Han transcurrido algo más de siete meses desde que el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cuya llegada parecía cada vez más compleja, vio la luz. Y no lo hizo de cualquier manera, sino con el consenso de la patronal, las asociaciones de autónomos, los sindicatos y el visto bueno de las fuerzas políticas. "No va a suponer un aumento de las cotizaciones para la mayoría”, aseguraba la Seguridad Social y defendían grandes representantes de los autónomos, como Lorenzo Amor (ATA). Sin embargo, parece que en el futuro sí supondrá un incremento de las bases de cotización, o así se lo ha transmitido el Gobierno a Bruselas.
La norma tuvo que esperar al 1 de enero para entrar en vigor, pero lo hizo bien recibida y defendida por su mayor flexibilidad y, sobre todo, por el beneficio que supone para aquellos que autónomos con menos ingresos. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conseguía cumplimentar así uno de sus principales objetivos de la legislatura, vital además para la percepción de los fondos europeos. Un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia con el objetivo de equiparar su situación laboral con la de los asalariados. Esta pretensión de igualar a trabajadores de ambos regímenes, unida a las exigencias de la Comisión Europea, supeditando los next generation a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, propiciara que las cuotas comiencen a aumentar en tres años.
Con la llegada de 2026, por la necesidad de incrementar los ingresos de un sistema que, de lo contrario, no podrá soportar el peso de la generación del baby boom, la intención del Ejecutivo es que las cotizaciones de los autónomos aumenten para igualarse a las de los asalariados y aumentar los ingresos de la Seguridad Social. A los tres años, en 2029, una nueva revisión tendría lugar y sería en 2032, tras una última actualización, cuando el Gobierno tiene previsto que el RETA estaría implantado en su totalidad. Con esto, cumple una de las exigencias para el desembolso del tercer tramo de fondos (6.000 millones), que Bruselas aprobó la pasada semana.
La Comisión Europea acepta la justificación de España, que con esta actuación prevé incrementar en torno a un 50% la aportación de los autónomos a la Seguridad Social de aquí a diez años. La estimación contempla un crecimiento económico o una mejora de la productividad en los próximos años, por lo que, de no producirse el cálculo podría reducirse. No obstante, y tomando como buenos estos cálculos, el incremento de recaudación sería de 6.500 millones de euros, que se sumarán a los 12.000 millones que ingresa, aproximadamente, la Seguridad Social en la actualizad por las cuotas.
No obstante, este principio de acuerdo presentado a Bruselas y que los sindicatos han secundado, no cuenta con el apoyo de las asociaciones de autónomos. Además, deberá ser el próximo Ejecutivo el que que apruebe, o no, estas modificaciones. Ha sido precisamente el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien, tras concoer esta información publicada por ElPaís, ha criticado duramente a Escrivá en esta línea. "Me parece patético y poco serio que, habiendo elecciones generales en 2023, el ministro Escrivá le diga a Bruselas que va a recaudar 6.000 millones más cuando no sabemos si en 2026 bajarán o subirán las cuotas y cuánto lo harán", ha arremtido. "El señor Escrivá le hace un flaco favor a su jefe (Pedro Sánchez), estando en plena campaña electoral, vendiendo que a tres millones de votantes les va a subir la cotización un 50%", ha sentenciado.
Cuotas para 2023
El Pacto de Toledo dio su visto bueno a esta reforma para poner fin a la práctica habitualmente desarrollada por la mayoría de autónomos: escoger la base mínima hasta el momento en el que la jubilación se acerca, momento en el que elevar las bases para elevar la prestación. Aumento de la prensión de jubilación que, naturalmente, traería acarreada la subida de bases planteada por el Gobierno de cara a 2032. De esta manera, se conseguiría poner fin también a los beneficios de la contratación de trabajadores bajo la figura de trabajador por cuenta propia (falso autónomo), cuyos costes laborales son mucho más baratos actualmente que los de los trabajadores por cuenta ajena. Otra de las variables que la Seguridad Social ha tenido en cuenta de cara a combatir el déficit anual por las pensiones de los autónomos, que se espera que alcance en 2022 los 5.000 millones de euros.
Las nuevas tarifas para los autónomos establecen 15 tramos de ingresos con cuotas entre los 200 euros y 590 euros al mes a partir de 2025, a las que se llegará de forma progresiva en los próximos dos años. Aquellos autónomos que se coloquen en el primer tramo y que perciben menos de 670 euros, pagarán 230 euros en el 2023, reduciéndose a 225 euros en 2024 y llegarán hasta los 200 euros para el año 2025. Asimismo, el siguiente tramo que comprende cotizaciones entre los entre 670 y los 900 euros, pagarán durante el siguiente ejercicio 260 euros. para pasar a los 250 euros en 2024 y 220 euros en el 2025.
La Reforma establece estas nuevas tarifas con la pretensión de beneficiar, sobre todo, a los autónomos que menos ganan. Aquellos que ganen menos que el salario mínimo ya no tendrán que pagar los 294 euros mensuales que con la legislación actual son obligatorios, mientras que los que más ganan tendrán que contribuir con una mayor cantidad. El tramo más alto elevará su cuota en 90 euros en los próximos años, algo menos que los tres tramos precedentes, que crecerán en el entorno de los 100 euros.
