La primera semana de octubre, con el otoño atmosférico ya entrado, finalizará con un otoño muy distinto. El “otoño caliente” con el que amenazaban los sindicatos los últimos meses dará este viernes el pistoletazo de salida con una manifestación convocada frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Con una patronal que mantiene bloqueada la mesa de negociación para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) desde el mes de mayo y con las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) previstas para los próximos meses, los sindicatos sacan músculo con el objetivo de conseguir un acuerdo provechoso y con la esperanza de retomar las negociaciones con la patronal.

Los dos secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, encabezarán, junto con las secretarias generales de Madrid de ambos sindicatos, Paloma López y Marina Prieto, la manifestación prevista este viernes a las 11:00 de la mañana frente a las puertas de la patronal en la calle Diego de León.

No obstante, parece que la cita no es casual ya que el día coincide con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, fecha reivindicativa convocada por la Confederación Sindical Internacional, que no por casualidad, este año está dedicada a la justicia salarial y que servirá a los sindicatos para revindicar su proclama “salario o conflicto”.

Tanto CCOO como UGT ya se congregaron ante la sede patronal el pasado 6 de julio, con la misma reivindicación que exigen ahora y con la intención de presionar a la patronal para retomar las negociaciones en la mesa de la AENC.

“Salario o conflicto”

La proclama sindical exige un aumento salarial, en línea con las reivindicaciones previas al verano. Ya entonces los representantes de los trabajadores solicitaban a la patronal una revalorización salarial progresiva del 8%. La parte sindical requería un aumento del 3,5% para este año, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024, añadiendo también una cláusula de revisión salarial como ya expusieron en la mesa de negociación de mayo.

No obstante, tras un verano marcado no solo por las altas temperaturas, si no también por la incertidumbre económica que el otoño no ha hecho más acentuar, la situación es otra. Agosto cerró con una inflación del 10,5%, mientras que la subyacente se disparó hasta el 6,4%, por lo tanto, tal y como ya expusieron la semana pasada los secretarios sindicales, las exigencias salariales también han cambiado con respecto a la negociación de mayo.

Ahora, los sindicatos piden negociar una subida salarial que oscile entre el 3,5% y el 4,5%. “Las condiciones de la negociación han cambiado”, aseguró Álvarez la semana pasada, en línea con lo defendido por Sordo que instó a la CEOE a “modificar sus posiciones”.

Contradiciendo el argumento de los empresarios, tanto CCOO como UGT defienden que una subida salarial no generará una inflación de segunda ronda. Los sindicatos afirman que esas mejoras salariales para 2023 y 2024 son perfectamente asumibles por las empresas, ya que contarán con un margen temporal suficiente para absorber el incremento de los salarios en los próximos años.

Sindicatos y Gobierno llegan a un acuerdo mientras la patronal se desentiende

Pese al fin de las negociaciones por parte de la patronal, los sindicatos han encontrado un apoyo fundamental en el Gobierno. A comienzos de la semana CCOO y UGT, con la negativa de CSIF, pactaron con el Ministerio de Hacienda y Función Pública una subida salarial para los empleados públicos de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024.

Con esta hoja de ruta ya formalizada, este es el escenario final de incremento salarial para los trabajadores públicos: el 2% que ya se aplicaba para los salarios de 2022 tendrán un añadido del 1,5%, el cual se aplicará retroactivamente desde el 1 de enero. Para el año que viene, habrá un fijo del 2,5%, al que se le suman dos conceptos variables -primero, el 0,5%, vinculado al IPC acumulado de este curso y el que viene si es mayor al 6%; segundo, de igual cuantía, vinculado a que el PIB supere el 5,9%-. En relación a 2024, el fijo es del 2% y se añadiría un 0,5% si el acumulado de este año y los dos próximos termina con un 8% de inflación. Por lo tanto, la subida salarial beneficiará a más de 2,7 millones de empleados públicos -2.717.570, para ser exactos, de los cuales 513.721 son del sector público estatal, 1.611.697 pertenecen a las comunidades autónomas y los 592.152 restantes son trabajadores de las Entidades Locales.

Superado el acuerdo, el siguiente round a tres partes -Gobierno, sindicatos y patronal- girará en torno a la subida del SMI. La parte sindical confía en que el salario mínimo del próximo año se sitúe en 1.100 euros mensuales, para que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo, ya mermado a causa de la inflación.

A pesar de que la negociación no se ha producido todavía -previsiblemente se emplazrá para diciembre- dos de las partes, sindicatos y Gobierno, ya mantienen un conato de acuerdo. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha repetido en varias ocasiones que el SMI equivaldrá el próximo año al 60% del salario medio español en 2023. Mientras tanto la patronal asegura que se encuentra a la espera de conocer la propuesta del Ejecutivo, sin embargo, ya ha dejado entrever su negativa.

Sindicatos de autónomos alineados con el Ejecutivo

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) espera que cuando se inicie la fase para la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 en las Cortes Generales "se logre alcanzar el consenso con el resto de las formaciones políticas" y ha instado a que pongan a los autónomos "en el centro del debate".

"El trabajo autónomo es el motor de transformación de nuestra sociedad y por eso es necesario que los presupuestos sean una apuesta clara para consolidar la formación para el empleo, la transición ecológica y la digitalización", ha subrayado la presidenta de Uatae, María José Landaburu. Uatae considera que las medidas vinculadas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) anunciadas por el Gobierno suponen una apuesta por la eficacia económica y el refuerzo de los derechos sociales.

A falta de aterrizar todas las medidas que irán encaminadas en reforzar el crecimiento y los derechos del trabajo autónomo, la propuesta supondrá un gran avance social y será clave para poder afrontar el año próximo que seguramente seguirá marcado por el conflicto bélico en Ucrania, según ha destacado la asociación a través de un comunicado.