El consenso en torno a la vivienda ha tardado en llegar, pero desde que lo ha hecho, hace apenas tres días, las buenas noticias para la ciudadanía, no tanto para los grandes propietarios, no paran de sucederse. El viernes pasado, el campanazo de una ley de Vivienda que muchos ya daban por perdida repicó y tan solo dos días después el presidente del Gobierno ha anunciado que 50.000 viviendas de la Sareb serán destinadas a alquiler social, actuación posible gracias a que el Estado tiene la propiedad mayoritaria del banco malo.

Un año ha transcurrido desde que el Estado se convirtió en accionista mayoritario de la entidad, conocida como ‘banco malo’, a pesar de no ser un banco, por gestionar activos mayoritariamente tóxicos de las entidades financieras. Ahora, el Gobierno ha decidido hacer con esa titularidad pública lo que desde los sectores sociales más involucrados en la vivienda se venía exigiendo: dar un uso social a los inmuebles, aupando a miles de familias vulnerables que no pueden costearse una vivienda digna, y alejarlos de la especulación, evitando la transmisión de activos a fondos buitres y grandes propietarios.

¿Cuántas viviendas tiene la Sareb?

El parque de la Sareb es amplio y va mucho más allá de pisos construidos. Concretamente, el banco malo cuenta con 46.542 viviendas, 14.202 obras en curso y 24.619 unidades de suelo y la intención es “aprovechar el 100%” de estos activos socialmente. “Ya que hemos tenido que absorber su deuda, vamos a darle el mejor uso posible”. Clara y concisa ha sido Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, con esta afirmación, dejando claro que la política de vivienda ha cambiado en España.

De las 50.000 viviendas de la entidad que ha anunciado Pedro Sánchez, 21.000 estarán a disposición de los municipios y comunidades autónomas, se impulsará en otras 14.000 de este paquete, ya habitadas, un alquiler social y se promoverá la construcción de 15.000 viviendas en los suelos disponibles de la Sareb. Gran parte de los inmuebles se ubican en tres territorios: Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Tan solo en Cataluña se ubican 12.700 viviendas, más 3.780 obras en curso, aventajando en más de 10.000 inmuebles a la Comunidad de Madrid, que cuenta con 2.900 viviendas y 500 obras en proceso.

Más vivienda

Este paquete de 50.000 viviendas y la nueva ley, cuya principal intención es abordar el encarecimiento de los alquileres en las zonas tensionadas, son la apuesta del Gobierno para combatir el severo problema que supone para las clases trabajadoras afrontar el pago de su hogar. Desde luego, la manera óptima de dar respuesta a uno elevados precios devenidos del carácter especulativo y acumulativo del mercado no parece ser “construir más vivienda”, receta que ha defendido Alberto Núñez Feijóo.

El planteamiento del líder del Partido Popular es poco original, por un lado, ya que el expresidente Aznar propuso lo mismo hace 20 años, antes de que la burbuja inmobiliaria explotase; y totalmente falto de análisis, por el otro, pues sugerir que el problema de la vivienda es la falta de inmuebles disponibles no se sustenta con las estadísticas.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan el número de viviendas vacías hasta los 3,4 millones y las estadísticas europeas revelan que España es de los países con más vivienda construida per cápita y, por el contrario, tiene un porcentaje ínfimo de vivienda pública. El parque de vivienda pública supone tan solo un 3%, porcentaje que el Gobierno quiere elevar hasta el 20%. La fiebre del ladrillo, conocida sobradamente en España, no parece ser el camino que quiere elegir el Ejecutivo, consciente de la cantidad de vivienda vacía existente.

“Conjugar el interés financiero con el interés social”, es la apuesta que ha defendido este lunes Calviño. La movilización de las viviendas de titularidad pública con contratos del alquiler social es una de las formas que ha encontrado el Ejecutivo, que puede toparse con trabas en algunas Comunidades Autónomas donde los gestores han llegado a rechazar la recuperación de vivienda procedente de grandes fondos para uso público. Lo mismo sucederá con la ley de Vivienda, cuya aplicación efectiva dependerá en muchos aspectos de las CCAA debido al reparto competencial.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha anunciado que recurrirá la ley y que no tiene intención de aplicar lo que en ella se contempla. “ETA” ha sido uno de los principales argumentos de la presidenta madrileña para posicionarse en contra de una ley que busca evitar subidas desmedidas de alquileres en las zonas más tensionadas, proteger a los inquilinos en caso de desahucio o evitar cargos de costes como la comunidad o la inmobiliaria al alquilado, entre otras cosas. En manos de los presidentes autonómicos está que aspectos como los citados se desarrollen y su decisión, a un mes de las elecciones, marcará la manera de vivir de los ciudadanos.