Isabel Díaz Ayuso se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2019. Desde entonces, distintos asuntos relacionados con sus parejas sentimentales han propiciado la aparición de titulares en la prensa, los cuales han despertado polémicas en torno a la gestión del dinero público que hace este Ejecutivo regional y cómo este ha terminado beneficiando directamente a personas que forman, o han formado, parte del círculo más personal y cercano de la líder de este Ejecutivo regional.
Subvenciones, puestos de trabajo en empresas que han disfrutado de importantes contratos públicos o comisiones por compras de productos, como fueron las mascarillas durante la pandemia. Estos han sido algunos de los beneficios que han ido encontrando al menos, que se conozca por el momento, tres de las parejas sentimentales que Isabel Díaz Ayuso ha tenido a lo largo de su vida. Una serie de hechos que han derivado en importantes rendimientos económicos para estas tres personas.
Jairo Alonso, Alberto González Amador y Rafael Hernández Torre han protagonizado noticias que han puesto el foco sobre Isabel Díaz Ayuso y el buen trato, o negocios, que su Ejecutivo ha mantenido con ellos. En todos los casos, el denominador común es el mismo: relaciones sentimentales con la presidenta regional que, en paralelo o con posterioridad, han coincidido con etapas de buena relación vinculada, directa o indirectamente, con la Administración madrileña.
El salto empresarial de Jairo Alonso
La trayectoria de Jairo Alonso dio un giro llamativo tras su ruptura con Isabel Díaz Ayuso. Conocido hasta entonces por su vinculación al mundo de la peluquería, ya que regentaba junto a su hermano el salón Azul de Rizos en el barrio de Chamberí, y por su relación pública con la dirigente del Partido Popular, Alonso pasó en cuestión de meses de ese ámbito profesional al sector tecnológico.
En noviembre de 2021 se incorporó como jefe de Operaciones y responsable de desarrollo de negocio a la consultora tecnológica Asseco, una empresa radicada en Pozuelo de Alarcón que, hasta la llegada de Ayuso al Ejecutivo autonómico en 2019, apenas había mantenido relación contractual con la Comunidad de Madrid. Según los datos de adjudicaciones públicas, antes de ese año la compañía acumulaba contratos menores por poco más de 3.000 euros.
Sin embargo, desde la llegada de la actual presidenta a la Puerta del Sol, la facturación de Asseco con la administración regional se disparó. La empresa pasó a recibir 42 contratos públicos que suman más de medio millón de euros. Entre ellos, destacaron la adquisición de dispositivos informáticos para el Hospital 12 de Octubre y, sobre todo, la adjudicación para gestionar y remodelar la web de Turismo de la Comunidad de Madrid y sus redes sociales, un contrato que roza los 250.000 euros.
Desde la compañía se negó en aquel momento cualquier vinculación entre la contratación de Alonso y la relación sentimental que mantuvo con la presidenta. Argumentaron que su perfil encajaba en la estrategia de expansión empresarial y que no existe conflicto de intereses. No obstante, el crecimiento exponencial de la firma en contratos públicos desde 2019 y la incorporación posterior del exnovio de la presidenta a un puesto directivo alimentaron la polémica política y mediática.
El exmarido y las ayudas Covid
Otro episodio que ha reavivado esta semana el debate es el relativo a Rafael Hernández Torre, quien fuera marido de Ayuso entre 2008 y 2011. El empresario, vinculado al sector del golf y los eventos, figura como administrador de Durbanity Eventos SL, una sociedad que recibió 93.958,90 euros de ayudas directas en el marco de la línea Covid gestionada por la Comunidad de Madrid en 2021.
Estas ayudas estaban financiadas por el Gobierno Central pero eran tramitadas y concedidas por las comunidades autónomas. El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Gobierno madrileño en abril de 2021, cuando Ayuso ejercía como presidenta en funciones tras la convocatoria electoral anticipada.
No existe constancia de ilegalidad en la concesión de estas ayudas. La línea estaba abierta a empresas y autónomos afectados por la pandemia y la sociedad de Hernández Torre cumplía formalmente los requisitos. Sin embargo, el hecho de que el exmarido de la presidenta resultara beneficiario de casi 100.000 euros de fondos públicos gestionados por su propio Ejecutivo ha vuelto a situar el foco sobre el entorno personal de la dirigente popular.
Hernández Torre, procedente de una familia acomodada y con trayectoria empresarial en el ámbito deportivo y de eventos, ha desarrollado su carrera al margen de la política. Tras su divorcio en 2011, fijó su residencia en Cádiz y continuó con sus actividades profesionales. Aun así, la revelación de la ayuda recibida en plena pandemia ha elevado las críticas sobre la acumulación de beneficios públicos en personas que, en algún momento, formaron parte del círculo más íntimo de la presidenta.
Alberto González Amador y las comisiones millonarias
El caso más grave y con mayor recorrido judicial es el de Alberto González Amador, actual pareja de Ayuso. El empresario está acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental por, presuntamente, haber defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública en los ejercicios 2021 y 2022.
El origen de ese fraude se encuentra en las comisiones que cobró durante los meses más duros de la pandemia. A través de su empresa Maxwell Cremona SL, González Amador facturó más de dos millones de euros en 2020. De esa cantidad, 1.973.000 euros, los cuales suponen casi el 85%, procedían de una única operación, la que realizó como intermediario en la venta de mascarillas y guantes por valor de 42 millones de euros.
El pagador de esas comisiones fue FCS Select Products SL, empresa que se convirtió en uno de los mayores proveedores de material sanitario a distintas administraciones públicas durante la crisis del coronavirus. El comprador del material fue Mape Asesores, otra compañía que también contrató con diferentes administraciones, incluida la Comunidad de Madrid.
Según la investigación de la Agencia Tributaria, González Amador habría utilizado facturas falsas y sociedades pantalla para reducir artificialmente la carga fiscal derivada de esos ingresos extraordinarios. El informe, de más de 200 páginas, cuestiona además la naturaleza y necesidad de la intermediación, así como la fecha en que se firmó el contrato de comisión, supuestamente en enero de 2020, semanas antes de que se declarara el estado de alarma en España.
El vínculo con la Comunidad de Madrid no es directo en el sentido contractual, pues las comisiones no proceden de un contrato firmado por el Ejecutivo autonómico con la empresa de González Amador, pero sí lo es de forma indirecta, ya que el material sanitario objeto de la operación terminó en circuitos de suministro que incluyeron a administraciones públicas, y la empresa compradora figura como adjudicataria de contratos con la propia región.
Además, según se ha podido conocer a través de la prensa, González Amador sigue vinculado profesionalmente al grupo Quirón, uno de los gigantes sanitarios con fuerte implantación en Madrid y que posee numerosos contratos públicos. Esa relación profesional, en la que posee el cargo de Director de Proyectos, también ha sido objeto de análisis público, aunque la compañía ha defendido la legalidad y regularidad de los servicios prestados.
