Menos de una semana ha pasado desde que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciase que contaba con el aval de Europa y del Gobierno en su conjunto para tramitar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Mientras todas las voces apuntaban a que el acuerdo estaba encallado, los plazos se agotaban y el desembolso de fondos europeos se comprometía y ponía en duda, la realidad sucumbió a los agoreros y vino para refrendar que la ansiada reforma estaba, esta vez sí, a punto.
Cinco días más tarde, y después de que los agentes sociales hayan protagonizado un enfrentamiento evidente -con los sindicatos a favor de la reforma desde el primer momento y la CEOE sumándose a los postulados del PP en una crítica feroz y sin precedentes-, la reforma será presentada por José Luis Escrivá y los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), este mismo miércoles en una rueda de prensa conjunta a las 13.30 desde el propio Ministerio.
Una demostración de fuerza que llega dentro de plazo -en primera instancia, Semana Santa era la fecha tope que se había autoimpuesto el Ejecutivo-, con el aval de Bruselas y una sensación de coordinación dentro del Gobierno que amaina las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos tras semanas de tiranteces a costa del solo sí es sí, la ley Mordaza, la Ley de Paridad, las indemnizaciones por despido o la formación militar de la princesa Leonor.
Esta reforma consigue, además, reforzar la dicotomía mayoría social vs. gente de bien que el Gobierno está tratando de capitalizar de cara a la extensa carrera electoral que se avecina con comicios autonómicos y municipales a la vuelta de la esquina y unas elecciones generales a final de año en la que los dos modelos contrapuestos quedarán a merced de la ciudadanía.
La negativa de la CEOE a pactar esta reforma de las pensiones, con la que ha condenado la pérdida de autonomía española respecto a las voluntades de la Unión Europea y ha lamentado la falta de diálogo del Ejecutivo, abre de esta forma una guerra a dos bandas que acaba con las viejas fotografías en el Palacio de La Moncloa, fija la imagen de Garamendi en la diana del bloqueo a la atención a los colectivos más necesitados y sirve a Moncloa para imprimir un tono más duro con el empresariado de este país.
Este mismo miércoles, en los pasillos del Congreso, el ministro competente en el ramo y protagonista de la reforma de las pensiones, José Luis Escrivá, no ha dudado en reírse al ser cuestionado por las críticas de la patronal. En concreto, el ministro ha subrayado que el coste laboral medio por hora trabajada en España, actualmente situado en 25,4 euros, subirá en los primeros años de la reforma a 25,5 euros y alcanzará los 25,8 euros en 2050. "Es una subida de 37 céntimos", ha enfatizado el ministro.
¿En qué consiste la reforma?
La segunda parte de la reforma aborda dos aspectos fundamentales: la sostenibilidad del sistema de cara a futuro, pensando sobre todo en la generación del baby boom, y el avance hacia un sistema más equitativo que ponga el foco sobre aquellas personas más damnificadas por el modelo actual.
La primera pata se aborda a través de las bases de cotización, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y de una nueva cuota de solidaridad. La segunda pretende hacerlo a través del periodo de cómputo de la pensión, la mejor cobertura de las lagunas de cotización, la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas y, también en este aspecto, la nueva cuota.
El punto más relevante para la sostenibilidad que no se contemplaba en la anterior reforma es el referido a las bases de cotización. En este sentido, se aumentarán las bases de cotización máximas para que los salarios más elevados coticen por una mayor cuantía de lo que lo hacen actualmente. En 2022, el máximo estaba topado en los 4.139,40 euros mensuales, pasando a 4.495,38 tras la subida del 8,6% contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE); es decir, aquellos salarios mensuales que estuviese por encima de esa cuantía tan solo cotizaban por la parte correspondiente a los 4.139 euros.
La subida de las bases máximas se efectuará entre 2024 y 2050 y se realizará sumándole a la cuantía anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) una cuantía fija de los 1,2 puntos porcentuales. Aunque más por debajo, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.
Por otro lado, el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que era, sin ninguna duda, el aspecto que más discrepancias ha generado entre los contendientes de la negociación, pasará a ser una elección, ya que, se ofertarán ambas opciones y cada persona podrá elegir la más beneficiosa. De esta manera, las personas que alcancen la jubilación podrán escoger entre calcular su prestación conforme al periodo de los últimos 25 años o siguiendo la fórmula Escrivá. La segunda opción es muy similar a la que ya conocíamos y consiste en situar el periodo de cálculo en los 29 años (en vez de 30), de los que el trabajador podrá descartar los 24 peores meses y, de esta forma, quedarse con un intervalo que contemple los últimos 27 mejores años de la carrera laboral.
