Los nervios y la presión de ser el supuesto responsable de que la Trama Púnica desembarcará en Extremadura directamente desde Madrid le han hecho hablar, quizás más de la cuenta, al alcalde del PP de Almendralejo en su declaración ante el juez por el caso de corrupción.
Según ha reconocido, le pasó información para mejorar su propuesta y los pliegos en si del concurso público a la empresa Cofely. Hablamos de un contrato por valor de 20,2 millones de euros que la empresa habría conseguido gracias a los favores del alcalde del PP, un contrato para la gestión de la iluminación y los servicios energéticos del municipio durante 15 años.
Es cierto que la adjudicación no llegó a producirse, pues la trama Púnica estalló antes, pero también lo es que Lobato está acusado de los presuntos delitos de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Pese a todo, el alcalde ha dicho este martes que "veía normal que la empresa y el Ayuntamiento se pasaran los pliegos y las mejoras", sin tener en cuenta que lo que estaba reconociendo es un delito. Y es que, aun habiendo reconocido lo anterior, Lobato ha defendido que los procedimientos del concurso públicos fueron “legales y trasparentes”, pues él en ningún momento amaño nada.
Durante la instrucción del caso, agentes de la UCO recopilaron un gran número de conversaciones y correos electrónicos en los que la empresa mantenía contactos con el alcalde o con su secretaria en busca de información. Pero también consejos de los técnicos del Ayuntatamiento para que la empresa hiciera cambios en su propuesta y pudiera asegurarse el contrato millonario.
“La infiltración de Cofely en el ejercicio de las funciones públicas fue posible por el consentimiento y estímulo proactivo del máximo regidor municipal"; es decir, José García Lobato, “que les permitió conocer los datos de auditorías previas con antelación suficiente e incluso redactar los pliegos que iban a regular la licitación”, rezaba el auto por el que el juez de instrucción imputaba a Lobato.
Admite la ayuda, pero niega la mordida
Tal y como contamos en El Plural, el pasado 10 de noviembre el Jugado Central de Instrucción número 6 de Madrid citó a Lobato y otros implicados en el caso para declarar en calidad de investigado (término que ahora se usa para hablar de la antigua imputación) entendiendo que se produjeron irregularidades en la adjudicación de un contrato público con la empresa Cofely.
“Indiciariamente consideramos que del estudio de las evidencias documentales y electrónicas (en poder de la UCO) relacionadas con los intercambios de información sobre el contrato de narras, y su gestión por el Ayuntamiento de Almendralejo, se constata la intensa participación de los empleados y directivos de Cofely en la elaboración de los pliegos”, explicaba el juez en el auto al que tuvo acceso este diario.
Esta imputación llegaba después de que la UCO, en un estenso informe de 226 páginas, explicara paso a paso como el alcalde del PP le dio a Cofely toda la información necesaria para que fueran ellos los ganadores de la adjudicación. Es más, todo parece apuntar a que fue la propia empresa la que redactó los pliegos del concurso público a su imagen y semejanza. A cambio, Lobato se habría embolsado una mordida de 180.000 euros.
Y esto es en lo que más ha querido hacer incapié, en que esa mordia jamás exisitó, el popular nunca recibió ni un euro a cambio.
