Las medidas que adopta la Comunidad de Madrid en materia de natalidad o crianza no están exentas de polémica. Sobre todo, la oposición lamenta la doble vara de medir de la administración autonómica si se compara la actuación de la misma con los embriones no nacidos y los menores de acogida, gestiones que han ocupado medios de comunicación en la última semana, aunque la controversia no es nueva.

Respecto de los primeros, la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, publicaba en su cuenta de X, antiguo Twitter, unas palabras para poner en valor que su Ejecutivo había aprobado el Proyecto de Ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar.

“Cada vida cuenta desde su concepción. También para las familias que la esperan (…) El bebé en camino será uno más desde el primer día para deducciones fiscales; ayuda en la vivienda; en el transporte; en las becas al estudio y comedor…”, señalaba. “Además, las familias que se conviertan en numerosas lo harán desde la semana 14 de gestación. Por otro lado, más de 30.000 madres ya han recibido la ayuda directa -junto a otras tantas medidas- de nuestro Plan de maternidad”, añadía, para defender que su equipo apoya “a las familias en esta región viva y alegre”.

Más allá de que desde el momento mismo en que el gobierno de la Comunidad de Madrid anunciarla la ley, el año pasado, ya generó críticas, éstas van en aumento si se compara esta decisión con otras adoptadas por la administración Sol en cuestiones que guardan relación.

Un ejemplo de esto es la reducción que la Comunidad de Madrid ha hecho para terapias de menores en acogida. Según publicaba la Cadena Ser, el Ejecutivo de Ayuso ha disminuido en 200.000 euros una línea de ayuda destinada a financiar gastos extraordinarios de menores en acogimiento familiar. Se corresponde con un recorte que afecta sobre todo a cuestiones como atención médica, psicológica o logopedia y para el que las familias tendrán ahora que redoblar esfuerzos.

En 2023, el crédito para esta subvención ascendía a 300.000 euros, por lo que tampoco era demasiado espléndida, pero ahora es si cabe menor, lo que provoca que las madres y padres se vean obligados a asumir el coste de su bolsillo.

“Tiene todo que ver”, establece Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), uniendo la diferencia de trato en las dos cuestiones en declaraciones a ElPlural.com. “Dice que todas las vidas cuentan, pero parece que las de estos niños y las de las familias que les abren las puertas con mucho amor, no”.

Otros recortes

La diputada socialista cuenta a este periódico otros recortes que ha llevado a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid en detrimento de este sector de la población, como la eliminación de programas que fomentan el acogimiento. En febrero de 2025 acabó, por ejemplo, un contrato para la promoción del acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y ya no se ha vuelto a licitar.

Las cifras, asegura Morales, “son las más bajas desde hace años” en materia de ayuda para el acogimiento. “Las asociaciones reclamaron mucho ésta última para apoyar a las familias que se animan con niños con necesidades especiales (…) La Comunidad reconocía que tendrían que aumentar el presupuesto, pero lo recorta. También reconocían que la ejecución había sido muy exitosa”, expresa, sosteniendo que “no tiene ningún sentido este rejonazo”.

“Para la Autonomía esta cantidad es miseria porque cuenta con un presupuesto mil millonario. Al gobierno de Ayuso le importa el bolsillo, pero en este caso ni siquiera con esa mirada tendría lógica”, define, esgrimiendo los siguientes datos: “Que un menor esté en un centro supone unos 300.000 euros al mes, mientras que para una familia las ayudas están entre 3.000 y 5.000 euros al año”.

La diputada del PSOE esgrime como plausible que la situación obedezca a intereses privados, pero desde luego que la forma de actuar de Madrid no mira por el bien de los niños. “Les dan igual”, reprocha, sumando a que el sistema está “viciado” porque la propuesta de acogimiento sale de los propios centros.

Morales aprovecha asimismo la visita del Papa para lanzar el siguiente mensaje a la presidenta: “La familia acogedora y adoptiva es un modelo que la Iglesia siempre ha defendido, pero ella no fomenta, todo lo contrario”. “Conseguir la idoneidad es una carrera de obstáculos, y una vez que lo consigues te enfrentas a la soledad más absoluta”, asevera.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales indican que el objetivo de esas normas reguladoras es establecer unos requisitos equitativos para todas las familias y que no se derive a los menores a tratamientos médicos privados sin la coordinación y supervisión de la Comunidad que es quien ejerce la tutela sobre ellos.

Asimismo, sobre el presupuesto recortado en 100.000 euros, el gobierno madrileño confirmaba a la Cadena Ser que podrá ser ampliable en función de las solicitudes que se presenten.

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