El PP se conjura para usar la financiación autonómica como arma electoral contra Sánchez

Galicia lo confirmó. Desde que Oriol Junqueras y Pedro Sánchez cristalizaran el acuerdo para impulsar la financiación autonómica este pasado jueves, en Génova ponían migas de pan en el camino hacia la que será su estrategia para el carrusel de elecciones de este primer semestre de 2026. En la interparlamentaria que el Partido Popular ha celebrado en tierras gallegas, las baronías y la cúpula se han conjurado para convertir los comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía en una suerte de plebiscito del pacto PSOE-ERC. Una salva unánime contra un modelo que – a su juicio – no hace sino responder a los intereses de Cataluña y de las fuerzas independentistas, pese a que Junts, como ya es costumbre, no se ha subido al tren en su primera estación.

El pacto con los republicanos llega un momento de extrema delicadeza para el PSOE. Los socialistas afrontan el carrusel electoral con múltiples frentes abiertos y con la moral baja tras la concatenación de polémicas – casos de corrupción y escándalos de acoso sexual -. Todo ello mientras su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de dar un nuevo espaldarazo a golpe de geopolítica llevando la voz cantante en Europa contra la agresión imperialista de Donald Trump a Venezuela y las amenazas a Groenlandia. El debate de la financiación autonómica emerge como una nueva trinchera que promete más desgaste en Moncloa y Ferraz. Erosión que asumen, aunque confían en que la propuesta salga adelante y sirva como acicate electoral. No obstante, son conscientes de que para alcanzar ese escenario se necesitan toneladas de pedagogía interna e incluso parlamentaria, pues hay voces en el bloque de la investidura que han exhibido cierto descontento con el acuerdo. Eso sí, se emplazan a conocer la letra pequeña para emitir un juicio en condiciones.

Donde no ha encajado bien la partitura socialista y republicana es, por supuesto, en Génova. El Partido Popular ha trasladado su puesto de mando avanzado a Galicia este fin de semana, donde han celebrado la reunión de la Interparlamentaria que en la mañana de este domingo. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto la guinda del pastel con un alegato que al mismo tiempo servía como aviso a navegantes: ofensiva total contra el acuerdo de financiación. Una estrategia que marcará las próximas semanas o incluso meses, en función de la capacidad de supervivencia de la iniciativa.

La idea es orientar la narrativa hacia la percepción de que Moncloa ha quebrado la “solidaridad territorial” al ceder un mayor margen financiero a Cataluña, aun cuando en el modelo preliminar se premia también a Andalucía y otros feudos que ahora tienen en su poder los conservadores. Según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda, aproximadamente el 70% del total de los fondos adicionales irán a parar a las arcas de las autonomías del PP, pero para los populares el relato subraya que el agravio comparativo con Cataluña será mayor.

Así lo escenificaba este mismo domingo Feijóo, que animaba a sus barones a “pelear” contra la propuesta de financiación, dado que responde al único objetivo de “comprar el poder”. “Que se olviden de que aceptemos chantajes”, advertía el líder del principal partido de la oposición, que anteponía el “proyecto común” por encima de los “chanchullos” que le atribuyen al Ejecutivo. Y es que entre las conclusiones de la Interparlamentaria, el Partido Popular se compromete a rechazar “de forma inequívoca” cualquier tentativa de “ruptura del Estado del independentismo”. Para los conservadores, este acuerdo agrede al “espíritu y letra” de la Constitución del 78 y no permitirán que el “separatismo exija” y los españoles sigan pagando. “Han dilapidado la igualdad entre españoles”, se quejaba el presidente popular, mientras acusaba a Sánchez de utilizar “el dinero de todos” para ganar “más tiempo” en Moncloa.

Nueva estrategia

En consecuencia, la conjura autonómica de Feijóo sienta las bases de una nueva estrategia política renovada para el carrusel de elecciones, cuya siguiente parada será Aragón el próximo 8 de febrero. Los barones y dirigentes del Partido Popular entienden que el pacto de financiación será capital en las campañas electorales que vienen, máxime al interpretarlo como una oportunidad para erosionar al PSOE en los territorios y con vistas a las generales del próximo año – si no hay una sorpresa antes -. En Génova insisten en señalar que la ordinalidad, principio clave en el nuevo modelo de financiación, favorece especialmente a Cataluña, mientras deja incógnitas sobre su aplicación en otras comunidades, lo que alimenta el discurso del agravio comparativo que el PP pretende trasladar al electorado.

Por ello, han comenzar el tiro en los líderes socialistas en cada territorio. Pilar Alegría en Aragón, Carlos Martínez en Castilla y León y María Jesús Montero en Andalucía se han convertido en objetivos estratégicos. Según deslizan desde el entorno conservador, deberán defender ante sus electores un pacto que, a juicio de Génova, compromete los intereses de sus comunidades frente a Cataluña. La estrategia es clara: Moncloa negocia con ERC, y los socialistas territoriales deberán “vender” un modelo que no beneficia equitativamente a todos los territorios.

En Aragón, Jorge Azcón y el PP han desplegado una campaña intensa contra la propuesta de financiación y las explicaciones del PSOE, señalando diferencias entre las cifras que se anuncian y la realidad de los fondos que percibiría la comunidad. Castilla y León y la Comunidad de Madrid han planteado incluso la posibilidad de recurrir a los tribunales si el acuerdo recibe luz verde en el Congreso, aunque de puertas para dentro descafeínan esta idea porque el marco legal dificulta este tipo de acciones.

La batalla por la narrativa

Andalucía y Madrid se sitúan en el centro de la estrategia de Génova. En Andalucía, el PP regional, liderado por Juanma Moreno, evita sumarse de forma explícita a la intención de recurrir el acuerdo y espera estudiar los detalles antes de posicionarse, aunque mantiene una crítica constante lo que describen como un “traje a medida” para el independentismo. En Madrid, el secretario general de la sucursal capitalina desliza que cada habitante recibiría 365 euros frente a los 578 en Cataluña, casi un 40% menos, lo que refuerza el mensaje de desigualdad territorial.

Más allá del rechazo frontal, el PP ha iniciado una ofensiva comunicativa para consolidar el relato de que el Gobierno prioriza a Cataluña y deja en desventaja a sus propias comunidades. Explican que, aunque el 70% de los fondos adicionales beneficiarán a regiones conservadoras, la percepción pública puede inclinarse a favor del argumento de agravio. En este sentido, consideran que Moncloa ha puesto en manos de los populares la mejor munición para la precampaña: resucitar el debate entre Cataluña y el resto de autonomías y dibujar la sumisión del Ejecutivo a los independentistas.

El presidente del PP ha dejado claro que revertirá el modelo en caso de llegar al Gobierno e impulsará un sistema “pactado entre todos” en menos de un año. Mientras tanto, Génova seguirá utilizando cada cifra, cada detalle del pacto y cada comunicado de Moncloa como herramienta para desgastar al PSOE y reforzar su discurso electoral en todas las autonomías donde se juegan las próximas elecciones.