El Consejo de Ministros ha aprobado la medida que anunció el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la que 50.000 inmuebles de la Sareb, el banco malo, quedan liberados para ser destinados al alquiler social. Con la pretensión de hacer más asequible el acceso a la vivienda y combatir el reto que supone el pago del hogar para las familias trabajadoras, el Gobierno continúa avanzando en esta materia y suma esta iniciativa a la ya conocida ley de Vivienda, que consiguió reunir el apoyo necesario la semana pasada y verá la luz en las próximas semanas, tras superar los trámites parlamentarios, y a las 100.000 viendas sociales ya contempladas en el Plan Estatal de Vivienda.
“El acceso a la vivienda constituye una de las preocupaciones principales de los ciudadanos. La experiencia pasada y la comparación internacional muestra que el parque público de vivienda es fundamental. En España contamos con 300.000 viviendas de este tipo, lo que sería un 3%, frente al 9% de la media europea”, ha comenzado Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, la presentación de la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Impulsar el parque público de vivienda, incentivar la cohesión social y vertebrar el parque público entre territorios” son los tres pilares de la Sareb desde que paso a ser la titularidad pública y que ha querido destacar la máxima responsable económica del Gobierno
De las 50.000 viviendas anunciadas, 14.000 de ellas ya se encuentran ocupadas y, según ha anunciado la Sareb, en estos momentos se está comprobando la situación socioeconómica de los inquilinos. Por el momento, la entidad ya ha podido confirmar que 9.000 de ellos son considerados vulnerables. Del resto, 21.000 estarán a disposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas y 15.000 deberán ser construidas en los suelos también propiedad del banco malo. Gran parte de los inmuebles se ubican en tres territorios, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque se extienden por el total del territorio español.
La vicepresidenta económica ha desarrollado el proceder que se seguirá desde el Gobierno para gestionar estos inmuebles. En primer lugar, se desarrollará una estrategia para movilizar las 21.000 viviendas que se pondrán a disposición de los gobiernos municipales y autonómicos, de las que 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 se encuentran a expensas de finalizar obras de habilitación para poder acceder a vivir. En relación con las ya habitadas, la ministra ha hablado de una “gestión proactiva”, que atienda a las causas heterogéneas de los inquilinos y que cuente con un estudio intenso y planes de acompañamiento.
En estos inmuebles, se ofrecen alquileres basados en el nivel de renta a la par que se desarrollan prácticas que fomente la inclusión de personas vulnerables, a través de planes de formación o empleo, ha detallado Calviño. Por último, en lo referido a las 15.000 que se calcula se podrán construir en los sueles disponibles, la titular de economía ha presentado un “esquema de colaboración público-privada”. Además, ha detallado que, del total de activos de la Sareb, de los que “se aprovechará el 100%”, también se contemplan otras finalidades sociales, como la construcción de hospitales o colegios. “Ya ha sucedido con la venta de un terreno al ayuntamiento de Tortosa, para construir un hospital, o a la Xunta de Galicia, para la construcción de vivienda social”, ha ejemplificado.
La actitud del PP "roza la inconstitucionalidad"
Sobre las declaraciones de la oposición, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha mostrado especialmente dura con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ha presentado este martes los puntos principales de su propuesta de Vivienda y ha llamado al Gobierno a desarrollar una estrategia común. A raíz de esto, le ha recordado que los presidente autonómicos del partido que dirigen ya han anunciado que no cumplirán la nueva ley, forma que Rodríguez no considera la más adecuada para construir algo en común.
“La actitud de sus presidentes roza la inconstitucionalidad. Es inaceptable que existan presidentes autonómicos que abiertamente digan que van a saltarse la ley, aunque viendo que el jefe se salta la Constitución será marca de la casa”, ha espetado. Además, la ministra ha defendido el respeto de la norma con las competencias de las autonomías y ha emplazado a los díscolos a explicar los motivos por los que no cumplir una demanda ciudadana de auxilio.
Además, sobre las críticas por la ubicación de los inmuebles de la Sareb, fuenes de Asuntos Económicos han recordado que "los pisos están donde los compró el PP en 2012 y por el precio que los compró el PP". No obstante, ruegan también desde la cartera "no minusvalorar" la ubicación de viviendas sociales también en zonas rurales y destacan los acuerdos alcanzados en territorios como Mallorca, donde la construcción de la Ciudad de la Justicia tendrá lugar en un suelo propiedad de la Sareb.
Sequía, Doñana y la “ilegalidad” de Moreno Bonilla
El otro aspecto relevante abordado en la reunión del órgano colegiado ha sido la sequía, con un especial detenimiento en la medida aprobada por la Junta de Andalucía y que afecta a Doñana. En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado muy preocupado. “El debate no es si regadío sí o regadío no, sino un regadío sostenible”, ha comenzado, presentando una estrategia a seguir, consistente en la modernización del regadío para hacerlo más eficaz y la utilización de nuevos caudales de cara a regar los cultivos.
Una vez explicado esto, el titular de Agricultura no ha podido evitar dirigirse a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, por su política contraria a la sostenibilidad. “La iniciativa es claramente ilegal”, ha cargado Planas, que ha recordado que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenaba a España en el año 2021 por el incumplimiento de dos directivas. “También porque pretende arrogarse una competencia en materia de agua que pertenece al Gobierno, no a las CCAA”, ha añadido. En la misma línea que hiciese su compañera de Gobierno, Teresa Ribera, el ministro también ha acusado a Moreno Bonilla de pretender “distribuir algo que no existe”, lo que “también es irresponsable al crear expectativas que no se van a ver satisfechas”.
Planas ha garantizado que, si la Junta no retrocede, “cuando se completen los trámites jurídicos, se impondrá un recurso de inconstitucionalidad”. El Ejecutivo, y en especial la cartera de Agricultura, ha señalado otra preocupación que va más allá de la sostenibilidad y que podría golpear duramente al sector primario español y su economía. “Me preocupa el daño reputacional respecto a la exportación de las frutas y hortalizas de España a los mercados internacionales”, ha reconocido, a la par que ha solicitado al presidente andaluz “dar un paso atrás y evitar que se produzca tremendo daño sobre el sector y la reputación”. “Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado a la pintura; en consecuencia, este Gobierno va a hacer todo lo necesario para que esta iniciativa no se lleve a su fin”, ha concluido.
