oposición, recurriendo incluso a la Audiencia Nacional.

Desmarcarse y justificarlo

Tal vez con el objetivo de desmarcarse de las acusaciones de contradicción que pueden recaer sobre la Consellería de Sanidade, el Sergas (Servizo Galego de Saúde) y el propio Feijóo por su posicionamiento contrario a este tipo de restricciones, el comunicado posterior a la comparecencia de hoy hace hincapié en que “el Comité Clínico hace recomendaciones basadas en criterios científicos, con medidas que no tratan de castigar a nadie, sino evitar el contagio”.

Aún más llamativo es el último párrafo de la nota enviada a los medios. En él señala la Xunta que la intención de la sanidad gallega es actuar de manera “más selectiva”, de ahí que “frente a las medidas adoptadas para toda la Comunidad Autónoma desde el principio” de esta crisis sanitaria, “se quiere ahora acotar lo más posible, pudiendo restringir y regular determinadas actividades ya no por áreas sanitarias, sino por ayuntamientos, cidades o, incluso, barrios”.

Por cierto, que el gerente del Sergas, José Álvarez, también presente en la rueda de prensa, afirmó que en la actualidad la capacidad asistencial, tanto de camas, como de UCI, está “garantizada” en Galicia.