La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, desde Cáceres, ha puesto en valor este lunes la relevancia social que supondrá la puesta en práctica de la Ley de Vivienda con el que se reconstruirá “ese parque de vivienda pública que fue desmantelado por los gobiernos anteriores”.

“Esta ley nos va a permitir dar más protección a los inquilinos y más seguridad jurídica a los propietarios, acompañando de inversión en vivienda social y asequible de alquiler”, ha empezado señalando en su comparecencia junto al candidato a la Presidencia de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, desde Cáceres. De este modo, y gracias a los activos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), el Gobierno “conjugará el objetivo de maximizar las ayudas con la función social de la vivienda y 50.000 viviendas habilitadas gracias a los Fondos Europeos Next Generation”.

En estos términos, la vicepresidenta del Ejecutivo de coalición se refiere a la Ley de Vivienda como una “política útil, seria y responsable” que va encaminada a resolver los problemas más preocupantes de los españoles, especialmente de las generaciones jóvenes: el acceso a la vivienda.

Y es que ha sido en esta línea como ha tirado de hemeroteca para rememorar cómo gobiernos anteriores operaron a este respecto y, en comparación, como se está gestionando ahora: “Bienvenidos aquellos que ahora descubren que es importante la política de la vivienda después de haber desmantelado el parque público de vivienda durante décadas y haber hecho todo lo posible porque no desarrollásemos esta agenda ambiciosa que piensa en el interés de los ciudadanos”, ha señalado.

Calviño recuerda las medidas de Feijóo en materia de vivienda en Galicia

Alberto Núñez Feijóo ha sido el principal punto de su valoración debido a que ha recordado que, cuando el líder del PP Nacional era presidente de la Xunta de Galicia, su labor fue “reducir a 3.000 las viviendas sociales que se construyeron en toda una década, frente a las 27.000 que se estaban construyendo en la década anterior”: "Esa es la política de vivienda del señor Feijóo, dividir por nueve la vivienda social y de ellas prácticamente ninguna para alquiler justamente para apoyar a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social", ha lamentado.

Es así como ha recordado que desde que Pedro Sánchez asumió los mandos en Moncloa allá por 2018, se han impulsado “distintos mecanismos que culminan con la Ley de Vivienda, que próximamente se va a aprobar” y con el que se podrán reconstruir “las viviendas sociales, el parque de vivienda pública de nuestro país, que fue desmantelado por los gobiernos anteriores”, ha reiterado.

“Creo que todos nos beneficiamos de tener un gobierno sensible y que está actuando con determinación y eficacia en este ámbito de la política de vivienda”, ha concluido en respuesta a las cuestiones de los medios de comunicación desde Cáceres.

El plan de Sánchez y el papel de la Sareb

Fue este fin de semana, durante la Convención Municipal del PSOE celebrada en Valencia, donde el presidente del Gobierno anunció que este martes el Consejo de Ministros aprobará la movilización de 50.000 viviendas en alquiler de la Sareb destinadas a “jóvenes y familias” con un “precio asequible”.

Resulta necesario matizar que el parque de la Sareb -conocido como ‘banco malo’ por las viviendas que el Estado se quedó tras el rescate a la banca de 2012, tras la crisis financiera del 2008- cuenta con 46.542 viviendas, 14.202 obras en curso y 24.619 unidades de suelo y la intención es “aprovechar el 100%” de estos activos socialmente.

De las 50.000 viviendas de la entidad que ha anunciado Pedro Sánchez, 21.000 estarán a disposición de los municipios y comunidades autónomas, se impulsará en otras 14.000 de este paquete, ya habitadas, un alquiler social y se promoverá la construcción de 15.000 viviendas en los suelos disponibles de la Sareb.

Este es el planteamiento principal del Ejecutivo de coalición, con este paquete de viviendas y la nueva ley, con el que se pretende abordar, de una vez por todas y de lleno, el encarecimiento por las nubes de los alquileres en las zonas tensionadas del país y combatir uno de los problemas más severos a los que hace frente los ciudadanos de a pie.

No obstante, su aplicación a la realidad puede conllevar algunos obstáculos que podrán dificultar las intenciones del Gobierno, ya que en algunas Comunidades Autónomas, con la Ley de Vivienda, entrará en juego el reparto competencial de cada territorio.