Cuando el 10 de julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se presentó en el Ayuntamiento de León, los agentes se llevaron un botín burocrático. La secretaria general y el interventor general del Consistorio les entregaron lo que el juez quería: los documentos de todos los contratos públicos en los que los cabecillas de la trama Enredadera, José Luis Ulibarri y Ángel Luis García El Patatero, hubieran participado, hubieran o no ganado el concurso. En total, la UDEF se llevó información de 15 contratos valorados en 19 millones de euros.
Pese a que las primeras informaciones apuntaban a una trama dedicada a la gestión de multas y semáforos, por estar la empresa GESPOL en medio de las sospechas, lo cierto es que Enredadera abarcaba mucho más. Valga como ejemplo el mayor de los contratos, el que otorgaba el servicio de atención a domicilio para personas mayores y dependientes, valorado en 8,7 millones de euros, que se llevó Aralia Servicios Sociosanitarios. Esta empresa es propiedad de José Luis Ulibarri, considerado el líder de la trama y que en la actualidad continúa en prisión.
El contrato fue adjudicado en febrero de 2018 por el Ayuntamiento de León, a pesar de que Ulibarri lleva casi una década imputado en el caso Gürtel y ahora está procesado y a punto de ser juzgado en la Pieza Separada de Boadilla del Monte. El contrato se firmó para dos años, con una posible prórroga de otros dos años más, por valor de 8.419.620 euros, más un 4% de IVA, que eleva la adjudicación a 8.756.404,8 euros. Y el objeto era el servicio de ayuda a domicilio para mayores y dependientes, a los que debían suministrar limpieza, cuidados y medios técnicos para la movilidad tales como bastones, sillas de ruedas, etc.
Más que radares
Otro de los contratos requisados por la Policía es el que se refiere a las obras de acondicionamiento de la carretera LE-5504 que une a León con el municipio de Sariegos. Esta adjudicación, realizada en el verano de 2017, fue a parar a manos de Arcor SL, empresa propiedad de Ulibarri por un valor de 197.645,85 euros.
La variedad de adjudicaciones investigadas por la Policía, a petición del juez, retratan que el interés de la trama Enredadera trascendía la ordenación del tráfico y que llegaba a concejalías como las de Bienestar Social, Obras, Urbanismo, Deportes y Parques y Jardines. Las empresas de los investigados también optaron en las obras vinculadas al Palacio de Congresos y Exposiciones, valoradas en más 4,1 millones de euros; los planes de aceras entre los años 2016 y 2020, valorados en casi 3 millones de euros; la rehabilitación del Casco Histórico, por 900.000 euros; o la urbanización de la principal avenida de León, la de Ordoño II, por valor de 599.000 euros.
Los intereses de la trama también llegaban a servicios de terapia ocupacional, obras en parques infantiles, gradas para el servicio de obra, el servicio de atención de una ludoteca… Un ejemplo ilustrativo es el de la piscina del “estadio Hispánico”, con una obra valorada en casi 600.000 euros, que aparece de manera recurrente en las conversaciones telefónicas entre El Patatero y el exconcejal y exteniente alcalde José María López Benito, alias Yiyo. De dichas grabaciones se deduce que la adjudicación iba a dividirse entre el cerramiento de la piscina y la climatización, para que la trama tuviese más fácil ganar algún concurso. Finalmente, ninguna empresa de la trama se hizo con el botín, pero la adjudicación sí fue dividida de esa manera.
Concierto con políticos y funcionarios
De ahí que se requisaran todos los contratos en los que participó la trama, para averiguar si, como piensa la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, Ulibarri y El Patatero tenían concierto con López Benito Yiyo -quien dimitió tras la presión de Ciudadanos para así evitar la moción de censura del PSOE- y “distintas autoridades políticas y funcionarios del Ayuntamiento” para “conseguir la irregular adjudicación de diversos contratos”.
Y si estos “habrían facilitado información sobre diversos contratos administrativos con anterioridad a su aprobación y/o publicación, permitiendo que algunos de los empresarios investigados acomodaran los pliegos” o “llegando a permitir el fraccionamiento de los contratos al objeto de evitar su licitación mediante concurso abierto”.
Según la Fiscalía Anticorrupción, en los pinchazos telefónicos y en la investigación policial hay “indicios suficientes” de que estos hechos supondrían varios delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos y malversación. Además de otros posibles delitos conexos como la falsedad en documento público o la inducción de delitos.
