El oscurantismo sobre la Trama de corrupción Enredadera en torno al Ayuntamiento de León liderado por el PP, por Antonio Silván, continúa. Esto es lo que denuncia el PSOE, que se les ha negado de forma reiterada el acceso a información sobre determinados contratos que podrían haber sido fraudulentos.

En concreto, hablamos del contrato del Consejo de Nuevas Tecnologías para gestionar todos los documentos que se generan en el Ayuntamiento de León, un contrato que figura dentro del sumario de la investigación esta trama de corrupción.

Y es que, según denuncian los socialistas, el Ayuntamiento podría haber redactado los pliegos a imagen y semejanza de la empresa finalmente ganadora; es decir, haber incluido todo lo necesario para que esa compañía fuera la elegida, sin mirar si quiera cuáles eran sus competidores.

Unos pliegos con “copia y pega”

Es más, en los pliegos del contrato de León se pueden ver párrafos copiados de los escritos de otros consistorios en los que la empresa en cuestión ya había ganado la adjudicación.

“Que nos expliquen cómo es posible que los pliegos, por ejemplo, sean calcados, no sólo de los existentes hace cinco años en El Escorial, sino de la página web de la empresa adjudicataria y única licitante en un contrato que les venía ad hoc", destaca el portavoz socialista José Antonio Diez.

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Según ha denunciado, con un simple análisis de los pliegos se puede descubrir como son casi los mismos, punto por punto, que los que se usaron para conseguir la adjudicación en Cuenca o Ávila. “Curiosamente, el concurso recayó en la misma empresa", apunta el portavoz socialista.

Pero también se descubre cómo el Ayuntamiento usó textos de la web de la empresa, del espacio en la que la compañía explica quiénes son y a qué se dedican.

Si tu propia definición coincide a la perfección con lo que pide el Ayuntamiento para conceder un contrato, o es suerte o algo huele a presunto amaño.

De la Púnica a la Enredadera

Estas posibles irregularidades en la Trama Enredadera en León recuerdan a las que intentó usar la Púnica para asentarse en Extremadura, entrando por el Ayuntamiento de Almendralejo. Allí se investiga a su alcalde popular, José García Lobato, que ha acabado reconociendo que le dio los pliegos a la empresa que ganaría la adjudicación, Cofely. Lo que todavía está por determinar es si cobró una mordida como recompensa.

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En este caso, los socialistas de Almendralejo también denunciaron que los pliegos fueron redactados por el Consistorio para favorecer a la empresa, que se intercambiaron correos electrónicos con información de los técnicos, o cómo se copiaron datos de los pliegos de otros municipios madrileños implicados en la Púnica.

Sin respuesta a sus denuncias

Mientras que las dudas sobre este contrato siguen sobre el PP de León y su alcalde Silván, el PSOE asegura que no han obtenido respuesta a sus preguntas para intentar aclarar lo sucedido.

"Un mes después de que reclamáramos, por tercera vez, las actas del Consejo de Nuevas Tecnologías y dos semanas después de que denunciáramos la existencia de muchísimas dudas sobre el contrato más importante adjudicado por este organismo, constituido en el Ayuntamiento de León seguimos sin tener una respuesta por parte del alcalde o por parte de la presidenta de éste órgano paralelo y paralegal", explicó José Antonio Díez.

Llevamos desde el mes de febrero solicitando información sobre las reuniones del Consejo paralegal de Nuevas Tecnologías, lo llamamos paralegal porque su constitución oficial se produjo en febrero y desde entonces no se ha reunido en ninguna ocasión más, pero desde septiembre de 2015 hasta esa fecha mantuvo más de una treintena de reuniones de forma extraoficial pero con la asistencia de concejales de PP y Ciudadanos, habilitados nacionales y funcionarios que debieron determinar una serie de contratos por valor de casi un millón de euros en sistemas informáticos y software para el consistorio”.

“Nos consta que, de estas reuniones, se levantaban actas pero no debe interesar que los leoneses conozcan cómo, quién y cuándo se gestionaban los contratos y los dineros públicos. Actas que señalaban la oficialidad de unas reuniones que deberían ser públicas porque si no darían pie a pensar en presuntas negociaciones prohibidas a funcionarios”, añade.