La marcha de Ferrovial ha encendido todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Las principales cabezas del Gobierno de coalición desempolvaron el patriotismo económico después de que el presidente de la compañía y tercera fortuna de España, Rafael del Pino, anunciara el traslado de su sede social a Países Bajos. Desde ese momento, el jefe del Ejecutivo y su entorno saltaron en tromba enarbolando la bandera discursiva contra “los que más tienen”, esgrimiendo que este hecho implica que “arrimen el hombro para sacar adelante el país”, devolviendo al foco del debate preelectoral la diatriba entre “la gente de bien” y el común de los mortales. En el gabinete de Sánchez incluso hay quien ha hablado de “codicia”.

Moncloa ha preparado toda su munición contra Rafael del Pino, acusándole rehuir de los impuestos y marcharse a una suerte de paraíso fiscal. En el entorno presidencial creen que le mueve un “interés personal”. El presidente del Gobierno se desquita de toda responsabilidad en lo relativo a la huida del empresario y califica de “ridículo” que sus motivaciones salpiquen el ámbito de una supuesta falta de seguridad jurídica en España. De hecho, eleva aún más el tono evocando aquellos discursos contra los “poderes económicos”.

Sánchez, que se encontraba de viaje institucional en Dinamarca, tras mantener un encuentro con la primera ministra del país, Mette Frederiksen, abordó la marcha de Ferrovial. “En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país, pero desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino”, deslizó este pasado jueves ante los medios de comunicación. El presidente del Gobierno abrió fuego, sustentando su argumentación sobre los cimientos de la “responsabilidad social” de los grandes empresarios en la sociedad “en la que nacen y desarrollan toda su acción”.

La fecha de las elecciones municipales y autonómicas se precipita y el Gobierno aprovechará la decisión de Del Pino para asestar un nuevo golpe al tablero -de momento- demoscópico. El Gobierno ondea la bandera de la responsabilidad social y del patriotismo económico, ajeno a los intereses personales que en Moncloa le atribuyen al empresario. Hay quienes incluso sugieren que la huida no es sino un subterfugio para driblar el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Más madera.

De hecho, ya en su momento, Sánchez auguró que surgirían elementos subversivos contra este gravamen. A pesar de ello, prometió que no quebrarían las intenciones del Ejecutivo y persistió en su defensa de la “mayoría social” de España. “Algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, entre otros, si protestan, es que vamos en la buena dirección”, deslizó el presidente del Gobierno.

Sánchez: "Del Pino es la tercera fortuna de España gracias a la contribución de los españoles"

Este viernes, Sánchez ha percutido sobre el egoísmo del empresario y ha apelado a la "solidaridad de los que más tienen". El presidente del Gobierno ha descrito su modelo de país, basado en la calidad y "no en la precariedad", abandonando las recetas "de otro gobierno conservador" -el de Mariano Rajoy- sustentadas sobre el "recorte del estado del Bienestar o las reducciones de derechos laborales". Por ello, el jefe del Ejecutivo ahonda en la necesidad de apostar por "la educación y sanidad públicas", así como por la formación profesional. "En resumen, todo aquello que nos cohesiona", ha subrayado. 

Descarta, por tanto, que se trate de una cuestión de carestía de garantías jurídicas. Sánchez apoya este argumento sobre los datos de los rankings internacionales y de la propia OCDE. "Estamos hablando de justicia fiscal. La patria no es solo hacer patrimonio, sino ser solidario y arrimar el hombro cuando tu país lo necesita", ha argumentado el líder del Ejecutivo, quien resalta que Del Pino ha hecho su fortuna "gracias a nuestro país y a la contribución de los españoles".

Codicia y paraísos fiscales

Desde los diferentes ministerios de tinte socialista se dio un paso más. El presidente del Gobierno alumbró el camino a seguir y los miembros de su gabinete lo moldearon a su gusto. El titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, elevó unas cuantas notas el tono de su discurso al desgranar las razones que él cree que han motivado a Del Pino en su huida. Apostó que el traslado de Ferrovial se sujeta sobre la “codicia” de su presidente, además de calificar la decisión de “cortoplacista”.

