Antes de empezar a abordar los acontecimientos que se han producido alrededor de los incendios devastadores de las últimas semanas, creo que es importante dejar claro que es imposible afirmar que no tendremos incendios: vivimos en un país con amplias zonas de influencia mediterránea, o con espacios apropiados, donde el fuego es un elemento natural, incluso cultural, y donde el abandono rural junto la emergencia climática han convertido los incendios en un problema cada vez más incontrolable.
Sin duda, una parte importante del inicio de estos se debe a causas relacionadas con la condición humana: descuidos, negligencias o acciones intencionadas. Pero estamos ante una emergencia de primer nivel en la que nos jugamos el patrimonio natural, nuestro pulmón natural, la defensa de las propiedades en nuestros municipios y hasta la propia vida y, por ello, se deben tomar medidas para paliar sus efectos y controlar lo máximo posible sus consecuencias. También hay que vigilar, detener a quien los provoca y fomentar la educación ambiental. Porque se trata de un pilar del Estado del bienestar vital, sin duda el séptimo y así debemos tomarlo.
Es por ello urgente que nos conjuremos y tomemos medidas de prevención; para ello, la gestión forestal y del territorio son imprescindibles. Es necesaria más inversión pública y privada, y más implicación de todos los actores afectados. No podemos obviar que la competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios en nuestro país recae en las comunidades autónomas. Así lo establece el artículo 148 de la Constitución, la Ley de Montes, el Real Decreto-Ley de 2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales y los Estatutos de autonomía. Son las comunidades quienes deben elaborar planes de prevención, mantener los montes en condiciones adecuadas y coordinar sus dispositivos de extinción. El Estado se reserva la legislación básica, coordinación, colaboración con personal profesional: BRIF, UME, FFCCSS, y medios aéreos complementarios, así como la estadística.
Me duele mi tierra
Como agente medioambiental durante más de 30 años en Castilla y León, donde he sido jefe de extinción y partícipe en incendios forestales de diferente magnitud en varias provincias, conozco desde dentro el operativo de extinción de incendios en esta tierra. Por ello, me duele especialmente este desastre. Lo advertimos muchas veces y, por eso, ahora la inmensa mayoría de los profesionales están “más que quemados” ante la irresponsabilidad de quien gobierna, el Sr. Fernández Mañueco y su consejero el Sr. Suárez Quiñones.
Ya sucedió en 2022 en Castilla y León, ante un verano con récord de superficies arrasadas, pero los responsables de la Junta ni asumieron responsabilidades, ni tomaron decisiones, ni cumplieron los acuerdos sindicales, ni se dieron por aludidos ante el drama que supone la pérdida de vidas humanas, las viviendas quemadas, la destrucción de miles de hectáreas de bosque, negocios, actividades, etc.
En otras comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía en su momento o Extremadura en el pasado, sí se tomaron medidas, y ese debe ser el horizonte.
Ahora, como diputado en el Congreso, con una visión más global y como ponente de las leyes básicas de bomberos forestales y de agentes forestales y medioambientales que tramitamos y aprobamos el año pasado, o del Real Decreto-Ley que he mencionado, es importante defender todas las medidas que se han puesto sobre la mesa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La loca deriva política del PP que lo torpedea todo les ha empujado a la irresponsabilidad de no tomar decisiones de mejora para desarrollar las normas en el marco de sus competencias autonómicas, incluso recortan las partidas necesarias para proteger nuestro patrimonio natural. ¿Tan difícil es reglamentar la categoría de Bombero Forestal?
Un Pacto de Estado imprescindible
Durante el seguimiento de los fatídicos incendios forestales producidos y a través de las múltiples conversaciones que he tenido con bomberos forestales, agentes medioambientales y diversos técnicos, he sido testigo de sus lamentos, lágrimas y cabreos, pero también de la necesidad de elevar la voz públicamente para que toda la sociedad sea consciente de que es imprescindible aumentar la inversión en prevención y en extinción de incendios. Por ello, es inaudito hablar de bajadas de impuestos y de todas las soflamas que las derechas airean, que sólo sirven para beneficiar a unos pocos. La fiscalidad verde llama a la puerta del debate.
Los municipios deben tener una franja de defensa sin vegetación en todo su entorno, como elemento cortafuegos. Todas las administraciones se tienen que aliar en una emergencia como esta, pero también la ciudadanía, las empresas, los colectivos sociales. No sirve en verano demostrar preocupación y después con el frío olvidarnos. Es demasiado serio como para no actuar.
El Pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno es un elemento crucial para afrontar la realidad científica que nos alerta de que en los próximos años las temperaturas y olas de calor aumentarán y serán más duraderas, por lo que el riesgo de destrucción por incendios aumentará. Y las danas e inundaciones se volverán a producir, y los fenómenos de invierno con grandes nevadas se repetirán. El PP tiene que dejar ya la política del insulto y pensar lo que nos jugamos como sociedad, lo que la ciudadanía necesita y aceptar formar parte de ese gran acuerdo.
Resulta curioso que la ultraderecha no haya corrido en esta ocasión a hacer vídeos y colgar bulos a las zonas de los incendios forestales, como hicieron en otras emergencias, como la Dana en Valencia. Quizás lo de trabajar en agosto a altas temperaturas y suspender las vacaciones es sólo para otros pringaos. O quizás, para los que hace poco eran responsables en los gobiernos autonómicos de estas materias, lo de dar la cara es complicado ahora.
Sin embargo, tanto los profesionales como la sociedad española en su mayoría han visto cómo donde gobierna el PP, llegan tarde cuando hay que gestionar emergencias, llegan tarde porque están en comidas o de vacaciones, y sólo saben escurrir el bulto, desviando la culpa al Gobierno de España para intentar esconder su desgobierno. Estamos más que quemados con su incompetencia.
José Luis Aceves Galindo
Agente Medioambiental, diputado en el Congreso, portavoz de Función Pública y Secretario general provincial del PSOE Segovia
