La vivienda nunca ha dejado de ser un problema en España, pero en pocas ocasiones se dan las circunstancias para que la clase política decida posicionarla en el centro de la agenda. Este es uno de esos momentos, tal y como evidencian el acuerdo para la ley de Vivienda alcanzado entre el Gobierno de coalición y sus socios habituales o los dos anuncios de liberación y construcción de inmuebles para alquiler asequible (50.000 de la Sareb y otros 43.000 más anunciados por el presidente del Gobierno).
La importancia de la temática se incrementa según se aproximan las elecciones muncipales y autonómicas, tanto que hasta el Partido Popular ha hecho una propuesta en una materia en la que construir más y liberalizar suelo acostumbran a ser sus únicas líneas a seguir, con las consecuencias que eso tiene y ha tenido. No va mucho más allá el documento presentado por los populares en este sentido, pero suma recetas que requieren un determinado escrutinio y su enfrentamiento con los aspectos recogidos por la propuesta progresista. Las principales diferencias, expuestas a continuación, se presentan en el a quién: proteger a los más vulnerables y garantizar su acceso a una vivienda digna o dar más incentivos fiscales y garantías a grandes propietarios y confiar en que, esta vez sí, esto funcione.
¿Qué hacer con los alquileres disparados?
En este aspecto, la propuesta del Gobierno es clara: regular y topar los precios en las zonas tensionadas, sean propiedad de grandes o pequeños tenedores, tanto para inmuebles nuevos en el mercado como para los ya presentes. Las formulas serán diferentes, siendo a través de la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
Tampoco se podrán renovar anualmente los contratos conforme al IPC, sino que podrán incrementarse, como mucho, un 2% en 2023, un 3% en 2024 y, a partir de entonces, se diseñará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC. Los gastos y honorarios inmobiliarios correrán a cargo del propietario, no se podrá aumentar el alquiler con nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permiten descolgarse de estos pretextos con un acuerdo entre las partes. Además, centrado en los tenedores, también se establecen una serie de incentivos para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler.
Para que una zona sea considerada tensionada deberá cumplir uno de los dos (o los dos) requisitos establecidos en la norma -que la carga del coste más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media o que el precio se haya encarecido tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración como zona tensionada-. Más del 60% de los hogares españoles cumplen alguno de estos dos requisitos. Ahora bien, el problema con el que se encuentra el Ejecutivo es que, por motivos de competencias, la declaración de estas zonas como tensionadas depende de los gobiernos autonómicos y los dirigidos por el PP ya han anunciado que no lo aplicarán y que recurrirán la ley ante el Constitucional.
Las propuestas del Partido Popular, anunciada esta semana por Alberto Núñez Feijóo, rehúyen totalmente cualquier medida que suponga un tope o regulación al precio de los alquileres, sean de grandes o pequeños propietarios e independientemente de la zona. Por el contrario, propone que el Gobierno correspondiente avale la fianza del alquiler a los jóvenes, lo que en la práctica solo es una protección a los propietarios en caso de impago, ya que, el alquilado afrontará los mismos gastos; si bien es cierto que incentiva a los tenedores a la entrada, al sustentarse en cuentas públicas posibles impagos, pero no aborda ni controla el precio con el que el inmueble salte al mercado. Esto dependerá de los gobiernos de cada territorio.
Otra de las medidas estrella es la concesión de un cheque de 1.000 euros, en un solo pago, a jóvenes menores de 35 años que cobren menos de 40.000 euros. Este bono deberá ser destinado al acceso a la vivienda, sea para la compra o para el alquiler, una cantidad que supondría en torno al 2% de la entrada media exigida para una hipoteca y escasos dos meses de un alquiler en una zona como Madrid. Además, los populares proponen ampliar el Bono Joven al alquiler, que criticaron duramente tras ser aprobado por el Gobierno de Sánchez, pero no dan más detalles todavía.
