El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre Leire Díez, Santiago Pedraz, ha puesto límites a una de las principales peticiones formuladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aunque el magistrado ha avalado nuevas diligencias de investigación y la recopilación de información tributaria y documental, no ha autorizado en los términos solicitados el acceso amplio a las cuentas bancarias relacionadas con las personas y entidades incluidas en el procedimiento, entre ellas las del PSOE.
La resolución recoge los argumentos de la Fiscalía, que considera necesario preservar el principio de proporcionalidad cuando se trata de medidas que afectan al derecho a la intimidad y al secreto bancario. Por ello, el juez rechaza que se produzca una investigación bancaria generalizada y exige una mayor concreción antes de permitir el acceso al contenido íntegro de determinadas cuentas.
En concreto, el auto del juez Pedraz requiere a la UCO que identifique qué cuentas estarían directamente vinculadas a los hechos investigados y que justifique la relación de cada una de ellas con los presuntos pagos objeto de las pesquisas. La resolución señala expresamente que deberán concretarse las cuentas en las que habría recibido pagos Leire Díez, así como las cuentas desde las que habrían salido esos fondos, antes de adoptar nuevas medidas de investigación.
De este modo, el magistrado no da luz verde a una revisión indiscriminada de las cuentas atribuidas al PSOE ni de todas las personas y sociedades mencionadas en el oficio policial. La investigación bancaria queda limitada, por el momento, a aquellas cuentas que la UCO logre vincular de manera específica con los hechos que se investigan, una exigencia que la Fiscalía ya había planteado en su informe.
Sí prosperan, en cambio, otras diligencias reclamadas por los investigadores, entre ellas la obtención de información tributaria a través de la Agencia Tributaria y la recopilación de contratos, facturas y justificantes de pago relacionados con determinadas empresas. Sin embargo, la decisión judicial supone un revés parcial para la estrategia inicial de la UCO al impedir, por ahora, el acceso generalizado a la información bancaria que había solicitado.
Documentación de empresas y Hacienda
A diferencia de lo ocurrido con la petición de acceso amplio a cuentas bancarias, el juez sí avala otras dos líneas de investigación planteadas por la UCO. Por un lado, autoriza requerimientos dirigidos a varias sociedades del denominado Grupo IKI para que aporten toda la documentación relativa a los trabajos realizados para el PSOE, el PSC y Crónica Libre durante los años 2024 y 2025. La medida incluye la entrega de contratos, facturas, justificantes de pago y cualquier otra documentación que permita reconstruir la naturaleza de esas relaciones comerciales y verificar los servicios efectivamente prestados.
Asimismo, el magistrado acuerda recabar información patrimonial y tributaria a través de la Agencia Tributaria sobre diversas personas físicas y jurídicas incluidas en la investigación, entre ellas el propio PSOE. Según la resolución, el requerimiento a la AEAT afecta al PSOE y a varias personas y sociedades que aparecen mencionadas en los informes de la UCO por su supuesta relación con los pagos investigados a Leire Díez Castro. Entre las personas físicas figuran Gaspar Carlos Zarrias Arévalo, Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova, mientras que entre las personas jurídicas aparecen Zaño Sociedad Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver & Partners, Crónica Libre y las distintas mercantiles integradas en el Grupo IKI. El objetivo es determinar la existencia de relaciones económicas, pagos cruzados o facturación entre todos ellos durante los ejercicios 2024 y 2025.
Este requerimiento abarca datos relativos a cuentas bancarias declaradas, operaciones económicas, facturación emitida y recibida, relaciones societarias y otra información fiscal correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. El objetivo es contrastar la información recogida por los investigadores y seguir el rastro documental de los movimientos económicos que aparecen reflejados en los informes incorporados a la causa.
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