“La codicia a veces es mala consejera”, apuntó Escrivá en una entrevista concedida a TVE este pasado jueves. Sobre esta reflexión, el ministro de Seguridad Social recordó que antes de la crisis muchas empresas “tomaron mucho riesgo por codicia, por tener bonus o beneficios más grandes”, lo cual vinculó al “cortoplacismo”, debido a que estas decisiones condujeron a “resultados negativos”. En este sentido, explicó que apenas hay diferencias sobre cómo tributan en España los dividendos obtenidos en otros países con respecto a cómo lo hacen en otras regiones.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en cambio, sí apuntó a Países Bajos como una suerte de paraíso fiscal. Entiende que se trata de un estado que “tradicionalmente ha tenido un marco fiscal destinado a atraer multinacionales”. No obstante, adujo que con el transcurrir del tiempo “ha ido moderando su posición gracias a la presión de la Unión Europea”.

Sí han traspasado según qué líneas desde el ala morada del Ejecutivo, no así desde la vicepresidencia segunda, ocupada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y gurú de Unidas Podemos en el Gobierno, a pesar de todas las rencillas perennes ante su proyecto -Sumar- aún borroso. Su mensaje fue algo más contenido, reclamando a la empresa que evitara un adelgazamiento de su plantilla en España, argumento que también blandió la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Unidas Podemos ha optado por capitalizar el debate en el Congreso, llevando una proposición de ley a la Carrera de San Jerónimo, que pretende forzar a las empresas que se traslades sus sedes o su producción fuera de las fronteras de España a que devuelvan todas “las ayudas y subvenciones públicas obtenidas en los diez años anteriores” a la decisión.

En defensa del empresario

Entre tanto, en el Partido Popular priman la voluntad de Del Pino en un intento por revertir el debate hacia la extenuada -a su juicio- presión fiscal en España. En la tarde del jueves, el coordinador general de la formación y número tres de la estructura, Elías Bendodo, calificó el traslado como una “mala noticia”, aunque entiende que haya empresas que no aguanten  ni se sometan a la “presión y el maltrato” del Gobierno de coalición. El andaluz apunta directamente a Moncloa, deslizando que en las dependencias presidenciales se les ve como “enemigos”. De hecho, ha destapado la “preocupación” que reside en Génova 13, dado que lo conciben como una “antesala” a la marcha de más compañías.

Bendodo destacó que el Ejecutivo de coalición “ataca e insulta” a las empresas, puntualizando que son los empresarios los que generan riqueza y empleo en el país. “Este Gobierno ha traído inestabilidad e inseguridad jurídica a las empresas”, subrayó el número tres de Feijóo, quien afeaba los intentos de Sánchez por convertir a las compañías españolas en el “villano” de su película, sugiriendo que esa “hostilidad” tiene sus “consecuencias”.

"Un Gobierno tiene la obligación de proteger a sus empresas, de potenciar su trabajo y no solo no potenciar su trabajo a nivel nacional, sino ayudar a que crezcan en el extranjero. Este Gobierno lo que está consiguiendo es que se vayan al extranjero y no es una buena noticia", ha finalizado.

Sobre estos argumentos pivotaron las intervenciones del expresidente José María Aznar y la líder del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Instituto de Estudios Atlánticos. Las dos voces conservadoras se aunaron para reprochar al Gobierno que “no entiende que la empresa y el capital son libres e irán donde sean bien tratados y respetados”. La baronesa madrileña apostilló que la Administración “cada vez que invita lo hace con dinero del empresario”, aplicando el “comunismo puro y duro”. “¿Qué esperan que hagan las empresas? Esperemos que no haya más”, remató la líder de la sucursal conservadora en la región.

Aznar recogió entonces el testigo y cuestionó al Gobierno su estrategia de “tildar a Ferrovial como antipatriotas”. El expresidente del Gobierno entiende que es una posición “absurda”, lo que le ha conducido a ensalzar las políticas de su compañera de debate. “Las políticas basadas en la libertad son fundamentales y Ayuso es indispensable para que el cambio que deseamos en España se produzca”, remachó el ex jefe del Ejecutivo.