La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido una guerra por su cuenta contra el aborto y el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la interrupción voluntaria del embarazo, entrando así en una contradicción que va más allá de una ideología ultraconservadora respecto de este derecho que tanto costó conquistar a las mujeres.

La lideresa de Madrid ya ha negado la petición del responsable de Moncloa de crear un registro de sanitarios objetores de conciencia en este materia después de que Sánchez lo solicitara su elaboración a varias autonomías, entre ellas la capital.

Más allá de la batalla que Ayuso pretende liderar abanderando la postura en contra del aborto y los exabruptos vertidos el pasado jueves en la sesión de control a su equipo, cuando llegó a decir que la creación de esta lista “negra” supone “estigmatizar” a los sanitarios y que las mujeres se “vayan a otro lado a abortar”, la máxima representante del PP en la región entra en una doble contradicción con la que en la práctica había sido su hoja de ruta.

Así las cosas, la teoría va por un lado pero la práctica, al menos en algunos puntos -si se pone el foco en el aspecto puramente económico no hay que obviar que la política ‘popular’ riega con dinero público al lobby antiabortista- y es que Madrid ya votó a favor de la creación de la herramienta que ahora piden desde el Gobierno central. Y no solo esto, sino que esta región, en la que el PP gobierna con mayoría absoluta, también contempla una lista de objetores de conciencia con otro tema que para la derecha siempre ha sido controvertido: la eutanasia.

En lo que respecta a lo primero, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado mes de diciembre un protocolo común para la creación de dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad. Por aquel entonces, la consejera de Sanidad del territorio, Fátima Matute, quien, por otro lado, se comprometía esta misma semana al cumplimiento de la ley, no puso traba alguna.

De ese modo, la objeción podría ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”, por lo que no se trata de un registro público. Tras aquella reunión, el homólogo de Matute en Castilla y León, que ejercía como portavoz de los dirigentes del partido, aseguró que se había alcanzado “un acuerdo” a la espera únicamente de que se revisaran varias sentencias del Tribunal Supremo con el objetivo de que el registro estuviera “en las mejores condiciones”.

Muerte digna

La comunidad que capitanea Ayuso ya dispone de una lista de personal médico objetor de conciencia, en este caso con otro asunto en el que su formación se ha postulado históricamente en contra: la eutanasia.

Tal y como se puede comprobar en la propia página web de la Autonomía y ha recordado en las últimas horas la oposición al PP, Madrid cuenta con una lista similar a la que se pide ahora con el aborto, pero con la eutanasia.

El secretario de Estado de Sanidad de Más Madrid, Javier Padilla, hacía pública la contradicción en la que incurre la presidenta vía X, antiguo Twitter, mientras que Lorena Morales, portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M) de Políticas Sociales, respondía así al PP en la Cámara Baja madrileña: “Las mujeres madrileñas no nos vamos a ir a abortar a ningún otro lado, las únicas que se van a ir son Ayuso y Matute porque les van a mandar a su casa, como ya hicieron con su compañero (Alberto Ruiz) Gallardón y la consejera de Sanidad de Andalucía”.

“Aquí los únicos que están señalando son los anti elección a las puertas de las clínicas cuando acosan a las mujeres y ustedes, en lugar de impedírselo, les están inflando a subvenciones (…) El registro, que ni siquiera es público, está mal y es propio de una dictadura bolivariana; pero que Almeida obligue a las mujeres a recibir una información falsa sobre el aborto que los coacciones les parce perfecto. Son unos hipócritas”.

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