La legislatura se tambalea. Tanto tentar a la suerte no acostumbra a tener un buen desenlace. Los socios del Gobierno de coalición, a saber, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV, Más País y Compromís, tiempo ha que advierten al PSOE que las relaciones no atraviesan su mejor momento y para mantener el bloque de investidura unido debe mimarlo. Desde que la pandemia de coronavirus adquirió un rol subalterno y Moncloa comenzó a dar salida a la agenda legislativa prevista en su programa electoral, los choques son constantes incluso con Unidas Podemos. En los últimos meses tres asuntos han turbado la placidez del Ejecutivo y han provocado profundos cismas que se acumulan y ponen en serio riesgo la estabilidad de la legislatura: reforma laboral, Ucrania y el Sáhara Occidental y, la gota que colma el vaso, el espionaje con Pegasus. Un desencuentro que coquetea con precipitar el ocaso del Gobierno en tres actos.
Primer acto: descuidando al parlamento
La reforma laboral constituía la columna vertebral del programa de investidura. El buque insignia de Unidas Podemos. La joya de la corona de Yolanda Díaz. Uno de los éxitos más celebrados por el presidente, Pedro Sánchez. Y salió de milagro. Un polémico error del diputado por Cáceres del PP, Alberto Casero, salvó la votación. El resultado final fue de 175 ’sìes’ frente a 174 ‘noes’. El independentismo catalán, la izquierda abertzale y el PNV se enrocaron en el ‘no’ y afearon a socialistas y morados que se trataba de una reforma laboral descafeinada que, para más inri, se aprobó en Consejo de Ministros sin llamar a ninguno de los socios para participar de la redacción del articulado. No hubo negociación porque Moncloa no estaba dispuesta a modificar ni una sola coma.
La ministra de Trabajo, durante el debate en pleno, entró en el cuerpo a cuerpo con ERC y les acusó de actuar en beneficio propio y no pensando en el interés de los trabajadores. Por su parte, el diputado y portavoz parlamentario del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, visiblemente airado, le reprochó que se había descuidado al parlamento: “El diálogo social está muy bien y respetamos a los agentes sociales; pero las leyes se hacen en el Congreso. Y cuando tu vienes aquí diciendo 'esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera’, tú te crees que el Congreso es un notario que sella acuerdos que están fuera. Eso sienta un peligroso precedente que no aceptamos”. PNV, Más País y EH Bildu denunciaron también la soberbia del Ejecutivo.
Todos los actores implicados se emplazaron a continuar colaborando pese a aquel revés y retomaron las conversaciones para ultimar los flecos de la Ley Mordaza, Memoria Histórica y Vivienda.
Segundo acto: política exterior
La primera reacción de Sánchez tras la invasión de Rusia a Ucrania que desencadenó la guerra fue garantizar que España no enviaría material armamentístico ofensivo y se limitaría a ayudar con labores humanitarias y a facilitar material meramente defensivo. Días después, cambió de parecer y anunció el envío de armas para la resistencia ucraniana. Las remesas, lejos de interrumpirse, han movilizado al buque Ysabel, que llevará 200 toneladas de armamento, incluidos 1.200 vehículos ligeros.
Unidas Podemos puso el grito en el cielo y su secretaria general, Ione Belarra, cargó contra la ministra de Defensa, Margarita Robles. El cruce de declaraciones era la tónica habitual: la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 abogaba por la vía diplomática y por no contribuir a la guerra con más violencia; mientras Robles lamentaba que no caería en provocaciones e ironizaba con que “ojalá la señora Belarra pueda convencer a Putin de que pare esta masacre en Ucrania”.
Las discrepancias entre el PSOE y el resto de sus socios por la guerra en Ucrania fueron salpimentadas por otro conflicto geopolítico: el Sáhara Occidental. Sánchez se plegó al plan de autonomía de Marruecos sin el beneplácito no ya del Congreso, sino de varios de sus ministros, que además, se enteraron de la maniobra por una filtración de Rabat.
