La vivienda continúa agrupando las actuaciones del Gobierno y así se constatará mañana en el Consejo de Ministros, donde se aprobará la última medida revelada por el presidente: la movilización de 50.000 viviendas propiedad de la Sareb para alquiler social. El anuncio de Pedro Sánchez, cuando todavía estaba dando coletazos el acuerdo de la ley de Vivienda, ha sorprendido a la parte morada del Gobierno, que no estaba al tanto de la decisión, pero ha sido recibido gratamente por el avance que supone en la materia. “Una muy buena noticia”, ha celebrado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, que tan solo ha lamentado que no llegara antes.

Tres años de negociaciones han hecho falta para que exista sintonía entre los socios de la coalición en materia de vivienda, pero, una vez destapado el tarro, parece que el Ejecutivo está dispuesto a ir hasta el final. “Esta es una medida más dentro de todas las medidas que estamos impulsando”, ha explicado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre la movilización de vivienda del banco malo, poniendo el foco en la nueva normativa. “Es la primera ley de Vivienda de la democracia, es fundamental y va a hacer posible que muchas personas puedan dar respuesta a la angustia que han vivido hasta ahora”.

Coinciden también las dos formaciones del Gobierno en que, aunque lo acordado en escasos tres días supone un gran avance, queda más por hacer. “Somos conscientes de que el problema de la vivienda pasa por constituir un parque público de vivienda asequible y que no se pueda vender ni enajenar a fondos buitre”, ha detallado Sánchez en una entrevista concedida en Al Rojo Vivo. Belarra ha coincidido en la pretensión de ir más allá y ha puesto el foco en las hipotecas, ámbito en el que siguen existiendo discrepancias entre ambas fuerzas políticas.

El PP carga contra las medidas

“Humo” es lo que para Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular, significa poner 50.000 inmuebles en régimen de alquiler social a disposición de las personas más golpeadas por la situación económica. Así lo ha declarado en una rueda de prensa concedida este lunes, en la que también ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, dará a conocer la propuesta del partido en materia de vivienda. Sémper no ha querido dar detalles, a expensas de que sea el presidente de los populares el que haga el anuncio, y por el momento solo ha transcemdido que para Feijóo la solución es “construir más vivienda”.

Entre las fuerzas progresistas no han querido darle mucho pábulo a los ataques del PP y se han limitado a recordar la gestión que realizó el Gobierno de Rajoy de la anterior crisis. “En la anterior crisis económica, en lugar de proteger a las familias, como hemos hecho en esta con el escudo social, lo que ocurrió es que se rescató a los bancos. Rescate que todavía no han devuelto y que tiene como consecuencia que exista un banco malo que tiene miles de viviendas”, ha señalado la secretaria general de Podemos. Más dura ha sido Sánchez, que ha echado en cara a los conservadores la venta de vivienda pública a fondos buitre.

Más que viviendas

La medida anunciada por el líder del Ejecutivo no posibilitará únicamente la puesta a disposición de alquileres sociales. Tal y como ha detallado Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, parte de los activos de la Sareb serán destinados a otras funciones como albergar un Hospital o un colegio. Eso sí, ha dejado claro que todo uso será social, con la intención de “aprovechar el 100%” de las propiedades del banco malo. “Todas las viviendas que están en la Sareb deberían formar parte del parque público”, ha coincidido Belarra.  

“Ya que hemos tenido que absorber su deuda, vamos a darle el mejor uso posible”, ha sentenciado Calviño, que ha detallado también el proceder que se seguirá. "Hay una parte del parque que no es adecuado para vivienda social, suelos industriales por ejemplo. Por eso desde la primavera pasada hemos estado identificando justamente qué parte del parque se puede destinar a vivienda social y viendo cómo articular acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas, también con ONGs y con entidades especializadas en el acompañamiento social", ha explicado.

Los avances alcanzados en los últimos días, de los que también han sido parte ERC y EH Bildu, "sentarán los pilares sólidos para un nuevo esquema de las políticas de vivienda en España", ha comentado la ministra de transportes, y “será el revulsivo para revalidar la confianza de la gente en mayo”, ha añadido la titular de Derechos Sociales. "Día tras día estamos llegando a acuerdos”, ha revelado Calviño, que ha celebrado la colaboración con gobiernos autonómicos como el de Valencia o Cataluña, mientras que otros como el de la Comunidad de Madrid se enorgullecen de no participar de esta política.

“Albiol (antiguo alcalde de Badalona del PP) reguló los precios en su municipio. El PP va a tener muy difícil explicar por qué no bajan los precios en Madrid y, mientras, en Barcelona, Valencia o Palma sí lo hacen”, ha lamentado Belarra, preocupada porque la decisión de Isabel Díaz Ayuso pueda perjudicar a miles de madrileños que se beneficiarían notablemente de la nueva normativa. “El PP siempre se queda atrás en derechos”, ha lamentado, asegurando que desde el Gobierno lucharán para que la ley llegue a todo el territorio.