Los últimos datos conocidos sobre okupación continúan llevando la contraria a los discursos alarmistas que se trasladan desde sectores interesados que, por el contrario, desvían el foco de la abrumadora cifra de desahucios. Tras una caída del 3,2%, el número de okupaciones alcanzó en 2022 las 16.726, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que se nutre de los datos de Policía y Guardia Civil. Mucho mayor es la cifra de desahucios que, aún sin contar con los datos del último trimestre, aventaja en 12.559 a la okupaciones.
El descenso de los casos de okupación se traslada a casi todo el territorio y aquellos con la vivienda más encarecida son los que más casos aúnan. Tan solo en Cataluña se recogen 7.005 casos, casi el 50% del total, a pesar de haber experimentado un descenso del 5%. A mucha distancia aparecen Andalucía (2.502) y la Comunidad Valenciana (2.024), habiendo sufrido esta última un gran aumento del 14%. A continuación, aparece Madrid, que, tras una reducción del 10%, se coloca en las 1.501. Estos territorios concentran el 78% de las okupaciones, a pesar de no alcanzar el 60% de la población.
Por otro lado, casi 30.000 desahucios tuvieron lugar entre enero y septiembre de 2022 y, si la cifra del último trimestre sigue la tendencia habitual, el número se quedará muy cerca de los 41.369 marcados en el total de 2021. La media de 113 desahucios diarios en 2021 y de 107 en los primeros nueve meses de 2022 se coloca muy lejos de las 45 okupaciones diarias registradas en 2022. Cabe destacar que la amplia mayoría de los inmuebles okupados son propiedad de bancos o grandes fondos de inversión y se encuentran vacíos en el momento de la entrada.
Por el contrario, la entrada a la vivienda habitual o la segunda residencia de una familia, acción tipificada como delito de allanamiento de morada, representa un número ínfimo de las okupaciones. Atendiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, cuando la cifra de okupaciones ascendió hasta las 17.274, el número de condenas por allanamiento de morada se detuvo en las 230, incluyendo robos u otras modalidades de este mismo delito. Tan solo 83 escritos de acusación recogió la Fiscalía en lo referido a allanamientos por okupación. Un 0,50% que no vende alarmas.
Principal problema: el alquiler
De los 29.285 desahucios que tuvieron lugar en España tan solo en los primeros nueve meses de 2022, una gran mayoría (20.951) respondieron a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, a impagos del alquiler. El tope del 2% a la subida de la cuantías establecido por el Gobierno no ha conseguido frenar la sangría, ya que muchos caseros no han dudado en utilizar triquiñuelas, como sacar un piso del mercado para volver a introducirlo posteriormente, para elevar los precios a su antojo. Situación que puede producirse al no estar controlados los alquileres de nueva creación.
Además, a pesar de que los desahucios están prohibidos por ley para aquellas familias consideradas como vulnerables, las instancias judiciales no parecen estar teniendo en cuenta esta variable, igual que nunca han contemplado el dictamen de la ONU sobre Derechos Humanos que llama a no desahuciar a familias con menores al cargo, según lamentan fuentes de asociaciones en defensa de una vivienda digna consultadas por ElPlural.com. La dificultad y el entramado burocrático para solicitar la consideración de vulnerable tampoco ayuda a muchas familias que se ven en la calle antes de recibir el certificado.
Ante esta situación, sindicatos de inquilinos y plataformas antidesahucios exigen la aprobación inmediata de una ley de Vivienda que combata el verdadero problema, los desahucios, y deje a un lado el fantasma de la okupación que, salvo casos concretos, tan solo perjudica a grandes entidades financieras y fondos buitre que acumulan vivienda para no sacarla al mercado y así aumentar el precio del resto de inmuebles. Por el momento, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición se mantiene estancada, atrapada en los tejidos de la negociación, mientras más de 100 familias son desahuciadas diariamente, la gran mayoría por no poder afrontar el precio del alquiler.
Las divisiones postergan la ley
Es precisamente este punto, el abordaje de los contratos de alquiler, el que ahora está dividiendo a los socios. Parece que existe un consenso en torno al 3% de subida que se pretende establecer como tope a la subida de los precios del alquiler; sin embargo, las discrepancias llegan a la hora de elegir si este se aplicará de manera temporal, durante la crisis de precios, o de forma definitiva, quedando reflejado en la ley de forma estructural. La primera posición, defendida por la parte socialista, se ha impuesto por el momento a la segunda, representada por la parte morada, tras la última negativa de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al principio de acuerdo alcanzado.
La también vicepresidenta ha transmitido este lunes su deseo de que la norma se apruebe “cuanto antes” y ha calificado el debate en torno al tope del 3% como “una frase en una ley que no resolvería todos los problemas de vivienda”. Otro escollo añadido es la manera de trasladar el tope a los inmuebles que entren por primera vez en el mercado del alquiler y que, actualmente, escapan del 2% establecido por el Gobierno de forma temporal. Ambas partes se dieron de margen hasta marzo para alcanzar un acuerdo que culminase en la definitiva ley de Vivienda. Teniendo en cuenta que la legislatura encara su recta final, el margen no es mucho mayor, sobre todo para las familias que requieren de una norma que les proteja.
