El acuerdo alcanzado por parte de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con los socios de Gobierno y la Comisión Europea ha desembocado en un texto de la segunda parte de la reforma de las pensiones que convence a los sindicatos. La inclusión del poder de elección de cara al periodo de cómputo y la carga de la financiación del sistema sobre los hombros de los salarios más altos ha gustado a CCOO y UGT, cuyas mayores demandas se centraban en el mantenimiento, y mejora, del poder adquisitivo de los pensionistas y la garantía de supervivencia del sistema a través de más ingresos, no de recorte de gasto. Ambas variables se contemplan en la propuesta.
Este viernes se reúnen ambas organizaciones sindicales con el equipo ministerial y han dejado claro que, de ser el contenido del documento el que ha trascendido a través de la prensa, son optimistas. “Si los contenidos que se plantean en la mesa de hoy van en la línea de lo que se está conociendo, estamos ante un cambio en la orientación de las políticas de pensiones, respecto a las reformas que se hicieron hace una década, de una enorme trascendencia”, ha señalado Unai Sordo, secretario general de CCOO, desde Cádiz. “Si el paquete de medidas que plantea el Gobierno va en esa línea, creo que el acuerdo es posible y viable en los próximos días”, ha añadido.
Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado en la misma dirección desde Barcelona. “Las cosas que he podido leer suenan bien, vamos en la buena dirección”, ha traslado. “Se trata, fundamentalmente, de no rebajar el gasto en pensiones, sino aumentar los ingresos, que es lo que reivindicamos al Ministerio desde el principio”, ha añadido el líder sindical, que ha celebrado que Escrivá haya conseguido superar el “proceso en el que el ministro tenía que consensuar la posibilidad de acuerdo con la Comisión Europea y con los grupos parlamentarios que van a dar soporte a la norma”.
No obstante, ambos secretarios generales se han cortado de celebrar por el momento una nueva reforma y ambos han emplazado su posición oficial a conocer el texto que les será entregada hoy y a su posterior análisis. “Esta mañana tenemos la reunión, donde nos entregarán el documento definitivo. El Gobierno sabe cuales son las demandas de las organizaciones empresariales. Cuando tengamos el texto podremos opinar, que la letra pequeña es importante”, ha destacado Álvarez. En la misma tónica, Sordo ha pedido esperar a conocer los detalles de la propuesta de reforma y ha recordado que los sindicatos tienen exigencias que van más allá.
“CCOO tiene su propio paquete reivindicativo, me alegro de que se haya cerrado un acuerdo con los socios de gobierno y otros grupos, que es lo que estábamos exigiendo, pero vamos a ser exigentes respecto medidas como la subida de las pensiones mínimas, un complemento de pensiones para superar los efectos de la brecha de la genero o mejorar las lagunas de cotización, que a lo largo de los últimos años de sus carreras profesionales algunos están sin cotizar. Son tres de las medidas que vamos a plantear intensificar, pero en este momento somos optimistas”, ha apuntado.
Periodo de cálculo de la pensión
La propuesta planteada por Escrivá pretende solventar la principal discrepancia que, desde su anuncio, ha impedido alcanzar un acuerdo: el periodo de cálculo de la jubilación. Escrivá proponía elevarlo hasta los 30 años, pudiendo descartar los dos peores, para ajustarse a la realidad de las carreras irregulares y no lineales presentes en el mercado de trabajo. Los sindicatos rechazaban esta modificación al no proceder del Pacto de Toledo y considerarla “innecesaria”. Finalmente, esto no será así, sino que se ofrecerá a los pensionistas ambas pensiones.
Es decir, calcular su prestación conforme al periodo de los últimos 25 años (fórmula actual) o conforme a un periodo de cálculo en los 29 años (en vez de 30), de los que el trabajador podrá descartar los 24 peores meses y, de esta forma, quedarse con un intervalo que contemple los últimos 27 mejores años de la carrera laboral. Además, será la propia Seguridad Social la que, automáticamente, elija la opción más beneficiosa para el pensionista.
“El problema de España no es el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, no es si son 23, 25 o 27 años; es tomar una serie de medidas paramétricas que piensen en cómo mejorar los ingresos de la Seguridad Social desde hoy hasta el año 2048”, ha señalado Sordo en este sentido. “En España las pensiones públicas son viables y pueden ser suficientes si se toman las medidas adecuadas sobre los ingresos del sistema de Seguridad Social”, ha sentenciado.
Sostenibilidad del sistema
La sostenibilidad del sistema era una variable que también preocupaba a los sindicatos, de igual manera que al resto de actores implicados, sobre todo de cara a la llegada a la jubilación del baby boom. “Cómo va a haber más pensionistas que cobren durante más tiempo y mayor cuantía, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos en los próximos años, no recortar el gasto y que cobren menos”, ha esgrimido el líder de CCOO. Esos ingresos, que los sindicatos reclaman que no procedan del recorte de la cuantía de las pensiones, procederán de un aumento más agresivo de las bases de cotización, motivo por que, probablemente, la patronal no esté de acuerdo.
“Veo difícil el acuerdo con la CEOE y Cepyme, pero si hicieran una lectura distinta de la importancia de las pensiones, no deberían oponerse a este tipo de medidas”, ha lamentado Sordo, que ha querido dejar una reflexión a los empresarios sobre el aumento de las prestaciones. ¿Cuán importante es para un país como España tener garantizada la renta disponible de 15 millones de personas para el consumo, la demanda interna y, por tanto, para las empresas de este país?, se ha preguntado irónicamente.
Para la financiación, el Ejecutivo se decanta por un destope de las bases de cotización más fuerte, que acarreará una subida de las pensiones máximas, pero esta llegará en un tiempo más prolongado. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, como ha señalado Sordo, no coincide con este aspecto, motivo por el que han trasladado su negativa durante todo el proceso de negociación. Las empresas pagarán más por los sueldos muy altos tendrán que cotizar en mayor medida para soportar el sistema.
Esto es determinante, ya que, las bases máximas establecidas el pasado año propiciaban que los trabajadores con sueldos superiores a los 4.500 euros mensuales cotizasen solo por esta cuantía, quedando exenta la parte que lo sobrepasases. Es decir, un alto directivo que cobrase en torno a los 20.000 euros al mes, salario medio que perciben estos cargos, cotizaba solo hasta alcanzar la base máxima (4.495,50 para 2023). Así, los 15.500 euros que sobrepasan el tope quedan fuera de la cotización, situación que ahora quiere revertir Escrivá para que los que más cobran sustenten el sistema público de pensiones.
