La necesidad de contar con una ley de Vivienda que regule el encarecimiento del pago del hogar es una realidad que no solo reflejan las cuentas de las familias a fin de mes. Los datos revelados por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics muestran que más del 60% de hogares españoles se encuentran en zonas residenciales tensionadas, atendiendo a los criterios definidos por la nueva norma para dicha consideración. Un total de 13 millones de hogares ubicados en códigos postales en los que el avance de los precios ha ido más allá de lo que el bloque de Gobierno considera aceptable.

Dos criterios han quedado reflejados en el nuevo marco de vivienda, definido tras alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo de coalición y los socios habituales (EH Bildu y ERC): que la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca más los gastos y suministros necesarios para vivir superen el 30% de la renta media de los hogares; o que el precio del alquiler o la compra de la vivienda haya aumentado tres puntos por encima del IPC (Índice de Precios de Consumo) en los cinco años previos a la declaración de la zona como tensionada. Cabe destacar que únicamente es necesario cumplir uno de los requisitos para entrar dentro de este grupo.

2.300 códigos postales afectados, donde vive más gente

Los datos presentados por la consultora inmobiliaria, basado en datos públicos y privados, recogen un total de 2.298 códigos postales que podría acogerse bajo el paraguas de protección de las zonas tensionadas. Si bien esta suma tan solo alcanza el 17% del total de códigos, lo cierto es que son justamente aquellos en los que residen más gente. Las principales áreas metropolitanas son parte de los casi 2.300 códigos, de igual manera que las capitales de provincia. De hecho, ninguna de las 50 provincias se libra de contar con zonas tensionadas.

Diferenciando entre provincias, destaca Barcelona con 198 códigos postales tensionados, seguida de Madrid, con 179, y Baleares (138). Valencia y Málaga completan el ranking de las cinco primeras con 116 y 111 zonas, respectivamente. No obstante, la clasificación varía si se atiende al porcentaje de población ubicado en los distritos en los que se cumple alguno de los requisitos. En este caso destaca Baleares, donde el 94,7% de la población reside en una de estas zonas. A continuación, aparecen Madrid, con un porcentaje cercano al 90%, y Barcelona y Cádiz, que superan el 80%.

De las cinco provincias más pobladas del país el dato más bajo lo marca Sevilla (63,7%) y se evidencia la diferenciación con la España vaciada, donde el 80% de los códigos postales no podrán recibir la denominación. Aun así, tan solo las provincias de Valladolid y Palencia suman menos de un 10%. En el conjunto del país, las zonas costeras e isleñas son las que más porcentaje reúnen, mientras que las de interior, a excepción de provincias como Navarra o Zaragoza, aúnan menos zonas.

Atendiendo a los requisitos, tan solo 516 códigos postales cumplen con los dos requisitos establecidos en la ley para la declaración, mientras que 1.387 podrán recibir la denominación por excederse el 30% del esfuerzo destinado a la vivienda y 395 por el aumento de los precios más de tres puntos por encima del IPC. En la aplicación práctica, es indiferente que una zona cumpla ambos requisitos o únicamente uno.

En manos de los gobiernos autonómicos

Una vez declaradas zonas tensionadas, los residentes de estas áreas podrán beneficiarse de los puntos establecidos en la ley. Los precios de los alquileres, independientemente de que estén en manos de pequeños o grandes propietarios, podrán ser regulados y topados sean estos nuevos en el mercado o entren por primera vez. Para ello, se indexarán a la renta anterior en vigor, para los pequeños propietarios, o se verán afectados por la aplicación del índice de contención de precios, para los grandes tenedores. Además, el IPC deja de ser el índice de referencia para actualizar la renta anual, pasando a ser un 3% en 2024 (en 2023 ya estaba fijado un 2%) y definiendo un nuevo índice que entraría en vigor en 2025.

Estos beneficios, de igual manera que otros contemplados en la ley, dependerán del proceder de los gobiernos autonómicos. Para aquellos ciudadanos que residan en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular todo apunta a que no cambiará nada tras la aprobación de la ley, ya que, como ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, “recurrirán al Constitucional” la norma y “no la aplicarán”. En este sentido, serán los presidentes de los territorios que se nieguen aplicar el avance en esta materia, al tener estos plenas competencias, los que tendrán que dar explicaciones a las miles de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler.

Vivienda de la Sareb para alquiler social

A la normativa de vivienda se ha sumado ahora el anuncio de la liberación de 50.000 inmuebles de la Sareb para alquiler asequible y la construcción de otros 43.000 que el presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles y que se sumarán a las 100.000 viviendas sociales ya contempladas en el Plan Estatal de Vivienda. De las 50.000 propiedad del banco malo, 14.000 de ellas ya se encuentran ocupadas, 9.000 de ellas por inquilinos considerados vulnerables y que disfrutan de un alquiler adaptado a renta. Del resto, 21.000 estarán a disposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas y 15.000 deberán ser construidas en los suelos también propiedad del banco malo.

 

Gran parte de los inmuebles se ubican en tres territorios, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque se extienden por el total del territorio español. Se desarrollará una estrategia para movilizar las 21.000 viviendas que se pondrán a disposición de los gobiernos municipales y autonómicos, de las que 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 se encuentran a expensas de finalizar obras de habilitación para poder acceder a vivir.