La semana pasada se hacía pública la petición de 3 años y 9 meses y 1 día de prisión por parte de la Fiscalía al empresario y novio de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales. Este lunes ha sido el turno de la Abogacía del Estado, cuyo representante solicita exactamente la misma pena de prisión así como una multa de 448.000 euros. Junto al novio de Ayuso, el defensor de la Hacienda Pública, también pide penas para los empresarios que supuestamente emitieron las diferentes facturas falsas que habría permitido al empresario cometer un fraude fiscal valorado en 350.910 euros.
Este escrito, adelantado por El País, se ha entregado en el juzgado cuya magistrada desestimó el recurso contra el auto de procesamiento del novio de la presidenta. De hecho, a González Amador, solo le queda una bala en la recámara para tratar de evitar el banquillo, y es el recurso presentado por su defensa ante la Audiencia Provincial. Si la audiencia también lo desestima irá a juicio, aunque no se descarta que pueda llegar a un acuerdo de conformidad que minimice las penas iniciales solicitadas por las partes.
Según las acusaciones, el empresario usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. Entre 2020 y 2021, según la Fiscalía, dejó de ingresar en total más de 350.910 euros, superando el umbral del delito fiscal en ambos cursos.
El origen de esta causa fue un informe de la Agencia Tributaria, que indicó que la crisis sanitaria del coronavirus, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL. El empresario intermedió en la compraventa de material sanitario, cuya actividad "dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el Impuesto de Sociedades”.
Segunda imputación
Además, González Amador también está imputado en otra pieza del caso, ya que está siendo investigado sobre si ejecutó un “soborno” a un directivo al comprar una sociedad de su mujer a un precio muy superior al mercado. Así, también se le está investigando por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.
