Las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de coalición, tanto la nueva normativa que se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados como la liberación de 50.000 inmuebles de la Sareb para alquiler asequible, han vuelto a evidenciar los posicionamientos de las diferentes organizaciones y partidos políticos. Desde el Ejecutivo, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha ironizado este martes con el argumentario de aquellos que se muestran preocupados por el sector inmobiliario, como si de un colectivo vulnerable se tratara. “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que seguro que las va a tener”, ha apuntado la ministra.
Además, también ha querido dejar claro en una entrevista concedida a Antena 3 que, más allá de la rentabilidad obscena de un sector cuyo objeto de negocio es un bien de primera necesidad, el Gobierno va a situarse del “lado de la gente que vive la vivienda como un auténtico problema". La titular de una de las carteras clave en la negociación ha sido clara con el posicionamiento del Ejecutivo en referencia a quiénes son los damnificados en materia de vivienda. Las asociaciones coinciden y, aunque reprochan que las medidas no hayan llegado antes, celebran el cambio de paradigma y exigen a los partidos progresistas ir más allá y conseguir que las viviendas de la Sareb lleguen antes del 28 de mayo, fecha electoral.
Desde el otro espectro político las valoraciones no han sido positivas. Para el Partido Popular, el tope al precio y las subidas de los alquileres, la definición de zonas tensionadas, la construcción de un parque público de vivienda que alcance el 20%, la devolución de derechos a los inquilinos como no asumir el coste de inmobiliaria y comunidad o la protección de familias vulnerables que se enfrentan a procesos de desahucios son medidas de “intervención” y un “ataque” a la propiedad privada. Es más, Cuca Gamarra, la portavoz del grupo parlamentario, ha confirmado que su formación recurrirá “la ley ante el Tribunal Constitucional” y “las comunidades autónomas y ayuntamientos liderados por el PP no la aplicarán”.
Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha coincido y se ha posicionado este martes en contra de la norma por “estar trufada de una serie de medidas que van en contra del mercado y de la propia promoción de las viviendas”. “No podemos compartir es el intervencionismo en el mercado, de tal manera que, decisiones que parece muy interesantes y que nosotros consideramos populistas, van a provocar lo contrario de lo que se pretende”, ha zanjado el máximo representante de la patronal.
Defensa de los avances
A pesar de las reticencias de la derecha y los empresarios, desde el espectro de la izquierda se mantiene la defensa de una ley “justa y equilibrada”, tal y como ha apuntado la ministra de Transportes. "Esta es una muy buena medida y no es la única medida que recoge la Ley de Vivienda”, ha señalado sobre el tope al precio de los alquileres, recordando que están contempladas “otras medidas que acompañan y que pasan necesariamente por incrementar el parque público de vivienda”. En consecuencia, Sánchez se ha mostrado convencida de que la nueva norma, que deberá ser aprobada en la Cámara Baja en las próximas semanas, “va a ayudar a hacer más soportable y accesible y dar una respuesta a lo que hasta ahora ha sido un problema en nuestro país”.
“Topar el precio de los alquileres sí que es progresista”, ha defendido, respondiendo a las palabras del presidente de la patronal inmobiliaria, Joan Clos, que ha defendido lo contrario. Además, la ministra del antiguo Fomento ha recordado que la ley contempla también ayudas a los arrendadores. "No va en contra de nadie, favorece a todo el mundo, a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios, a los que ofrece incentivos fiscales para que les salga a cuenta alquilar sus viviendas a un precio asequible", ha defendido.
"Pienso sinceramente que esta Ley de Vivienda va a ser una ley que va a constituir ese quinto pilar del Estado del Bienestar, que responde de una manera absolutamente diferente al problema de la vivienda en comparación a como lo hizo el PP, que tenía un modelo de inflar, de cebar la burbuja inmobiliaria", ha criticado Sánchez. Con ella ha coincido Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha desmontado el argumentario popular que defiende solucionar el problema construyendo más. “El problema no es que no se haya construido, se ha hecho y mucho, pero la vivienda social se construía y luego se privatizaba. Con la nueva ley de vivienda, en teoría, eso se acaba”, ha expuesto.
