El entorno lucrativo del juego recauda las combinadas de dinero e influencias en distintos sectores que, desde la investigación del despacho del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vinculan con Feijóo y sus barones del PP.
Con la investigación de los Mossos d'Esquadra del caso Montoro por las sospechas sobre los pagos de 679.000 euros que Codere habría realizado a la asesoría, con el objetivo de influir en distintos Gobiernos del PP y del PSOE y orientar la normativa a su favor, nace una trama entre los populares que cuota su vinculación con los salones de juego entre las más beneficiosas para los intereses de este sector.
La trama, que nace en Madrid, salpica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a dos de sus principales barones: Juanma Moreno Bonilla y Carlos Mazón. La red de relaciones entre el PP y las casas de apuestas se extiende por varias comunidades autónomas gobernadas por los populares, donde decisiones políticas recientes han favorecido de forma directa a Codere.
Feijóo estando al frente de la Xunta
En Galicia, cuando Feijóo presidía la Xunta, se perdonaron más de cinco millones de euros a Codere en el año 2021. El Gobierno gallego modificó la fiscalidad del sector del juego en plena pandemia, permitiendo que empresas como Codere dejaran de pagar todos los impuestos con el fin de “mitigar los efectos” de la pandemia. El actual presidente del PP justificó esta rebaja fiscal que introdujo en los presupuestos de 2021 a los salones de juego, casinos, bingos y máquinas automáticas alegando que era necesario “establecer un beneficio fiscal que contribuyera a la situación provocada en este sector para paliar los efectos de la pandemia en 2020”.
La decisión fue duramente criticada por la oposición y por colectivos sociales, que denunciaron que mientras se recortaban recursos públicos, se facilitaban ventajas fiscales a una empresa que ahora aparece en el epicentro de una investigación por presunta corrupción política. El caso vuelve a cobrar relevancia al conocerse que Codere pagó grandes sumas al despacho de Montoro en el mismo periodo en que la Xunta de Galicia aplicaba medidas fiscales especialmente favorables al sector.
Moreno Bonilla con una ley aprobada “deprisa y corriendo”
En Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno aparece señalado por la vicesecretaria general del PSOE-A, Noemí Cruz Márquez, quien ha exigido explicaciones al Ejecutivo andaluz por la tramitación exprés de una ley que facilitó la implantación de casas de apuestas a menos de 150 metros de centros educativos, una medida aprobada en el Parlamento andaluz que fue tachada por el PSOE como una auténtica “salvajada”.
Según la dirigente socialista, es “urgente saber cuál es el hilo y por qué se aprobó esa ley deprisa y corriendo”, sobre todo ahora que se conoce que Codere pudo pagar por influir en este tipo de decisiones políticas a través del despacho fundado por un exministro del PP.
Mazón lo replica en Valencia
El tercer vértice de esta triangulación política es Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha reproducido a nivel autonómico las líneas de actuación que se están investigando a Montoro en el ámbito estatal. Uno de los ejemplos más claros para los socialistas es la reforma de la Ley del Juego impulsada por el Consell de Mazón. En su primer año de mandato, el gobierno autonómico eliminó la distancia mínima de seguridad entre las casas de apuestas y centros educativos, sanitarios o espacios de ocio infantil, una medida que el PSPV atribuye directamente a la presión de los lobbies del juego.
El Consell de Mazón ha paralizado normativas que limitaban la expansión de los salones de juego y ha aprobado normas más laxas en favor del sector, muchas de ellas coincidiendo con las reivindicaciones de Codere y otras grandes firmas del sector. Además, en su agenda regulatoria, el ejecutivo valenciano ha incluido prioridades similares a las que aparecen en los documentos relacionados con el despacho de Montoro. De esta forma, se termina de dar un patrón que comparte con las distintas comunidades autónomas y nombres propios del PP basado en decisiones políticas tomadas que benefician al sector del juego, y en especial a Codere.
