El exvicepresidente segundo y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no ha desaprovechado la ocasión que le brinda la tertulia de los lunes de la Cadena SER para comentar el tema de la semana: el espionaje a más de 60 líderes independentistas con Pegasus. El asunto preocupa y mucho en Moncloa, y a juicio del fundador morado, no es para menos.

“Todos los que estamos aquí sabemos dos cosas”, ha comenzado Iglesias. En primer lugar, considera “inverosímil” que "haya autorización judicial para pinchar teléfono a 60 personas”. “No hay ley en la que apoyarse”, apunta; además de que “requeriría motivación del Tribunal Supremo”.

En consecuencia, cree que tal mandato judicial no existe, por lo que concluye que el CNI “no es que se extralimite, es que han cometido un delito gravísimo que debería llevarles a la cárcel”.

En caso de, en efecto, los servicios de inteligencia espiaran sin la pertinente autorización judicial, “hay dos posibilidades”: que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo supiera; o que no tuviera constancia. “Si lo sabia no le queda mas remedio que irse y arrastrando con ella al presidente [Pedro Sánchez] porque tú no puedes recuperar la confianza de un socio al que estabas espiando y además de manera ilegal”.

Y precisa: “Pero podría haber algo más preocupante: que agentes del CNI tuvieran pinchados los teléfonos de los independentistas sin que lo supiera la ministra de Defensa. ¿Entonces qué hacemos? ¿Para qué sirve la comisión de secretos oficiales si hay gente que actúa sin la autorización de la ministra y del presidente del Gobierno?”.

El exdirigente morado ha calificado este último escenario de “peligroso”, esgrimiendo que habría sectores del Estado que estarían “actuando por su cuenta”; lo que hace insostenible la “situación de la ministra”.

Por su parte, la propia Robles se ha sacudido la responsabilidad alegando que no sabe qué es "eso de espionaje" porque el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Gobierno actúan con arreglo a la legalidad vigente. Eso sí, ha garantizado la colaboración máxima del Ejecutivo con la autoridad judicial "para el que quiera poner querellas".

"Hace un año y medio salió esta noticia que vuelve a salir ahora de un supuesto espionaje. Eso de espionaje yo no sé lo que es. No sé muy bien lo que es porque cuando se actúa se hace con arreglo a derecho", ha asegurado en declaraciones a los medios desde las instalaciones de Navantia en Cartagena.

La ministra ha asegurado que no pueden admitir que se siembren dudas sobre la actuación que realiza este Gobierno o cualquier organismo público y que lo que ocurre es que hay una ley del año 2002 que "establece un deber de secreto para los organismos que llevan la inteligencia".

"Yo no puedo ni nadie podemos hacer ninguna declaración sobre lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, porque en ese caso estaríamos vulnerando la ley", ha insistido la titular de Defensa, al tiempo que ha sostenido que espera que "muy pronto" se constituya la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para que "todo el mundo tenga claro que el Gobierno y sus organismos actúan con arreglo a la legalidad", ha reiterado.