El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno desclasificará documentos e información para que los afectados por el espionaje con Pegasus dispongan de las pertinentes explicaciones. Pretende, así, tranquilizar tanto a sus socios como a la ciudadanía como a la ciudadanía. Además, ha avanzado que Moncloa prevé activar la comisión de gastos reservados y secretos oficiales, que está sin constituir, para que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban López, y todos los grupos parlamentarios puedan preguntar. No obstante, la información no estará disponible para el común de la sociedad, esgrimiendo razones de seguridad nacional.

Bolaños ha calificado de “útil” la reunión que mantuvo este domingo con la consellera de Presidencia de la Genetalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, pese a que ésta no salió precisamente conforme de la cita. El ministro socialista ha garantizado que “el Gobierno de España no tiene nada que ocultar” y “quiere esclarecer los hechos” para demostrar que “las instituciones democráticas funcionan con todas las garantías”.

En una entrevista en TVE, ha insistido en que espera poder “tranquilizar a los afectados y a la ciudadanía en general”. Para ello, los partidos “van a poder acceder a documentación y preguntar a la directora del CNI” en la comisión de secretos oficiales. Cabe recordar que este órgano que fiscaliza la labor de los servicios de inteligencia y los fondos reservados aún no se ha constituido desde el inicio de la legislatura. ElPlural.com adelantó este viernes que los socialistas darían explicaciones en la antecitada comisión toda vez que “Vox y PP dejasen de bloquearla” con su veto a ERC y EH Bildu, los principales afectados por Pegasus y que más explicaciones demandan.

También ha asegurado que “vamos a mostrar plena colaboración con el Defensor del Pueblo y con la Justicia”. Eso sí, Bolaños ha admitido que la información no trascenderá más allá. Será a puerta cerrada y la ciudadanía no dispondrá de todos los elementos, puesto que “la ley, como es lógico y como pasa con todos los servicios de inteligencia, tiene limitaciones muy estrictas: secretos oficiales y CNI”.

Con respecto a si los distintos grupos que conforman el arco parlamentario facilitarán la constitución de la comisión, el ministro de Presidencia ha razonado que ha mantenido contactos: “No tiene sentido que haya una comisión bloqueada por los vetos cruzados. Vamos a buscar fórmulas para que la comisión empiece a trabajar y sirva para esta comparecencia. Lo importante es que estén todos los grupos parlamentarios para que se represente a la ciudadanía. Todos han sido votados”.

La comisión de gastos reservados estará integrada únicamente por un representante de cada grupo parlamentario, que acostumbra a ser el portavoz, toda vez que superen los 210 votos a favor, ya que se requiere una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo. Desde el PSOE alegan que PP y Vox se oponen a que Esquerra y EH Bildu integren la comisión puesto que se abordan asuntos nucleares de Defensa y Seguridad Nacional.

Preguntado sobre si el Ejecutivo valora una modificación del sistema para evitar el bloqueo, ha esgrimido que existe “una ventaja con ese procedimiento”, que “no está en el reglamento de la Cámara”; por lo que “se están barajando distintas fórmulas” y “cualquiera que garantice que todos están presentes, nos sirve”.

Por último, no ha aclarado si habrá asunción de responsabilidades en forma de ceses, como pidió Pere Aragonès: “Estamos en la fase de esclarecer los hechos, revisar procedimientos y metodologías”.

Negando la mayor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha sacudido la responsabilidad alegando que no sabe qué es "eso de espionaje" porque el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Gobierno actúan con arreglo a la legalidad vigente. Eso sí, ha garantizado la colaboración máxima del Ejecutivo con la autoridad judicial "para el que quiera poner querellas".

"Hace un año y medio salió esta noticia que vuelve a salir ahora de un supuesto espionaje. Eso de espionaje yo no sé lo que es. No sé muy bien lo que es porque cuando se actúa se hace con arreglo a derecho", ha asegurado en declaraciones a los medios desde las instalaciones de Navantia en Cartagena.

La ministra ha asegurado que no pueden admitir que se siembren dudas sobre la actuación que realiza este Gobierno o cualquier organismo público y que lo que ocurre es que hay una ley del año 2002 que "establece un deber de secreto para los organismos que llevan la inteligencia".

"Yo no puedo ni nadie podemos hacer ninguna declaración sobre lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, porque en ese caso estaríamos vulnerando la ley", ha insistido la titular de Defensa, al tiempo que ha sostenido que espera que "muy pronto" se constituya la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para que "todo el mundo tenga claro que el Gobierno y sus organismos actúan con arreglo a la legalidad", ha reiterado.