La segunda parte de la reforma de las pensiones continúa dando dolor de cabeza a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no consigue aunar los apoyos suficientes para sacar adelante la norma. Los agentes sociales dan la espalada al ministro, que tampoco encuentra gestos afirmativos entre las fuerzas políticas que han posibilitado la aprobación de otras reformas. Mientras, Bruselas se cansa de esperar el cumplimiento de un compromiso que debería haber llegado antes del 1 de enero, hartazón del que parece haberse contagiado Escrivá, que ahora ve en la figura del Real Decreto-ley (RDL) la única posibilidad de avanzar.

El titular de la cartera de Seguridad Social se muestra tranquilo y asegura no estar sufriendo ninguna presión por parte de la Comisión Europea para sacar adelante la reforma. El Ejecutivo europeo prefiere que la norma esté definida correctamente y aborde todos los aspectos necesarios, aunque esto suponga alargar su aprobación en el tiempo, asegura el ministro. El abono del cuarto pago de fondos europeos, que asciende a los 10.000 millones, está sujeto a una serie de hitos y objetivos de obligada superación para su percepción, motivo por el que el ministro podría acabar utilizando el Real Decreto-ley, mecanismo que permite la aprobación de la ley vía Consejo de Ministros, sin necesidad de apoyos parlamentarios.

Sin embargo, el problema retornaría 30 días después, momento en el que el Congreso de los Diputados tendría que debatir el RDL y decidir entre su convalidación o derogación. Así, utilizando la percepción de los fondos europeos, Escrivá podría argumentar el uso de esta figura, eludiendo el proceso parlamentario que, atendiendo al proceso parlamentario, obligaría a superar la fase de ponencias, la Comisión de la materia, los plenos en el Congreso y el Senado, el proceso de enmiendas y la aprobación final. Atendiendo a los ritmos que hasta el momento ha asumido la negociación, parece casi imposible que el trámite habitual sea ya una opción.

Optimismo del ministro

A pesar de que no cuenta con apoyos, el ministro no pierde el optimismo y continúa garantizando que la reforma verá la luz en un tiempo "relativamente inminente", pronóstico fácil de cumplir usando el RDL para su aprobación. Así, dar por finalizado el proceso de una "reforma profunda" que desemboque en unas pensiones "más suficientes y un sistema más equitativo y sostenible". "Habrá una solución en ese sentido que yo creo que va a hacer el sistema más equitativo y va a permitir que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles, que sus últimos años profesionales no tienen que ser los mejores, no se vean perjudicados por el sistema", ha explicado.

Sin embargo, deberá encontrar una solución para el principal escollo de la ley: ampliar el periodo para calcular la cuantía de las pensiones. Desde Unidas Podemos, tanto por parte de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, el miedo a que esta modificación empobrezca o perjudique a los pensionistas futuros, como ocurriese ya con la última ampliación de cómputo (de 15 a 25), mantiene el ‘no’ de los morados.

Los sindicatos tampoco apoyan esta medida, que consideran “innecesaria”. “No es una recomendación del Pacto de Toledo y no consigue el consenso político necesario para ser probada”, han añadido repetidamente CCOO y UGT. Por el contrario, un aspecto que si consideran necesario los sindicatos es rebajar el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación. Actualmente, el umbral se sitúa en los 15 años, periodo que parece excesivo a UGT, que ha propuesto reducirlo a 12, y a CCOO, que ha bajado aún más la cifra, hasta los 10.

El último agente implicado, la patronal, tampoco está del lado de Escrivá, aunque por motivos distintos. El aspecto inasumible de la propuesta para los empresarios es el aumento de las bases de cotización. La medida, cuya intención es financiar el sistema de pensiones ante la llegada de la generación del baby boom, supondría un encarecimiento de los costes empresariales. Esto llevaría aparejado un incremento de las pensiones máximas a futuro, lo que no es suficiente para los empresarios

"No puede recaer todo el peso de mantener el nivel de gastos de pensiones exclusivamente en los que cotizan […] Seamos todos consecuentes y pensemos que esto no se arregla subiendo cotizaciones", apuntaba Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), este martes. Además, aseguraba que “subir los impuestos al empleo” es un perjuicio para el país que podría llegar a suponer la insuficiencia de cotizantes.