El bloque plurinacional en su integridad acusó a Sánchez de haber vendido al pueblo saharaui. El desencuentro se escenificó en un pleno del 7 de abril en el que el hemiciclo aprobó una iniciativa registrada conjuntamente por Unidas Podemos, ERCy EH Bildu en favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara Occidental. El Grupo Socialista, guardando coherencia con el giro de Pedro Sánchez, se desmarcó de sus socios de Gobierno votando en contra y fue el Partido Popular el que salvó el texto.
Moncloa no ha rectificado y sus aliados no olvidan.
Según fuentes parlamentarias, las reuniones agendadas para avanzar en el calendario legislativo han sido canceladas y “a ver cómo y cuándo las retomamos”
Tercer acto: Pegasus
“La legislatura se le escapa de las manos”, advirtió Íñigo Errejón a cuenta de la decisión sobre el Sáhara Occidental. No será la política exterior lo que dinamite el bloque de investidura. El ocaso se concretará por el espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos con Pegasus. El enfado es tal que peligra uno de los decretos más importantes de lo que va de legislatura: el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. ERC dio un ultimátum a Sánchez y Moncloa dispone de menos de 24 horas para salvar la votación.
Todos los aliados del Gobierno de coalición, sin excepción, han censurado la gestión del PSOE de la crisis provocada por Pegasus. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más Madrid, Compromís… Ni un solo grupo parlamentario ha aplaudido, loado o simplemente entendido la postura de los socialistas. No en vano, han firmado un manifiesto conjunto denunciado la monitorización de los smartphones de disidentes políticos.
Rufián admitió que votar en contra “puede ser lesivo” para su formación, pero están dispuestos a asumir el coste porque “lo más lesivo es espiar a nadie simplemente porque no te gusta cómo piensa. En una democracia se le pincha el teléfono a la gente con un mandato judicial”.
“El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”, espetó. Y es que, a ninguno de los integrantes del denominado bloque de investidura le parece suficiente que los socialistas pongan en marcha la comisión de gastos reservados y secretos oficiales, órgano encargado de fiscalizar la labor de los servicios de inteligencia. Tampoco compran la investigación interna propuesta por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, porque el CNI no se va a investigar a sí mismo; ni ven aceptable que un asunto de tal gravedad se reduzca a un informe del Defensor del Pueblo.
Apuestan por una comisión de investigación pública. “La comisión de secretos oficiales ya sabemos cómo va. Es a puerta cerrada, y nos parece mal, porque ya que está todo esto [el Congreso] lleno de cámaras, estaría muy bien que hubiera. No las hay y no las habrá. Aún es más absurda porque, aquellos que participáramos, no podemos decir o hablar sobre nada de lo que ahí se nos ha dicho”. En la misma tónica se ha movido la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua; el líder de Más País, Íñigo Errejón; Joan Baldoví, de Compromís; y Mireia Vehí, de la CUP.
Además, Robles, una de las protegidas de Sánchez, es en estos momentos pieza de caza mayor. La ministra de Defensa está en el punto de vista de los aliados parlamentarios e incluso de sus socios de Gobierno. Como responsable del CNI, bien por acción o por omisión, consideran que ha de dar explicaciones –“y muchas”- por el espionaje con Pegasus. En privado, Robles acusa al fuego amigo de la cacería iniciada contra ella, y los dedos señalan a Pablo Iglesias como instigador. Cierto es que, desde su podcast, ha cargado con dureza y la ha puesto en el disparadero. Este martes el exvicepresidente segundo se aventuró a urgir su dimisión porque su situación es "insostenible" y está arrastrando a Sánchez. Pero como se ha citado con anterioridad, atesora el mayor de los respaldos del presidente, quien no entregará su cabeza.
Errejón ha advertido al Gobierno que “en tres meses la legislatura se ha tambaleado en tres ocasiones: con la reforma laboral, con el Sáhara Occidental y con Pegasus. "La ratio no es nada buena, deben tomar nota y demostrar que tiene las prioridades claras”, ha avisado.
¿Cómo de maltrechas están las relaciones? Según fuentes parlamentarias, las reuniones agendadas para avanzar en el calendario legislativo han sido canceladas y “a ver cómo y cuándo las retomamos”.
