El pasado viernes, José Luis Escrivá presentó a sindicatos y empresarios la reforma de las pensiones consensuada por el Gobierno de coalición y aprobada por la Comisión Europea. CCOO y UGT trasladaron que el texto que les había sido compartido por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejaba gran parte de sus demandas. En las antípodas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Cepyme rechazaron de forma tajante un texto que consideran “inconcebible”. Más allá de las primeras reacciones, las tres partes se han emplazado este lunes para retomar las conversaciones tras un fin de semana de estudio y reposo de la norma.
No obstante, la intención del Ejecutivo es que la aprobación de la reforma definitiva no se alargue más allá de semana santa. En esta ocasión, el arduo entramado de las negociaciones, donde muchas normas llevan atrapadas meses, no conseguirá frenar las pretensiones de Escrivá que, tras recibir el visto bueno de Bruselas y el apoyo de los socios de Gobierno, quiere dar carpetazo a la reforma estrella de su cartera. Para ello utilizará la herramienta del Real Decreto-ley en el marco de alguno de los Consejos de Ministros que se celebrarán antes de la llegada de la Semana Santa.
No será el de este martes, ya que, la reforma sigue en debate con los sindicatos y llegará a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el miércoles. Una vez superados estos trámites, la norma podrá estar sobre la mesa del órgano colegiado el próximo 21 de marzo, el 28 o el 4 de abril, aunque esta última fecha resulta muy tardía para el Ejecutivo. La próxima semana, entre martes y jueves, se celebrará el debate parlamentario en torno a la moción de censura planteada por Vox; por lo que todo parece apuntar, si Escrivá quiere cumplir los tiempos deseados, que la reforma aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE) después del Consejo de Ministros del 28 de marzo.
Posiciones de los agentes sociales
Los sindicatos trasladaron la pasada semana su satisfacción con el groso de la norma. Si bien aseguraron que existían algunos aspectos en los que les gustaría ir más allá, citaron concretamente la brecha de género, trasladaron también que, de no producirse variaciones sustanciales, la reforma contaría con su apoyo. “Responde bien a las exigencias de las organizaciones sindicales”, ha señalado Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Queda por afinar alguna cuestión, por ejemplo, queda margen para mejorar las pensiones mínimas o para la inclusión de algún complemento que reduzca la brecha de género”, ha añadido, aunque ha asegurado que “es probable que a lo largo de esta semana cerremos un acuerdo que mejore los ingresos de la seguridad social”.
En la misma línea, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha remarcado que espera que "esta tarde podamos acabar de concluir el acuerdo de pensiones con del Gobierno. Quedan algunas cuestiones con cierta importancia para los trabajadores […] En los temas esenciales estamos de acuerdo”. “Si los contenidos que se plantean en la mesa de hoy van en la línea de lo que se está conociendo, estamos ante un cambio en la orientación de las políticas de pensiones, respecto a las reformas que se hicieron hace una década, de una enorme trascendencia”, señalaba Sordo en consonancia.
“Es poco previsible que haya un acuerdo”, ha lamentado Sordo en una entrevista concedida a TVE. Atendiendo al comunicado conjunto emitido por las organizaciones empresariales el pasado viernes, no parece ir desencaminado el líder sindical. “Mostramos nuestra más frontal oposición”, comienza la comunicación de las patronales, “es regresiva en toda su extensión”. Las líneas más duras aparecen a continuación, al calificar como “inconcebible” que el Gobierno quiera sacar adelante una norma “sin el necesario debate y diálogo” y tras “alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes”.
Las palabras compartidas por las mayores patronales españoles no parecen dejar abierta la puerta a un cambio de postura repentino que finalice con el apoyo de la reforma. El principal escollo que aleja a las empresas del consenso es la apuesta por el mantenimiento del sistema a través de los ingresos, no del recorte de gasto, que se depositará en gran parte sobre los mayores salarios y sus cotizaciones, gran parte asumida por las empresas. “La voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”, trasladan las patronales.
Puntos clave de la reforma
Las dos patas principales de la reforma son la sostenibilidad del sistema de cara a futuro, pensando sobre todo en la generación del baby boom, y el avance hacia un sistema más equitativo que ponga el foco sobre aquellas personas más damnificadas por el modelo actual. El primero de los ámbitos se abordará a través de la subida de las bases máximas de cotización, simultánea a una subida menor de las pensiones máximas; del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla una sobrecotización mensual del 0,6%, que crecerá una décima anual hasta los 1,2 puntos porcentuales en 2029; y de una nueva cuota de solidaridad, que gravará los salarios más altos un 1% en 2025, tasa que aumentará un 0,25% anual hasta alcanzar el 6% en 2045.
En lo referido al aspecto redistributivo, aparece periodo de cómputo de la pensión, que finalmente dará a elegir a los ciudadanos entre el intervalo actual (25 años) o la fórmula Escrivá (29 años descartando los dos peores); la mejor cobertura de las lagunas de cotización, con el foco depositado en las carreras laborales de las mujeres; la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas; y, también en este aspecto, la nueva cuota de solidaridad. Con todo, el Ejecutivo pretende garantizar la supervivencia del sistema frente a la pirámide demográfica, garantizando, a la par, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