El grueso de las medidas de los de Feijóo para abordar la problemática del alquiler se centra en conceder incentivos fiscales a los tenedores, es decir, reducir impuestos y dar beneficios a los propietarios. La más sonada de este paquete es la “deducción fiscal a los arrendadores en relación con las rentas generadas en alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual”, poniendo especial atención a los jóvenes. Incentivos a un menor de 35 años que tenga un piso en propiedad para alquilarlo, algo que algunos señalarán como un ejemplo de desconexión del PP con la realidad y otros, más sagaces, como una muestra clara de pertenencia de clase que revela quiénes son los destinatarios de esta ley.
Parque público de vivienda
Otro aspecto con grandes discrepancias entre ambos bloques es la definición de un parque de vivienda pública. En España el conjunto de viviendas con alquiler social incluidos en estos parques se sitúa en torno al 3%, siendo uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea y lejos de Países Bajos (34,1%), Austria (23,6%) o Dinamarca (21,4%). En esta materia, y con la pretensión de alcanzar un 20%, el Gobierno pretende proteger los ya existentes y prohibir su venta a fondos de inversión.
A su vez, se han liberalizado 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible y se han anunciado la construcción de otras 43.000 viviendas para la misma función. Por el momento, de las 50.000 se encuentran habitadas 14.000, 9.000 de ellas por personas vulnerables con un alquiler asociado a renta; otras 21.000 se entregarán a las CCAA y ayuntamientos, de las que 9.000 ya estas disponibles para habitar y 12.000 tienen que ser acondicionadas por su desuso, para lo que el Gobierno establece un plazo de entre seis meses y un año. Las 15.000 restantes, de igual manera que las 43.000 anunciadas este miércoles, deberán construirse.
En este aspecto, el PP no habla de ampliación. Por el contrario, sugiere la “simplificación del concepto de vivienda protegida, de tal forma que sea considerada como tal aquella que cuente con algún tipo de protección pública”. Una especie de trampa al solitario que haría aumentar el porcentaje de vivienda protegida, pero tan solo por reducir los requisitos para que un inmueble sea considerado como tal. Además, propone que los módulos de vivienda protegida se actualicen indexados al IPC, que en 2022 alcanzó un 8,5%.
El principal apoyo de los populares se centra en la “colaboración público-privada”. En esta línea, propone ceder suelos para la construcción de más vivienda a través de la inversión privada, lo que aseguran reduciría el precio. Los conservadores ponen como ejemplo la política acometida por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, donde los alquileres (en la ciudad) se encarecieron un 4% tan solo en el último trimestre de 2022, un 12,3% en todo el pasado año (10,6% en el conjunto de la provincia).
Okupas, okupas, okupas
Ni una sola mención aparece en el documento del PP a los desahucios (105 diarios), que el pasado año dejaron a 38.266 familias en la calle. Sin embargo, sí reflejan un apartado concreto para el supuesto “incremento de la okupación” que, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que se nutre de los datos de Policía y Guardia Civil, se redujo un 3,2% en 2022 y se situó en los 16.726. No obstante, el PP propone desalojos en 24 horas, lo que ya sucede si la casa involucrada es la vivienda habitual, la segunda vivienda o incluyo aquella con contratos de suministros, al considerarse esto un allanamiento de morada.
De extenderse más allá de esto, los beneficiarios serían bancos y fondos buitre, principales propietarios (más del 80%) de los pisos okupados. Curioso es que este epígrafe sea el que cuenta con más subapartados en la propuesta del PP, por delante de los alquileres, las hipotecas o el parque público de vivienda. Endurecer las penas, un teléfono de atención 24 horas o la creación de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal son algunas otras propuestas que incluyen.
Por su parte, el Gobierno y los socios sí abordan los desahucios profundamente y obvian la ficción en torno a las ocupaciones. ”Se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada”, lo que es una demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos. También “se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables”.
Además, se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias. Este aspecto dependerá también de las CCAA y ayuntamientos, que contarán con nuevos instrumentos para acabar con la lacra de los desahucios.
