Hace ya más de diez días desde que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la ley de la vivienda, pero las críticas por parte del Partido Popular continúan. Los anuncios del Gobierno en esta materia -el último este mismo fin de semana sobre la concesión de avales de hasta el 20% para la compra de un primer inmueble para jóvenes y familias con menores a cargo- son consideradas por la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo como "falsas promesas". En este sentido, el grupo parlamentario popular ha emprendido una batalla para adelantar a otros partidos y va a llevar al Pleno de este miércoles la reprobación a la ministra de Transportes y Vivienda, Raquel Sánchez, por sus "políticas erráticas" y anuncios "electoralistas". Pero también va a aprovechar para defender algunas de sus propuestas con la mirada puesta en los comicios del 28 de mayo.

El PP ataca con vivienda

A tan solo 20 días de las elecciones municipales y autonómicas, la vivienda se ha convertido en el arma electoral por excelencia. Mientras el PSOE defiende la necesidad de "convertirla en el quinto pilar del estado de bienestar" -este lunes lo ha vuelto a hacer Pedro Sánchez en una reunión con colectivos del sector-, los populares insisten en intentar hacer frente a los anuncios del Ejecutivo con críticas y también con sus propias promesas. Y es que el PP asegura que las propuestas socialistas responden a un interés "electoralista" al tiempo que reclaman medidas contra el "problema" de la okupación. De esta forma, la formación va a llevar a votación al Pleno del Congreso de esta semana una moción para denunciar la "política errática" del Ejecutivo que pasa también por la reprobación de la titular de Transportes y Vivienda, Raquel Sánchez.

Esta no es la única petición de reprobación de la que es objeto la ministra por parte de la oposición. De hecho, esta misma semana llega al Senado otra solicitud en este sentido a cuenta del "colapso del sistema" de los Rodalies en Cataluña firmada por ERC, que también exige la transferencia de todas las competencias del Cercanías a la Generalitat para dar solución a los problemas que -dicen- desde hace años está experimentando este transporte en la región. Así lo advirtió el portavoz del partido catalán, Gabriel Rufián, durante el último pleno, en el que denunció que "en solo un día se quedaron tiradas 80.000 personas" y "son muchos días perdidos en un andén" con enfrentamiento con Sánchez de por medio.

También Vox intentó censurar a la ministra hace un mes por la polémica de los trenes que no entraban por los túneles en Cantabria y Asturias, pero su propuesta no recibió el visto bueno de la Comisión de Transportes y, por lo tanto, no pudo avanzar en la Cámara Baja. Ahora, la que lidera el PP está focalizada en la política de vivienda del Ejecutivo a la luz de las sendas iniciativas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en un principio esto no era así. En un primer momento la solicitud estaba centrada en los problemas de los Cercanías, especialmente en la Comunidad de Madrid, que finalmente han modificado para enfocarlo hacia este asunto, clave a pocos días de dar comienzo a la campaña electoral.

Okupación y ayudas, pero diferentes

En este contexto, el grupo parlamentario popular critica en la exposición de motivos de esta iniciativa elevada al Congreso tan solo un día después de la aprobación de la ley de vivienda tanto la propia norma como el acuerdo alcanzado con ERC y EH Bildu días antes. A su juicio, las medidas contempladas y avaladas va "en contra de los particulares" y "supone menoscabar y desvirtuar el derecho a la propiedad privada", lo que "sí es un derecho fundamental". Así, la formación no solo denuncia las diferentes ayudas por parte del Ejecutivo, especialmente por el presidente Sánchez sobre la Sareb, el parque público o los inmuebles en suelos del Ministerio de Defensa, sino también insisten en "el problema de okupación" y la falta de actuaciones "para solucionarlo".

"Sánchez está reprometiendo lo que ya había prometido y no ha sido capaz de cumplir en estos años" o "a los españoles y jóvenes no se les puede engañar con falsas promesas emitidas desde la plataforma mediática del poder" son algunas de las denuncias que trasladan en el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com para justificar su moción, en la que acusan al dirigente socialista de llevar a cabo "políticas erráticas, ineficientes e insuficientes" mientras los precios de los alquileres suben y "cada día se producen 50 nuevas ocupaciones". De esta forma, los populares aprovechan estas críticas para poner sobre la mesa algunas de sus propuestas, "medidas realistas y eficaces", reza en el texto de la moción. Así también lo ha dicho este lunes en una entrevista la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

Entre sus proposiciones, los populares instan en primer lugar al Gobierno a impulsar las negociaciones "entre fuerzas constitucionalistas" de las Cortes y "los tres niveles de la administración" para firmar un Pacto de Estado por la Vivienda para poner a disposición más vivienda en el mercado, "lo que es incompatible con lanzar mensajes negativos a los propietarios de inmuebles, no protegerles o señalarles con el dedo porque parece que es malo tener un piso". Para ello, los de Feijóo proponen un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca que soliciten los jóvenes "solventes pero que carecen de ahorro previo". Un montante que está por debajo del 20% anunciado este fin de semana por el líder de la coalición y forma parte de las diferencias entre ambos modelos.

1.000 euros y más Bono Joven

Además, también proponen una ayuda de 1.000 euros en un único pago y de forma progresiva en función de la renta para la emancipación de los jóvenes "que podrán destinar a gastos objetivos", o la ampliación del presupuesto del Bono Joven para el alquiler ya que, a su juicio, "la última convocatoria ha dejado sin ayuda a miles de jóvenes". Estas dos últimas, muy criticadas por el partido cuando el Ejecutivo las anunció. Asimismo, apuestan por "reforzar" la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles "ante el incremento de la okupación", y por la "vivienda social" o el alquiler asequible. Esto último, eso sí, "en colaboración público-privada". Pero especialmente centrados se han mostrado en el fenómeno de los okupas, para lo que proponen reformas legislativas.

En este sentido, la formación plantea el desalojo en un máximo de 24 horas "desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia" en esta casa, un desalojo que sería "inmediato en caso de flagrante delito". Además, los populares plantean "excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado", aumentar las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel o considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal. Asimismo, piden "legitimar a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas" y "acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas".

Para terminar, el partido pide al Ejecutivo que contemple la devolución de las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio durante todo el tiempo que dure esta usurpación -algo que también plantea Vox- así como considerar la vivienda ocupada ilegalmente como "residencia habitual" de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión para que "esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales". Cabe destacar que la coalición está llevando a cabo una reforma legal a través del Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia que contempla agilizar el desalojo ante ocupaciones ilegales en casos de allanamientos que todo parece apuntar que el PP no quiere apoyar.