En la trama que es posible seguir desde hace años sobre el hotel del Algarrobico, una nueva entrega enfrenta tanto a la Junta de Andalucía con el Gobierno como a los pasados acuerdos con las declaraciones actuales. Ahora, el gobierno de Moreno Bonilla ha vuelto a cambiar de opinión respecto al Algarrobico y reclama ahora un acuerdo entre la Administración autonómica y el Gobierno de España que ya existe, pero que no cumple.
Esta semana se ha planteado desde Andalucía un acuerdo “al estilo de Doñana” para desbloquear la demolición del edificio construido en primera línea del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Sin embargo, organizaciones ecologistas y voces críticas del ámbito político acusan al presidente andaluz de lanzar una maniobra para posponer la demolición, alertando de que ese acuerdo ya existe desde hace años y que simplemente se está retrasando.
Desde un comienzo
Bajo suelo protegido y, por tanto, ilegal su construcción, la historia del hotel a pie de playa se remonta a 2006 cuando se paralizaron las obras. La construcción, de 20 plantas y 411 habitaciones, en el municipio de Carboneras, Almería, aun habiendo acordado su demolición en 2011 con la compra de los terrenos por el Gobierno central y andaluz, en copropiedad con la promotora Azata del Sol, sigue en pie.
El propio Moreno Bonilla prometió en enero de 2020 que su gobierno derribaría el hotel. Lo hizo durante un Debate del Estado de la Comunidad, donde aseguró que en los presupuestos autonómicos de 2021 habría una partida específica para financiar los primeros trabajos de demolición. Esa partida nunca apareció, ni se ejecutó ningún paso concreto en esa dirección.
Desde entonces, la Junta ha defendido diferentes argumentos para evitar cumplir con ese compromiso. Desde recurrir a la vía judicial para revisar la licencia urbanística del hotel hasta alegar que la competencia para actuar corresponde al Estado. Ahora, cuando la estrategia legal ha llegado a un callejón sin salida, el gobierno andaluz vuelve a cambiar el paso.
Un “pacto Doñana” ya firmado
La nueva propuesta fue anunciada el pasado miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. Según explicó, el Ejecutivo andaluz busca alcanzar con el Gobierno central un acuerdo similar al de Doñana, basado en un pacto interinstitucional que facilite la intervención sobre el terreno, como ocurrió en el entorno del Parque Nacional para frenar los regadíos ilegales y restaurar la zona.
La propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas al considerar que se trata de una maniobra disuasoria pues se basa en un acuerdo ya existente. Fue firmado hace años entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y solo está pendiente de ejecución.
“El convenio entre la Junta de Andalucía y el Estado ya existe, como ha reconocido públicamente en distintas ocasiones el anterior consejero del ramo. Lo único que tiene que hacer Moreno Bonilla es cumplirlo”, denuncian fuentes de la Delegación. Una promesa que dura tantos años, que nunca llega y que hace por disociarse de la realidad no deja sino una situación de enfrentamiento de intereses entre ambos gobiernos.
Así, frente a los titubeos de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites para expropiar la parte de los terrenos que todavía está en manos de la promotora Azata del Sol, con el objetivo de poder avanzar finalmente hacia la demolición.
“La única vía para derribar el Algarrobico es la expropiación que ha iniciado el Gobierno de España”, han afirmado. De completarse, el Estado pasaría a tener el control total del terreno, eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos que han servido como excusa durante años.
